Víctimas del GALGurmindo y Perurena, las víctimas del GAL que la Audiencia Nacional prohibió recordar

“Bueno, ama (mamá). Ya ves qué trabajo damos los hijos”. Era el 23 de mayo de 1981 y Ángel Gurmindo, un abertzale que había tenido que huir de la agonizante dictadura franquista en 1975, relataba los agitados días que se vivían al otro de la frontera. Allí había sido reconocido como refugiado por las autoridades francesas, tal como ocurrió con otros tantos jóvenes que en la primera parte de los setenta se vieron obligados a cruzar al “otro lado” para escapar de la dictadura. Muchos de ellos pertenecían o habían estado en algún momento vinculados a ETA.

Entre aquella carta escrita a mano y su último instante de vida hubo tiempo para varias visitas de su madre y sus dos hermanas. “Íbamos a verle a menudo”, recuerda a Público Pepa Gurmindo, su hermana mayor. Ella nació en mayo de 1949. Él llegó al mundo en diciembre de 1950, y se fue en febrero de 1984. Concretamente un 8 de febrero a las ocho menos cinco de la tarde. Era invierno y el sol hacía rato que había caído. Era, literalmente, el final.

“Estábamos viendo la televisión, y de repente salió la noticia”, reconstruye Pepa. “La noticia” era que su hermano Ángel y otro refugiado vasco que también era señalado por su presunta pertenencia a ETA, Bixente Perurena, acababan de ser acribillados a balazos en la localidad vascofrancesa de Hendaya por dos desconocidos que se desplazaban en un Seat de color amarillo con matrícula española. El atentado llevaba la marca del Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL), la banda parapolicial que había iniciado su particular “lucha contra ETA” unos meses antes y que para entonces ya acumulaba otros cuatro asesinatos.

Aquella misma mañana, Perurena –hermano de Domingo, un famoso ciclista guipuzcoano- se había presentado en la comisaría de Hendaya para denunciar que le estaban siguiendo. A pesar de los graves antecedentes de atentados contra ciudadanos vascos en el sur de Francia, la Policía no adoptó ninguna medida de precaución. Se cree que fue precisamente por eso que Perurena pidió a Gurmindo que ese día no le dejase solo. Y así, juntos, los encontró el comando del GAL que a las ocho menos cinco los ejecutó a sangre fría en la calle Aizpurdi de Hendaya.

“Ganamos 2 a 1”, reivindicó poco rato después una voz anónima que llamó al diario abertzale Egin. Se refería al crimen cometido 72 horas antes por ETA, que había asesinado en Getxo (Bizkaia) al ingeniero industrial Miguel Francisco Solaun Angulo. En otras palabras, era la “acción-reacción” que el GAL buscaba instalar en la opinión pública.

Tuvieron que pasar 18 años exactos para que hubiese un atisbo de justicia. El 14 de febrero de 2002, el juez Baltasar Garzón procesó a los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo –quienes entonces ya cumplían condena por el caso Lasa y Zabala- como autores del asesinato de Gurmindo y Perurena. También les atribuyó el crimen del ciudadano francés Christian Olaskoaga, perpetrado en noviembre de 1984 en Biriatou. Estos casos formaron parte de la “Causa Oñederra”, el último gran sumario contra el GAL en los tribunales españoles.

Sin embargo, casi un año después, en enero de 2003, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional revocó los procesamientos de los dos guardias civiles, tal como reclamaban la defensa y la fiscalía. Para ello, alegó que no había pruebas suficientes que incriminasen a ambos miembros del GAL en esos crímenes. “El caso se archivó, ellos quedaron libres de cargos y no pasó nada más”, dice Pepa Gurmindo. “En otras palabras –añade-, no hubo justicia”.

Acto prohibido

Aquella no fue la última vez que los nombres de Ángel Gurmindo y Bixente Perurena aparecieron en los tribunales madrileños. En febrero de 2009, el juez Ismael Moreno prohibió el tradicional homenaje que se tributaba cada año en la sierra de Urbasa (Navarra), el lugar donde en 1984 habían sido esparcidas las cenizas de Gurmindo. El magistrado prestó atención a lo marcado en un informe solicitado a la Guardia Civil, que sugería ilegalizar ese acto.

En el documento remitido al juzgado, la Benemérita señalaba que ese tributo a ambas víctimas del GAL constituiría un delito de “enaltecimiento del terrorismo”, lo que podía implicar penas de cárcel para quienes se atreviesen a organizarlo. “Durante muchos años solíamos subir a la sierra y hacíamos una concentración. Como hubo varios problemas, mi madre decidió no hacer más homenajes”, comentó a este periódico la hermana de Gurmindo.

A la hora de prohibir estos actos, la Audiencia Nacional no tuvo en cuenta un detalle relevante: tanto Gurmindo como Perurena figuran en el listado oficial de víctimas del terrorismo que maneja el ministerio de Interior. En ese documento se especifica además que en ambos casos se aprobó la concesión de indemnizaciones a sus respectivas familias, siguiendo lo estipulado en las leyes 32/1999 y 29/2011 sobre el reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo.

Sus nombres y apellidos también figuran en el informe del Gobierno Vasco sobre la “situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014”. En el caso de Gurmindo, el Gobierno de Navarra lo incluyó en el homenaje a las víctimas de violencia política que realizó en febrero de 2017, lo que provocó críticas a la presidenta Uxue Barkos por parte de UPN y PP. Para sus representantes, la víctima del GAL no merecía ser incluida en ese acto.