Villarejo vuelve a pedir al juez su excarcelación por no haber riesgo de fuga, ya que está "convencido de su inocencia"

El abogado Ernesto López Díaz-Bastien, que ejerce la defensa al comisario jubilado José Manuel Villajero -investigado en la Audiencia Nacional por cohecho y revelación de secretos, entre otros delitos- ha presentado un escrito ante el juez central de refuerzo número 6, Diego de Egea, en el que vuelve a pedir su puesta en libertad cuando se cumplen 9 meses desde que se acordó su ingreso en prisión provisional.

Asegura que no existen razones para mantenerle en prisión, ya que no va a huir porque está "convencido de su inocencia" y añade que sus actividades mercantiles -por las que se le investiga en diferentes piezas del sumario- estaban "autorizadas materialmente por sus superiores" en la Policía. En anteriores ocasiones, la excarcelación ha sido rechazada tanto por el instructor como por la Sala de lo Penal.

La defensa del excomisario recuerda en un nuevo escrito de 6 páginas que entregó este martes en el Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, que "ya no concurren con la misma intensidad los supuestos indicios de criminalidad y otros requisitos que justificaron en su día la prisión provisional incondicional".

Alega que no concurren ninguno de los requisitos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige para mantener la prisión provisional, ya que no hay riesgo de reiterar delitos "que jamás se cometieron", ni de fuga al haberse "diluido" los indicios de criminalidad, a lo que se suma que tras nueve meses de investigación lo que se ha podido constatar es precisamente lo contrario de lo que pretendía Anticorrupción según esta parte, que no existen indicios de criminalidad de los delitos de cohecho y revelación de secretos.

Precisamente, mañana jueves, Villarejo será trasladado desde la prisión de Estremera hasta la Audiencia Nacional para volver a declarar ante De Egea junto con su abogado también en prisión preventiva Rafael Redondo por la pieza de esta causa 'Pintor', abierta el viernes pasado y que dio lugar ayer a las detenciones del empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, su hermano y su abogado.

Actividades autorizadas por sus superiores

En su escrito, la defensa del excomisario insiste en que las actividades mercantiles de su cliente a través de la sociedad CENYT "estaban autorizadas materialmente por sus superiores", como lo acreditan tres declaraciones escritas del subdirector general adjunto operativo entre 1986 y 1994 Agustín Linares; el subdirector general operativo entre 1996 y 2004 Pedro Díaz Pintado y el director general adjunto desde 2012 a 2016 Eugenio Pino, los únicos tres máximos mandos de la Policía "que todavía siguen vivos" y bajo cuyo mando sirvió Villarejo.

Las tres declaraciones ya fueron aportadas al juzgado en enero y la defensa solicita que se cite a los mandos para que lo ratifiquen pero con su presencia en el interrogatorio. La defensa de Villarejo reprocha a Anticorrupción que impute a su cliente también un delito de criminalidad organizada ya que para el Ministerio Público "parece no existir el instituto jurídico de la codelincuencia" y además en este caso no puede hablarse en ningún caso de unos hechos en los que se defina una jerarquía o funciones previamente establecidas para cometer delitos.

Carol

En cuanto a la pieza 'Carol', que se abrió el 20 de julio y está referida a un encargo que le habría hecho la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein -amiga personal del rey Juan Carlos I- al comisario Villarejo para ayudar a un diputado británico del Partido Conservador, la defensa se queja de que no se les informara de su apertura y niega haber filtrado grabaciones relacionadas a la prensa.

"No alcanzamos a comprender qué delito podría haber cometido en todo lo que se dice en las grabaciones" -añade el escrito-. No hay ningún indicio de criminalidad contra él. Recuerda también que sobre otras piezas se ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a los clientes que contrataban sus servicios.

Villarejo lleva más de nueve meses en prisión provisional por el del 'caso Tándem', que estalló a principios de noviembre pasado al destaparse una presunta trama de corrupción en la que habrían participado varios policías y en la que el comisario está investigado por blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal.