Este artículo se publicó hace 4 años.
Trama GürtelEl Supremo desmiente al PP y aclara que su sentencia de la 'Gürtel' no afirma que las alusiones a la caja B sean "excesivas"
La dirección nacional del PP trata de vender la idea de que la sentencia dice que no hubo 'una caja B', pero lo cierto es que los jueces del Supremo dan por acreditado que el PP se benefició de los negocios de la trama y hacen referencia, como ya hizo la Audiencia, a un "auténtico y eficaz sistema de corrupción".
Madrid--Actualizado a
El PP lleva todo el día difundiendo que la sentencia del Tribunal Supremo que ha ratificado las condenas del caso Gürtel impuestas en su día por la Audiencia Nacional es en realidad poco menos que una exoneración de su antiguo líder, Mariano Rajoy, y de toda la organización. La dirección nacional del PP trata de vender la idea de que la sentencia dice que no hubo una caja B. Los dirigentes conservadores sostienen que el Tribunal Supremo considera "excesivas" las menciones de la Audiencia Nacional a dicha caja B porque la sentencia no puede dar por probadas las alusiones de la Audiencia Nacional a la financiación irregular del partido, ya que la formación no fue juzgada por estos hechos.
Eso es al menos lo que decía la nota de prensa del Tribunal Supremo. Y a eso se ha agarrado el PP como a un clavo ardiendo. Sin embargo, a lo largo de la tarde de este miércoles, el departamento de comunicación del Tribunal Supremo ha enviado una rectificación donde corrige esa afirmación incluida en su comunicado oficial anterior y reconoce que en la sentencia los magistrados del Supremo no utilizan en ningún momento el adjetivo "excesiva" como se informó previamente.
El propio departamento de comunicación del Supremo aclara que el término "excesiva" aparece en el voto particular de un magistrado en la sentencia de la Audiencia Nacional, ni siquiera en esta del Alto Tribunal.
Pero lo cierto es que los magistrados del Supremo dan por acreditado que el PP se benefició de los negocios de la trama Gürtel en su primera época (1999-2005) y hacen referencia, como ya hizo la Audiencia, a un "auténtico y eficaz sistema de corrupción" creado entre Francisco Correa y cargos del Partido Popular mediante manipulación de la contratación pública en comunidades y ayuntamientos gobernados por ese partido.
Ahora bien, el Supremo sí atiende parcialmente el recurso del PP respecto a las alusiones a la caja B que la Audiencia hizo en su sentencia –con el voto particular de un magistrado–, aunque admite que dicha admisión "carece de efectos prácticos" y es intrascendente en el fallo.
La Audiencia Nacional consideró probado que el partido tenía desde al menos 1989 una estructura "financiera y contable paralela a la oficial" que se nutrió de aportaciones de la trama corrupta.
Afirmaciones que el Supremo cuestiona porque ese asunto no se juzgaba -de hecho sigue investigándose aparte- y no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa, lo que incurre en una "evidente contradicción", ya que "considerar que el PP era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos teóricos, supone entender que no era ajeno a los hechos penales". Traducido a lenguaje llano: el Supremo dice a la Audiencia Nacional que no de por sentenciado en este procedimiento que hubo caja B en el PP, porque eso se está investigando y juzgando en otra causa. Aquí lo que se investigaba es la financiación ilegal derivada de la Gürtel.
Eso sí, precisa que una cosa es afirmar categóricamente que el PP delinquiera cuando aquí no ha sido enjuiciado por ello, y otra mencionar el resultado de medios de prueba relacionados con el partido -como esa caja B- para configurar el contexto de los hechos, algo que la sentencia del Supremo sí avala, en concreto cuando detalla algunas maniobras del extesorero del PP Luis Bárcenas, como la compra de acciones de Libertad Digital con esos fondos.
Los magistrados sí respaldan sin matices la parte del relato donde la Audiencia habla del sistema de corrupción que crearon las empresas del Grupo Correa con cargos el PP y que hizo que éstas gozaran de un "arbitrario trato de favor" en las contrataciones.
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