Una negociación "compleja" y a varias bandas. Es lo que tiene que afrontar el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante este mes de octubre, quizás también en noviembre. La cuenta atrás ya ha comenzado y los socialistas son conscientes de que tienen que resolver varios frentes. 

El primero de ellos tiene que ver con la conformación de un Gobierno de coalición entre los socialistas y Sumar. En este foro la principal interlocutora por parte de Sánchez es la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que también forma parte del equipo negociador que se reunirá con los grupos parlamentarios del Congreso.

En el lado de Sumar, el principal negociador es el secretario de Estado en funciones y portavoz económico de Sumar (también secretario de Economía de Podemos), Nacho Álvarez, que forma equipo con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo.

Aunque este frente pueda parecer uno de los menos complicados a priori, en la actualidad Sumar y el PSOE mantienen una intensa disputa respecto a algunas cuestiones del programa de Gobierno. Sánchez y Díaz se reunieron este miércoles en el Congreso de los Diputados y pactaron cerrar un acuerdo antes de que finalizase octubre, con el objetivo de tener una fecha límite que permita agilizar las conversaciones.

La vicepresidenta le trasladó al presidente dos cuestiones. La primera es la necesidad de volcarse en la negociación de las medidas relacionadas con vivienda, despidos, jornada laboral y permisos retribuidos, los asuntos que más fricción generan entre ambas partes y donde menos se ha avanzado por el momento.

Díaz quiere hacer efectiva la regulación de los alquileres (a través de la aplicación de los mecanismos contenidos en la ley de vivienda) y articular fórmulas para controlar de alguna manera el precio de las hipotecas. La líder de Sumar pretende elaborar el denominado Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que rebaje la jornada laboral y que blinde el empleo vinculando el despido a causas jurídicas objetivas.

En materia de conciliación, Sumar plantea abrir la puerta a retribuir los permisos existentes para equipararse a los países europeos en esta cuestión. 

Los socialistas no han avanzado de forma pública su posición respecto a las exigencias de sus socios de Gobierno. Lo que sí destacan desde la dirección es la intención de "seguir avanzando" en progreso y derechos. En qué se concrete sobre el papel ese "proyecto de país" que defiende el PSOE está todavía en el aire hasta la firma de un acuerdo con Sumar. 

La segunda cuestión importante para Sumar es la de aislar su negociación con el PSOE del resto de negociaciones. Los socialistas han trasladado en los últimos días que si no se pueden comprometer a impulsar determinadas medidas sociales en un acuerdo de Gobierno se debe a las cautelas para no espantar a Junts y al PNV, formaciones conservadoras de cuyo apoyo depende la investidura de Sánchez.

Sin embargo, ninguna de estas formaciones habría trasladado su rechazo a ninguna de las medidas planteadas. Además, en Catalunya el Govern ha pedido al Gobierno estatal aplicar los mecanismos de la ley de vivienda para poder declarar sus zonas tensionadas, y en Euskadi se han desplegado medidas de conciliación como la gratuidad de las escuelas públicas de 0 a 3 años.

También existe un marco político específico en el que, en los últimos años, ERC y EH Bildu han tratado de crecer políticamente en sus territorios (en competencia con Junts y el PNV) a través de su participación y apoyo a medidas como la reforma de las pensiones o el despliegue de los denominados escudos sociales.

Negociaciones parlamentarias con Sánchez a la cabeza

Aparte de Sumar, Sánchez tiene que convencer a ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG. También lo intentará con Coalición Canaria, aunque en su caso el apoyo no es imprescindible. El líder del PSOE se reunirá personalmente con todos ellos. 

Desde las filas del PSOE consideran que el PNV ha mostrado siempre una apuesta por "la gobernabilidad" y la "estabilidad". Es lo que persigue, y así lo apuntó el propio Sánchez este martes. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es uno de los puntos que se quieren poner encima de la mesa por parte del PSOE. Con EH Bildu las relaciones han sido cercanas durante esta legislatura y confían en que otorguen su apoyo apuntalando algunas cuestiones sociales. 

En este marco, Sánchez ha designado ya a su comisión negociadora. Más allá de la mencionada Montero, otras seis personas son las encargadas de sacar adelante los apoyos necesarios con el resto de grupos. Pilar Alegría, Félix Bolaños, Santos Cerdán, Hana Jalloul, Óscar Puente y José Ramón Gómez Besteiro son los elegidos. 

El reto del encaje de la amnistía 

Por encima de todo, el reto más complicado para Sánchez es conseguir los apoyos de Junts y ERC. Especialmente de la fuerza que lidera Carles Puigdemont, con la que las relaciones han sido prácticamente nulas en los últimos tiempos. Pero en este momento las exigencias son compartidas y tienen un nombre propio: ley de amnistía. 

Sánchez ya ha ido preparando los argumentos políticos que probablemente usará para defender públicamente la amnistía si finalmente hay pacto. En resumen, esta medida sería útil para seguir avanzando en la convivencia en Catalunya, que es mucho mejor que hace cinco años. Los indultos a los encarcelados por el procès también fueron altamente criticado pero contribuyeron a la solución de un conflicto político, defienden en Ferraz. 

"No nos movemos en el oscurantismo, se mantiene un diálogo dentro de un marco de discreción. Pero cuando se llegue a un acuerdo seremos claros y transparentes", defendió este miércoles la portavoz socialista Pilar Alegría en referencia a esta cuestión. La labor pedagógica para explicar a la ciudadanía los acuerdos será el siguiente reto de Sánchez.