Las Fuerzas Armadas de Marruecos disponen de explosivos fabricados en España. Según consta en distintos informes oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio, desde 2016 ha habido exportaciones de granadas de mortero y munición de artillería o cordón detonante, además de piezas para aviones y tanques. Lo facturado por la industria armamentística –previa autorización del Gobierno de turno– triplica lo concedido en ese mismo periodo en concepto de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis.

El negocio armamentístico se encamina a sumar otros cuantos ceros. En enero de este año, la sociedad pública Navantia logró cerrar un acuerdo millonario con la Marina Real marroquí para la construcción de un buque de guerra. Según publicaron distintos medios, su coste rondará los 150 millones de euros. "Navantia ya suministró patrulleros y una corbeta a la Marina Real de Marruecos en los años ochenta y este contrato retoma esa senda", celebró entonces el astillero.  

Actualmente, una plataforma integrada por grupos prosaharauis y colectivos en defensa de los derechos humanos reclaman al Gobierno que paralice la operación, alertando que "existen indicios racionales de que el material de defensa puede ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o seguridad regional, exacerbar conflictos o tensiones latentes, ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, o ser utilizados con fines de represión interna, o en situaciones de violaciones de los derechos humanos y en otros supuestos".

Ninguno de esos supuestos impidió que España vendiese durante los últimos años a Marruecos distintos materiales de Defensa por un importe total de 87.169.346 euros. Así se recoge en los distintos informes anuales de la Secretaría de Estado de Comercio sobre las exportaciones de armamento, donde se detalla además que todas las ventas fueron realizadas a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En 2016, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, se concretaron operaciones por un valor de 30,3 millones de euros en "partes, piezas y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española, granadas de mortero, cartuchos impulsores y botes fumígenos de colores". Al año siguiente se exportaron granadas de mortero completas e iluminantes, munición antiaérea y una línea completa y utillaje para la reparación de cadenas de tanques", lo que derivó en una facturación de 16,7 millones de euros.

Tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se han mantenido las operaciones de este tipo. En 2018 se registraron exportaciones por un total de 10,8 millones de euros "en granadas de mortero, munición de artillería y antiaérea, recambios y consumibles para la reparación de cadenas de tanques, cordón detonante, bloques explosivos plásticos, partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricación española, aviones no tripulados y
tubos intensificadores de imagen de equipos de visión nocturna".

El comercio armamentístico con Marruecos creció en 2019: ese año se registraron ventas por un total de 23,2 millones de euros en concepto de "munición de artillería, granadas de fusil con sus municiones, recambios y consumibles para la reparación de cadenas". A falta de conocer el informe con los datos completos de 2020, el informe publicado por Comercio sobre el primer semestre indica que en ese periodo hubo exportaciones de armamento que alcanzaron los 6.199.084 euros. 

28 millones en ayuda humanitaria

En ese mismo periodo (2016-2020), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) destinó 28.223.216 euros a los campamentos saharauis. Así lo indicó el ministerio de Asuntos Exteriores en una documento enviado el pasado 12 de abril al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien había requerido información sobre "cuáles son las ayudas destinadas en Cooperación Internacional por el Gobierno de España al Sahara Occidental en los últimos cinco años".

En su respuesta, Exteriores indica que la AECID "no realiza ninguna actividad en el Sahara occidental, sino en los campamentos de población refugiada saharaui" en el sur de Argelia. "Dada la situación de la población refugiada en los campamentos saharauis, el grueso de la cooperación es ayuda humanitaria, canalizada a través de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID", señalaba el ministerio que dirige Arancha González Laya.

El documento remitido a Iñarritu recoge "sin ánimo de exhaustividad" los distintos proyectos de carácter humanitario financiados por el Gobierno español desde 2016, entre los que figuran acciones tales como la "ayuda alimentaria y gestión humanitaria para mejorar las condiciones de vida en los campamentos de refugiados saharauis" o la "contribución para la financiación de actividades de asistencia humanitaria y protección internacional de los refugiados saharauis en Tinduf".