Seis semanas de huelga de los funcionarios de Justicia dejan medio millón de juicios suspendidos

Seis semanas llevan los funcionarios de la Administración de Justicia secundando paros y jornadas completas de huelga para reclamar un aumento salarial. Según los cálculos de los sindicatos, se han suspendido medio millón de juicios y tres millones de actuaciones judiciales. 

Los funcionarios exigen entre 350 y 430 euros más al mes en sus nóminas, en la línea de lo que han logrado en lo últimos meses los letrados de Justicia y los jueces y fiscales, pero, a diferencia de estos colectivos, en el caso de funcionarios (son 45.000 en todo el Estado), aún no han recibido una oferta del Ministerio de Justicia; solo se han podido reunir dos veces con responsables del ministerio desde que arrancó la huelga, el pasado 17 de abril.

El comité de huelga considera que el anuncio de Pedro Sánchez del adelanto electoral no implica "impedimento legal" para que el Gobierno negocie con los sindicatos en aras de "solucionar" el conflicto. 

"No estamos ante un gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas. El Gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de julio", han comunicado los sindicatos. 

De hecho, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT pretenden que el presidente del Gobierno se implique en el conflicto. Han enviado sendas cartas a Sánchez y a Yolanda Díaz pidiéndoles su intervención para que "ordenen al Ministerio de Justicia el inicio inmediato de las

negociaciones con este Comité de Huelga, demostrando así su capacidad de atender con eficacia lo que se espera del Gobierno: que los servicios públicos de su dependencia funcionen de forma eficaz y que los trabajadores y las trabajadoras públicas que los atienden sean tratados con equidad, respeto y sin clasismo ni discriminación".  

Carta a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz

"En nuestro escrito al presidente y a Yolanda Díaz, como representante de la otra parte del Gobierno de coalición --explica Luis Calero, secretario general de la Comisión Ejecutiva de la Administración de Justicia de FSC-CC.OO.--, hemos puesto de manifiesto el trato vejatorio y claramente discriminatorio que los representantes del Ministerio de Justicia están dispensando hacia el 93% del personal de la Administración de Justicia, mientras que no ha tenido reparo en

sentarse a negociar y llegar a acuerdos de subida salarial con la minoría mejor pagada de la Administración de Justicia". 

Calero habla de "clasismo": "Parece que la ministra cree que la Administración de Justicia funciona solo gracias a las élites". 

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) estuvieron dos meses en huelga hasta que el pasado 27 de marzo la desconvocaron al llegar a un acuerdo con el gabinete de Pilar Llop por el que se les sube el sueldo entre 350 y 430 euros al mes. 

Por su parte, las asociaciones de jueces y fiscales decidieron no ir finalmente a la huelga al recibir de Justicia la oferta de 450 euros brutos más al mes, el pasado 18 de mayo. 

La ley que vincula las subidas está en suspenso

El comité de huelga de los funcionarios explica que las subidas salariales de los LAJ y de los jueces y fiscales está ligada a la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que está en fase de alegaciones y que al disolverse el Congreso queda en suspenso. "Los jueces y los LAJ aún no han cobrado la subida --advierten desde el sindicato CSIF, mayoritario en el Administración de Justicia--. Si el Gobierno alega que nuestro aumento salarial es imposible porque aún no hay ley, el caso es idéntico al de los otros colectivos, que ya han firmado acuerdos salariales". 

El seguimiento de la huelga de los funcionarios está en torno al 80%, según el comité de huelga. "Es importante recordar que este conflicto les afecta a los ciudadanos y ciudadanas que acuden al servicio público de Justicia, pero también a los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales, que están viendo peligrar sus ingresos económicos", resalta Luis Calero, de CC.OO.  

Este martes un buen número de funcionarios se han concentrado ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid al grito de "PSOE, escucha, resuelve esta lucha". Piden que se reanude la negociación entre los sindicatos y el Gobierno con la intención de poner fin a la huelga indefinida que empezaron el pasado 17 de abril con paros parciales de tres horas diarias y que endurecieron el 22 de mayo, con huelga completa.