La sombra del nuevo fiscal general: fue denunciado por sus lucrativas actividades paralelas privadas

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MADRID-.  Se le reconoce ser un gran erudito del Derecho, reputación ganada procedimiento a procedimiento, pero también, clases de máster tras máster. José Manuel Maza Martín ha sido un jurista polémico durante su etapa como magistrado del Tribunal Supremo, que ha ocupado hasta que el Consejo de Ministros decidió ayer nombrarle nuevo Fiscal General del Estado. Pero sus actividades económicas para empresas e importantes despachos de abogado fueron denunciadas en 2012 y 2014 por reputados juristas. 

Como Salomón, ha tomado decisiones que parecen equilibrar la balanza a pesar de su manifiesta ideología conservadora: rechazó investigar el apócrifo informe P.I.S.A. , con el que el exministro del Interior Fernández Díaz, su brigada política y Manos Limpias desplegaron una furibunda campaña contra Podemos; pero formuló un voto particular desfavorable al juez Baltasar Garzón acerca del proceso sobre el franquismo, causa impulsada por el mismo sindicato de ultraderecha.  

Pero la verdadera incompatibilidad es ética y radica en sus lucrativas actividades privadas, financiadas por fundaciones y empresas, que compaginó con su labor como magistrado y que fueron denunciadas ante el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, en un informe que exponía una serie de conductas privadas de magistrados del Tribunal Supremo que habían participado en los procesos contra el juez Baltasar Garzón, y reclamaba que se adoptaran las medidas adecuadas. Sin embargo, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamación, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho.

El nuevo fiscal general del Estado tiene la obligación de impulsar la acción popular y velar por la transparencia en los procedimientos judiciales. No obstante, ha ejercido como profesor en importantes masters y cursos de derecho que le han proporcionado cuantiosos ingresos y "que suscitan serias dudas sobre el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva", según asegura la denuncia presentada por un equipo de reputados juristas en 2012 y vuelta a enviar en 2014 al CGPJ por el ex fiscal anticorrupoción Carlos Jiménez Villarejo.

La actividad docente de José Manuel Maza Martín se ha desarrollado fundamentalmente en colaboraciones con empresas privadas como Caja7, Ingefor Consultores, el Centro de Formación Datadiar o Schola Iuris, que ofertan cursos sólo aptos para quienes tengan el suficiente dinero para pagarlos.

"La ley de incompatibilidades autoriza la actividad docente, pero no especifica si ésta sólo puede ser pública o también privada. Pero lo que sí parece claro es que estos magistrados y fiscales asiduos a máster que pueden costar muchos miles euros, y que están organizados por importantes despachos de abogados, consultorías o empresas de investigación, deberían abstenerse en los procedimientos que puedan tener relación con estas entidades, su consejo de administración o trabajadores", asegura un experto en el mundo judicial. 

En la actualidad, el nuevo fiscal general del Estado aparece entre el elenco de profesores del máster de práctica en Derecho Penal de la empresa Schola Iuris que "está reconocido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para el acceso al Turno de Oficio”. Su nombre es uno de los reclamos: "El punto fuerte de este Máster lo conforman el magnífico plantel de profesores en el ámbito judicial español”, reza su propaganda. Máster por el que, según la denuncia a la que ha tenido acceso Público,  los inscritos "pagan por matrícula 14.000 euros". Maza Martín también fue profesor del Curso de Derecho Penal En Genética Y Nuevas Tecnologías que ofertaba esta entidad.

En 2004, tras el Primer Congreso Mundial de Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en el Estado de Chihuahua, el ahora fiscal general logró que las autoridades judiciales de México promocionaran este curso entre los estudiantes de Derecho. 

Por otra parte, el Centro de Formación Datadiar promociona la adquisición de sus publicaciones y conferencias, y Maza también es un nombre habitual en los cursos de la Universidad Rey Juan Carlos. En marzo de 2007, esta última entidad organizó unas Jornadas de Derecho Penal Económico en las que destacó la ponencia impartida por Maza Martín.

En 2010 y 2011 participó, en la Universidad de Las Palmas, en otro evento sobre “La delincuencia medioambiental en Canarias”, y en Tenerife en las “III Jornadas de delincuencia y económica y blanqueo de capitales", promocionadas por las entidades privadas Caja7 y Iuris Vegueta. 

También en 2010 se celebraron las Jornadas sobre el Código Penal en el Juego On-line, patrocinadas por el Centro Internacional Carlos V y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR). Asimismo, en el Primer Congreso de la empresa INGEFOR Consultores, celebrado en 2008 Maza Martín fue otro de los reclamos.

Una actividad frenética, y normalmente bien remunerada, al margen de la Magistratura que puede haber comprometido la imparcialidad del juez ahora nombrado fiscal general del Estado.