Nunca en la historia se ha dado un retraso tan grande a la hora de decidir sobre la constitucionalidad o no de una norma. Esta semana el Tribunal Constitucional pondrá punto y final a esta anomalía. El pleno del Alto Tribunal, que se reúne a partir de este martes, refrendará como acorde a derecho el texto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Lo hará cuando están a punto de cumplirse 13 años desde que en junio de 2010, más de 50 diputados del Partido Popular presentaran un recurso en contra la norma aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. 

El pasado 9 de febrero, el pleno descartó por una mayoría de siete a cuatro el texto presentado por el ponente Enrique Arnaldo, un magistrado del ala conservadora cuya elección levantó ampollas y duras discusiones políticas por su relación con el Partido Popular y por sus declaraciones en diversos medios de comunicación, contrarias especialmente a la ley del aborto. 

La propuesta de sentencia de Arnaldo el pasado mes de febrero, avalaba el sistema de plazos contenido en la ley, pero proponía endurecer la obligación de información previa a las mujeres que desearan abortar. Hasta que entró en vigor la reforma del Gobierno sobre esta ley, el pasado 16 de febrero, las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo debían solicitar un sobre informativo previo y esperar tres días antes de poder abortar. La reforma del Gobierno de coalición eliminó estos requisitos, pero Arnaldo y el ala conservadora del Tribunal Constitucional, querían endurecer dicho trámite con una comunicación verbal obligatoria a las mujeres antes de que pudieran someterse al procedimiento.

Tras la derrota del sector conservador este pasado febrero, Arnaldo decidió renunciar a redactar la propuesta de la mayoría, que entonces recayó en la magistrada del ala progresista, Inmaculada Montalbán. 

A falta de conocer el texto final, el tribunal de garantías pondrá la libre determinación de las mujeres en el centro a la hora de decidir sobre la interrupción del embarazo y de eliminar cualquier tipo de interferencias en su decisión, tal como exigen los tratados internacionales firmados por España en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Esta decisión iría en armonía con la reciente reforma de la ley del aborto acometida por el Gobierno, que elimina no solo los requisitos previos a la hora de interrumpir el embarazo, sino que incluye una batería e medidas para garantizar que los abortos puedan realizarse en la sanidad pública y en el hospital más cercano a la residencia de las mujeres.

Desde la entrada en vigor de la ley del aborto en 2010, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo estaba garantizado en nuestro país, pero a lo largo de los últimos 13 años la mayoría de ellos (más del 84%) se realizan en centros privados concertados, debido principalmente a la negativa de los médicos a realizarlos acogiéndose al derecho constitucional de la objeción de conciencia.

El Constitucional votará dividido

La constitucionalidad de la norma saldrá adelante, pero no será por unanimidad. Tras la renovación del Tribunal Constitucional en enero pasado, existe una mayoría progresista de siete magistrados frente a otros cuatro del ala conservadora. A lo largo de los tres últimos meses (desde que se rechazara la propuesta de texto de Arnaldo), no ha habido consenso entre las dos partes sobre aspectos que se consideran clave. Los conservadores siguen viendo necesaria ampliar la información que debe recibir las mujeres que deseen abortar. Pero este no es el único punto en discordia. La magistrada conservadora Concepcion Espejel, manifestó en la toma de consideración de la propuesta de Arnaldo en febrero, la necesidad de dar una mayor protección al no nacido, por lo que propuso declarar la inconstitucionalidad del artículo que regula los plazos para abortar.

Otros dos magistrados, los también conservadores Ricardo Enriquez y Cesar Tolosa por su parte, entienden que la objeción de conciencia debe ampliarse a todos los profesionales que intervienen en la interrupción del embarazo, no solo a los médicos que practiquen la intervención. Un aspecto que no cuenta con el visto bueno de la mayoría progresista y que va en contradicción con la reforma legislativa aprobada por el Gobierno, que obliga a las comunidades autónomas a elaborar una lista de médicos objetores con el fin de poder planificar las plantillas hospitalarias para garantizar este derecho a las mujeres en la sanidad pública.

Palos en las ruedas del PP

Recientemente, cinco diputados del Partido Popular que estaban entre los que presentaron el recurso de inconstitucionalidad de la ley en 2010 plantearon un escrito de recusación sobre el Tribunal Constitucional. Los firmantes, entre los que se encuentra el exministro de defensa, Federico Trillo, pretendía apartar a cuatro magistrados del Alto Tribunal, entre los que se encontraban su presidente, Cándido Conde-Pumpido y los magistrados Juan Carlos Campos e Inmaculada Montalbán. Con esta maniobra, pretendían que el pleno no alcanzara el quorum mínimo de ocho miembros para arrancar la deliberación. A pesar de esta iniciativa de miembros del PP, el partido que lidera Feijóo se ha puesto de perfil sin apoyar la medida. Sin embargo, el TC rechazó esta pretensión, afirmando que la recusación solo podían presentarla conjuntamente los 50 diputados que originalmente registraron el recurso original.

Si espera que la sentencia que salga del TC sea una decisión histórica, ante un recurso que se ha enquistado durante más de una década.