Este artículo se publicó hace 6 años.
València no tendrá más circos con animales a partir de febrero
Compromís, PSPV y Podemos han aprobado una ley autonómica que veta los espectáculos circenses con animales.
Madrid-
El País Valencià no tendrá más circos con animales a partir de febrero. Así lo han acordado los tres partidos de la izquierda, PSPV, Compromís y Podemos, que han aprovechado la votación de una enmienda a la ley de Acompañamiento de los Presupuestos para vetar este tipo de espectáculos.
La nueva norma se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el próximo 2 de enero de 2019 y se espera que comience a tener efectos legales en el mes de febrero. Asimismo, la medida no ha entrado en vigor de manera inmediata porque se quiere dar un tiempo de transición que garantice que los animales puedan ser reubicados de la mejor forma.
La prohibición de los espectáculos circenses con animales ya existía en la ciudad de Valencia, lo que provocaba que muchos circos desplazaran sus funciones a municipios cercanos, donde esta restricción no estaba presente.
La medida, rechazada por PP y Ciudadanos, ha sido impulsada por la diputada de Compromís Cristina Rodríguez, que consiguió sumar los apoyos de Podemos y el grupo socialista. Además, este cambio de la ley de protección animal de 1994 fue respaldado por la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente de Elena Cebrián.
El texto de la ley indica que se prohíbe "la instalación y actuación de circos con animales en la Comunidad Valenciana", pero también veta las típicas atracciones feriales "con animales atados". Es decir, dejarán de estar permitidas los tradicionales paseos en ponis, burros o caballos que se practican en las ferias ambulantes.
Los primeros parlamentos autonómicos en aprobar leyes restrictivas con este tipo de explotación animal en sus territorios fueron los de Catalunya, en 2015, y los de Galicia, Murcia y Balears el año pasado. Suman 12,2 millones de habitantes, a los que próximamente se sumarán los 1,3 de Aragón. Otros, como las Corts valencianas (4,9 millones), tienen una norma similar en tramitación.
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