La larga lucha del Sahara contra la impunidad del Estado marroquí vuelve a hacer escala en Naciones Unidas. 12 años después del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik –unos hechos marcados por la grave represión desatada por Rabat contra activistas saharauis–, una coalición de abogados y ONG vuelve a reclamar a Naciones Unidas que tome cartas en el asunto.

Según se ha conocido este martes, las letradas Francesca Doria, Brigitte Jeannot e Ingrid Metton, junto a France Weyl de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, así como representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharauis en las cárceles marroquíes han llevado de forma conjuntas seis nuevas denuncias ante el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas en Ginebra.

Las demandas que ahora llegan a esa instancia internacional describen los casos de seis miembros del "Grupo de presos políticos de Gdeim Izik".
Los seis demandantes –Mohamed El Bachir Boutanguiza, Abdellahi Lakhfaouni, Sidi Ahmed Lemyijed, Ahmed Sbai, Abdullahi Toubali y El Houssein Zaoui– piden al Comité que investigue los malos tratos sufridos como consecuencia de sus detenciones, así como durante su largo encarcelamiento.

"La denuncia refleja la situación de los presos políticos saharauis la magnitud del sufrimiento durante 12 años de detención arbitraria en base a confesiones extraídas bajo tortura", señaló a Público Hassanna Abba, portavoz de la Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharauis.

"Detenidos en condiciones inhumanas y degradantes desde hace 12 años, fueron condenados definitivamente por el Tribunal de Apelación de Rabat en 2017, sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura, a penas que oscilaban entre 20 años de prisión y cadena perpetua", destacan precisamente la coalición de abogados y ONG en una declaración conjunta.

Violencia física y psicológica

Según han denunciado ante el Comité de Naciones Unidas, los presos "sufren
diariamente actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes", lo que incluye "violencia física y psicológica, reclusión en régimen de aislamiento, imposibilidad de reunirse con sus familias, denegación de acceso a la atención médica y denegación del derecho al traslado cerca de sus familias al Sahara Occidental".

Los denunciantes lamentan que Marruecos –condenado en varias ocasiones por el Comité contra la Tortura– "se niega sistemáticamente a acatar las decisiones" de ese organismo de Naciones Unidas. "La adhesión a las convenciones internacionales de protección de los derechos humanos no puede ser una simple operación de comunicación de Marruecos para blanquear su imagen a
nivel internacional", advirtieron.

"Creemos en la justicia"

Las expectativas están ahora depositadas en los pasos que pueda dar el Comité de la ONU ante estas graves vulneraciones contra los derechos humanos de los prisioneros saharauis.

"Trabajaremos en este camino, porque será la justicia la que restaurará los derechos de las víctimas. Creemos en la justicia y en la credibilidad del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura", afirmó por su parte Hassanna Abba, quien reclamó "la liberación inmediata de todos los presos políticos saharauis" y una investigación seria contra quienes están "involucrados en actos de tortura".