Susana Díaz retirará la subvención a colegios católicos que segregan por sexos

Los líderes andaluces de Podemos e iU, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han apretado este jueves a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para que se retrate claramente a favor de la escuela pública. Durante la sesión de control en el Parlamento, tanto Rodríguez como Maíllo han sacado el espinoso tema de la renovación de conciertos en los 589 colegios semiprivados de Andalucía. En menos de dos semanas, el Gobierno andaluz debe decidir si renueva todos los conciertos o si sacrifica algunos, para preservar las aulas en la escuela pública.

Ha sido el descenso de la natalidad y la caída en el número de matriculaciones en Infantil la que ha puesto al Ejecutivo en un brete: al haber menos alumnos, la Junta entiende que debe cerrar las unidades escolares que no no vayan a llenarse con 25 estudiantes (el tope legal de la ratio), y aquí está el dilema: ¿cerramos aulas en la pública o en la concertada? Maíllo ha acusado a la presidenta de haber “pactado con los obispos” la supresión de unidades en la pública para no afectar a la concertada. Y Rodríguez ha aventurado que los maestros de la pública levantarán “otro tusunami de protestas”, similar al de la sanidad. Tanto la marea verde, que ha convocado movilizaciones en los próximos días en defensa de la pública, como la patronal de escuelas religiosas, que también ha previsto movilizarse en defensa de los conciertos, tenían fijos los ojos en la respuesta de la presidenta andaluza. Y Susana Díaz ha sido tajante: “Si tenemos que elegir entre una unidad pública y una concertada, siempre prevalecerá la pública”.

El desequilibrio entre la oferta de plazas se concentra en las grandes ciudades

La presidenta se ha alineado con las reivindicaciones de Podemos e IU, a los que ha acusado de fomentar un falso debate, porque la escuela concertada sólo está instalada en 113 municipios de los 777 que hay en Andalucía. En efecto, el desequilibrio entre la oferta de plazas semiprivadas y públicas es un fenómeno que se concentra en las grandes ciudades. Díaz ha sido clara en su apuesta por la pública, sin embargo, no ha aclarado con datos cómo se resolverá el dilema: su Gobierno tiene previsto eliminar aulas (unidades) por una caída en la demanda de plazas, pero aún no ha informado de cuántas desaparecerán en los colegios públicos y cuántos en los concertados.

Según la presidenta, allí donde “sobren” plazas, caerán antes las concertadas que las públicas. Aunque su departamento de Educación matiza que habrá recortes de unidades tanto en unos como en otros. En lo que sí ha sido nítida la presidenta andaluza es en fulminar las subvenciones a los colegios católicos con un modelo de educación diferenciada, es decir, aquellos que segregan a su alumnado por sexos: o son exclusivos de niños o de niñas. “En ningún concepto vamos a renovar conciertos en colegios que segregan por sexos”, ha anunciado.

En Andalucía aún existen 12 escuelas católicas subvencionadas con fondos públicos que segregan al alumnado por sexos. El Gobierno autonómico lleva años batallando con ellas, tratando de retirarle los conciertos, pero siempre ha tropezado con la ley. Estos centros, amparados por la patronal concertada, han logrado retener las ayudas públicas por vía judicial, acudiendo incluso al Tribunal Supremo. Esta es la enésima vez que la Junta intenta retirar las ayudas a un modelo educativo que no comparte, porque “discrimina al alumnado por razón de sexo”. Sin embargo, la actual ley educativa del PP (Lomce) no sólo blinda este modelo, además obliga a las administraciones a conceder los conciertos en función de la “demanda social”, es decir, si las escuelas o las familias lo piden. Algunos de los colegios andaluces que segregan por sexos tienen medidas cautelares que protegerán sus subvenciones, según la consejería.

Las manifestaciones y protestas en las calles han desbordado al Gobierno de Díaz

Las manifestaciones y protestas de miles de ciudadanos en las calles han desbordado al Gobierno de Susana Díaz que, sin embargo, ha sabido capear bien la crisis sanitaria en el plano político. Principalmente, porque la presidenta de Andalucía nunca concedió legitimidad ni autoridad moral al principal partido de la oposición (PP) para defender la sanidad pública. “A usted la sanidad pública le importa un pimiento”, le espetó Díaz al presidente popular, Juan Manuel Moreno, en la última sesión de control. De paso, la presidenta afeó a los partidos de la izquierda, Podemos e IU, que fueran de la mano del PP en sus protestas, ayudando así a “blanquear” los intereses “ocultos” de la derecha, a saber: privatizar centros hospitalarios.

Este atrincheramiento político es más complicado de entender en el nuevo frente que se le ha abierto a Susana Díaz a cuenta de la educación pública, porque quienes han llevado el asunto a la sesión de control de este jueves en el Parlamento han sido los dos partidos a la izquierda del PSOE: Podemos e IU. A la presidenta andaluza le ha costado más negarle a estos dos grupos la legitimidad de la defensa de la escuela pública, porque siempre ha formado parte de su identidad política. Pero además, porque por casualidad sus interlocutores, la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y el de IU, Antonio Maíllo, son profesores de institutos públicos en excedencia.

Ambos conocen bien el campo de batalla en el que este jueves han peleado con la presidenta, y ambos han registrado conjuntamente una proposición de ley que pide fijar un suelo mínimo de gasto para educación del 5% del Presupuesto Autonómico, que aún no se ha votado, pero que Díaz rechaza. La izquierda parlamentaria se ha echado a pelear, todos en defensa de la escuela pública, a dos semanas de que se inicie el proceso de matriculación en Andalucía. Y el tema de fondo es que la población infantil ha disminuido, entrarán menos alumnos y según la Consejería de Educación es necesario cerrar las aulas sobrantes. Y aquí Podemos e IU le han espetado dos preguntas clave a Díaz: ¿Por qué es imperativo cerrar unidades escolares? ¿Por qué no se aprovecha para bajar la ratio, para que en vez de 25 niños por clase, haya 12? Y segundo, si hay que cerrar aulas, ¿dónde se cerrarán: en la escuela pública o en la privada concertada?

El Gobierno andaluz sufre ahora la presión social y política desde dos flancos: la izquierda, que defiende el blindaje de la escuela pública, y la derecha, que apuesta por la renovación de las subvenciones a los casi 600 colegios privados concertados de Andalucía.