La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a declarar como investigado el miércoles 29 de julio por un presunto delito de desobediencia al no retirar una pancarta de los presos del 1-O de la fachada de la Generalitat.

En una provisión firmada este jueves, el magistrado acuerda citarle a las 10.00 horas después de que "no se ha obtenido ninguna respuesta" de la Oficina del presidente para fijar una fecha.

El juez también acuerda aceptar como acusación popular a la asociación Impulso Ciudadano, que presentó el recurso contencioso contra Torra, después de que hayan consignado la fianza de 1.000 euros.

La causa parte de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, que en noviembre vio posible "relevancia penal" en el incumplimiento del plazo para retirar la pancarta con el lazo amarilla de la fachada del Palau de la Generalitat.

El tribunal acordó la medida cautelar de retirar la pancarta a raíz de un recurso interpuesto por la entidad Impulso Ciudadano, y dio a Torra 48 horas desde que fue requerido personalmente el 23 de septiembre de 2019, pero el presidente no quitó la pancarta hasta que, expirado el plazo, se ordenó que lo hicieran los Mossos d'Esquadra.

A las 15.35 horas de ese día dos operarios retiraron la pancarta con el lazo y sobre las 18.00 horas la Generalitat colgó otra con el lema Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Segunda causa

Se trata de la segunda causa de Torra por presunta desobediencia: ya fue juzgado y condenado por mantener la misma pancarta sobre la libertad de los presos en periodo electoral de las elecciones generales del 28 de abril, por lo que el TSJC le condenó a 18 meses de inhabilitación.

En esta segunda causa se investiga la presunta desobediencia al mantener la pancarta durante los días anteriores a las elecciones generales del 10 de noviembre, y por la que Impulso Ciudadano presentó un recurso contencioso contra la Conselleria de Presidencia de la Generalitat alegando la vulneración del deber de objetividad que prevé la Constitución.