"Los ciudadanos estamos aquí, te guste o no. Saca el puto Ejército a la calle. Tú quédate tranquilito en La Moncloa. Os vais a cagar". Son algunas de las frases del líder de Desokupa, Daniel Esteve, publicadas horas antes de la visita de Pedro Sánchez y Felipe VI a Paiporta el pasado domingo. 

La visita acabó con una agresión a Sánchez, ya hay tres detenidos, y lanzamiento de objetos al monarca. Además, Desokupa ha difundido, al igual que otros grupos ultras, diferentes bulos sobre la tragedia de la DANA en el País Valencià. Especialmente llamativo el de las supuestas miles de muertes en el parking del Centro Comercial Bonaire, al que se sumaron numerosos influencers o activistas de la extrema derecha pese a no haber informaciones al respecto. 

En este contexto, cobra de nuevo actualidad las reiteradas peticiones de ilegalización que se han reclamado desde fuerzas políticas como Sumar. El espacio de Yolanda Díaz ha registrado recientemente dos baterías de preguntas al respecto dirigidas al Gobierno. Sumar todavía no ha recibido respuesta oficial sobre ello. 

En el mes de agosto se conoció la firma de un convenio entre el Sindicato Unificado de Polícía (SUP) y Desokupa para realizar formaciones policiales. Ante ello, desde Sumar se registró ya la primera petición al Ministerio de Interior. Entre las preguntas realizadas se incluía la petición para que los tribunales ilegalicen "grupos escuadristas" como Desokupa, "a la vista de su interés en penetrar en las fuerzas de seguridad y atendiendo a la prohibición de grupos paramilitares que se incluye en el artículo 22 de la Constitución". 

Enrique Santiago (IU), uno de los diputados firmantes, señaló entonces que "Desokupa es un grupo violento mafioso y paramilitar que debe ser prohibido tal y como ordena la Constitución". "Interior tiene que actuar (ilegalizándolos) y no permitiendo ni que esa formación policial se haga, ni que ultraderechistas adoctrinen a los cuerpos de seguridad", afirmó en una entrevista en RNE. 

Más recientemente, el 20 de septiembre, Sumar registró una nueva batería de preguntas. En este caso en relación a un desahucio donde participó Desokupa en Carabanchel (Madrid) junto a miembros de la Policía Nacional. "¿Planea el Gobierno estudiar iniciar los procedimientos legales necesarios para proceder a la ilegalización del grupo violento Desokupa?", señalaba el texto, entre otras cuestiones. 

La tercera batería de preguntas de Sumar se registró el pasado 25 de octubre. En esta ocasión se referían a un curso de autodefensa que iba a impartir un miembro de Desokupa a 30 agentes de la Policía Local del municipio de Es Castell, en Illes Balears. 

Fuentes de Sumar confirman a Público que todavía no han recibido respuestas. Las dos últimas todavía son recientes. Y sobre la primera de ellas, la del mes de agosto, las mismas fuentes destacan que se encuentra en "requerimiento de aclaración" y que probablemente se les mandará una petición de reformulación de las preguntas. 

Las mismas fuentes destacan que hay varias vías legales, si hubiera voluntad, para ilegalizar a organizaciones como Desokupa. "Hay una vía sencillísima que es presentar a través de la Abogacía del Estado un solicitud en la Fiscalía para que inicie el procedimiento ante los tribunales. Incluso el Abogado del Estado puede presentar solicitud ante un tribunal", destacan en Sumar. 

Desde el Ministerio del Interior que lidera Fernando Grande Marlaska, fuentes oficiales consultadas por este medios señalan que Desokupa en concreto no figura en el registro de asociaciones que depende de Interior. Por tanto no sería una cuestión competencia suya sino del Ministerio de Justicia. Desokupa, según aparece en su propia página web, usa una Sociedad Limitada llamada Desokupa Manda. 

Casos distintos son los de otras asociaciones sí registradas en Interior, como ha informado este medio, como la neonazi Núcleo Nacional. Se aceptó el registro hace unos meses. La justificación del Gobierno para casos similares se basa en una respuesta que dio en 2022 al senador de Compromís, Carles Mulet.

En ella se deslizaba que existían vías para ilegalizar a grupos neonazis bajo el amparo de la Ley de Memoria Democrática, que impide la exaltación de la dictadura y el menosprecio a sus víctimas. El pasado 8 de octubre, el Congreso aprobó la toma en consideración de la reforma legal de la ley de asociaciones propuesta por el grupo parlamentario socialista que podría abrir estas vías de ilegalización. 

Desde Sumar, las fuentes consultadas recuerdan que se puede abordar un procedimiento de oficio en el Registro de Asociaciones por entender el registro que depende del Ministerio de Interior que el objeto de la asociación es contrario a la Constitución.