UP buscará remendar el bloque de la investidura en las negociaciones de las leyes 'solo sí es sí' y de vivienda

El bloque de la investidura, que también lo fue de Presupuestos, no logró convertirse este jueves en el bloque de la reforma laboral. La fractura entre el Gobierno de coalición y las formaciones soberanistas (ERC, PNV y EH Bildu) en la votación del decreto casi aboca al fracaso a la norma, y, aunque las distintas partes se achacan mutuamente lo sucedido, en el día después el objetivo de todos parece compartido: remendar la alianza y continuar con la legislatura.

En este contexto, las normas que traerán al Congreso los ministerios dirigidos por Unidas Podemos en las próximas semanas son, a la vez, una prueba de fuego y una evaluación de la salud de la alianza, y también una oportunidad para recomponer la unidad de voto que ha logrado sostener la acción política del Gobierno en el Parlamento desde 2020.

Para los partidos soberanistas, el susto vivido con la reforma laboral demuestra que si el Ejecutivo no cuida el bloque de la investidura la legislatura podría estar en peligro (por la incapacidad de sacar adelante las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros).

Para Unidas Podemos, la lección del pasado jueves fue dirigida al PSOE y a los partidos del bloque que votaron no al decreto. Los socialistas han comprobado que la geometría variable es una aventura parlamentaria que está lejos de ofrecer garantías, y que los números no dan para sostener sus políticas en una mayoría alternativa a la que ofrecen los socios habituales.

Por su parte, consideran en el espacio confederal, ERC y EH Bildu pudieron comprobar qué pasa si dejan caer normas progresistas que rechazan la derecha y la extrema derecha. Más allá de reproches cruzados, la legislatura continúa, y la primeras leyes que el Gobierno va a llevar al Congreso serán la prueba del algodón sobre las lecciones aprendidas.

En este caso la ley de vivienda es quizá la norma que mejor sirva para tratar de recomponer el bloque, y desde Unidas Podemos trasladan que van a trabajar al máximo para sacarla adelante con los socios habituales (tampoco parece haber una mayoría alternativa, dado que Ciudadanos, partido que ha servido de primer y fundamental engranaje en la vía de la geometría variable, ya ha avanzado que es contrario al proyecto de ley).

Unidad de acción entre UP y la izquierda soberanista

El desarrollo de esta normativa es fruto de la alianza estratégica y de la unidad de acción entre el espacio confederal y la izquierda soberanista. Cuando UP y el PSOE negociaban su contenido en el seno del Gobierno, los de Yolanda Díaz se apoyaron en partidos como ERC y EH Bildu, así como en las organizaciones por el derecho a la vivienda y los sindicatos, para incluir la limitación de los alquileres.

De hecho, llegaron a apoyar iniciativas que se registraron en el Congreso y que incluían esta medida, que se contraponía a los incentivos fiscales a los propietarios defendidos por el Ministerio de Transportes. Más allá de que la regulación de los alquileres es una reivindicación de numerosos colectivos y organizaciones (recogida y compartida tanto por UP como por ERC y EH Bildu), en este caso la alianza se desarrolló al calor de la ley catalana de vivienda.

Esta norma, que incluye la regulación de los alquileres, estaba parada por el Tribunal Constitucional, que entiende que invade competencias del Estado precisamente por recoger la limitación de los precios abusivos. La solución pasaba por la aprobación de una ley estatal que amparase el desarrollo de la norma autonómica para que se pudieran seguir desplegando sus efectos.

Durante la negociación con el PSOE, Unidas Podemos y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pusieron como ejemplo la ley de Catalunya y defendieron su aplicación frente al modelo de los incentivos fiscales, que, a su juicio, no había servido para bajar los alquileres en aquellos territorios en los que se había aplicado.

La ley del 'solo sí es sí', que reforma el Código Penal para que el consentimiento expreso sea clave a la hora de juzgar delitos sexuales, ya se está tramitando en la Cámara Baja. En concreto, se encuentra en trámite de ponencia en la Comisión de Igualdad, donde los distintos grupos buscan introducir sus enmiendas.

El asunto del consentimiento es compartido por toda la izquierda parlamentaria, sin embargo, la norma ha reactivado el debate sobre la abolición de la prostitución, una materia en la que existen diferentes posiciones entre Unidas Podemos y partidos como ERC, EH Bildu o las CUP. También la tramitación de esta norma servirá como una prueba para medir la capacidad de todas las partes de recomponer un bloque que ha sostenido la legislatura hasta el día de hoy.