Salvador Martín Valdivia, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Jaén, ha escrito El Algarrobico: historia de un fracaso institucional (Aranzadi), un libro muy documentado, basado en la lectura de las sentencias del caso Algarrobico, que permite navegar con brújula en el tremendo enredo judicial generado después de que en el año 2006 un magistrado de Almería decidiera parar las obras a petición de Greenpeace.

En esta entrevista telefónica con Público el jurista se atreve a sacar la bola de cristal y hacer un pronóstico: en siete-diez años, después de varios recursos y sentencias más, el movimiento ecologista podría lograr el objetivo final: la demolición del mamotreto, símbolo de la destrucción del litoral. Martín Valdivia es muy crítico con la actuación de la Junta de Andalucía, cuyo papel en este asunto califica de "bochornoso", reivindica la labor de las organizaciones ecologistas, y cree, a pesar de las sentencias hoy contrarias al pago a la empresa promotora, que el Ayuntamiento de Carboneras tendrá que acabar pagando a Azata una fuerte indemnización.

¿Se puede derribar el Algarrobico ahora?

No. En este momento, no, con independencia de que en el transcurso procesal terminen por habilitarse todos los instrumentos jurídicos necesarios para ello. Hoy por hoy no se puede derribar el Algarrobico porque la licencia para su construcción está todavía en vigor.

¿Qué tendría que pasar por tanto para que se pudiera producir un derribo?

Que se inicie el procedimiento de revisión de oficio o de revocación en su caso de la licencia que concluya con la declaración de nulidad de esa licencia y como consecuencia se ordene el derribo. Es un procedimiento jurídico técnico que terminará por decretarse o no, porque en los procedimientos de revisión de oficio la ley establece una serie de limitaciones. Por ejemplo, el transcurso del tiempo, el derecho de los particulares previamente adquiridos, etcétera que en muchas ocasiones limitan esas posibilidades. La única vía para demoler el hotel sería que se iniciara ese procedimiento legal y que ese procedimiento legal concluyera con la declaración de nulidad de la licencia y por tanto la consecuente demolición de lo indebidamente construido.

¿Cómo podemos entender que el Ayuntamiento no revoque la licencia cuando el Supremo ha dejado claro en varias sentencias que la zona debe estar protegida, que tiene un nivel de protección que impide que nada se construye allí?

Esto es lo más difícil de comprender para la gente que es ajena al mundo del derecho. Intento explicarlo. Las licencias son actos de autorización. La licencia autoriza a construir lo que ya un plan ha permitido construir. Es decir, para construir algo en un lugar determinado tiene que haber un plan urbanístico que lo habilite. Si el plan habilita construir ahí un hotel, quien pide la licencia tiene derecho a que se le dé la licencia. No es un acto discrecional, es un acto reglado. Si el plan dice: ahí se pueden construir nueve plantas, yo pido licencia y el Ayuntamiento me tiene que dar la licencia porque el plan me lo ha habilitado.

Por tanto, la licencia es conforme a la ley si es concedida con arreglo al plan y aquí ocurrió justamente eso. Había un plan que permitía construir ahí y al pedir una licencia te permiten construir en el lugar y en la forma en que tú habías pedido porque lo tuyo coincide con lo que el plan autoriza ¿Qué pasó aquí? Al solicitar la agrupación ecologista Greenpeace la anulación del plan habilitante y al conseguir que ese plan se anulara, la licencia queda sin sustento legal pero la licencia por sí no es nula ¿Por qué? Porque cumplía con lo que decía el plan.

Al haberse anulado ese planeamiento, la licencia queda sin sustento. Pero fíjate la paradoja. Hay al menos tres leyes que así lo dicen: la anulación de un plan no lleva aparejada automáticamente la nulidad de la licencia. Te pongo un ejemplo: Marbella, tan traído. Gil aprueba el plan general y empieza a dar licencias. Hay ilegales 3.000 viviendas en Marbella, que son ilegalizables. Las licencias quedan en vigor, quedan vivas. La anulación del plan no ha obligado a demoler todas las viviendas. Eso sería un desaguisado. Sería catastrófico para las arcas municipales porque tendrían que pagar indemnizaciones.

Lo mismo que ha pasado aquí. El plan se publica, la licencia se concede, se anula el plan, pero la licencia no se ha anulado porque la licencia no es nula. Por eso el Ayuntamiento de Carboneras no quiere declarar la nulidad, la dio de acuerdo a un plan aprobado por la Junta de Andalucía y la demarcación de Costas. Si anula la licencia, al Ayuntamiento le va a costar el dinero.

Hay tres sentencias que dicen que la empresa no tiene derecho a indemnización, ¿Tiene derecho, a su juicio, Azata a cobrar una indemnización?

Hay tres sentencias. Una del Supremo, más antigua, que dice que con el cambio de la delimitación de la línea de costa no tiene derecho a indemnización el interesado y hay otras dos sentencias, que son dos auténticas barbaridades jurídicas, a mi juicio. Justifican la improcedencia de las indemnizaciones con argumentos descabellados, pero están ahí. Están recurridas en casación. El argumento más descabellado es que comoquiera que ya se ha declarado la nulidad del plan, esta licencia es ilegal y eso no es verdad, eso es un planteamiento absolutamente erróneo.

El segundo es más descabellado todavía. Como estos señores son promotores inmobiliarios deberían saber que cuando se meten a una promoción les pueden suceder este tipo de contratiempos y se arriesgaban a lo que les ha sucedido. Otra barbaridad como la copa de un pino desde un punto de vista jurídico. Creo que esto va a ser reformado.

De hecho, esta última sentencia del Supremo que ha dicho que como la licencia está viva no cabe la demolición, de diciembre del año pasado, ya advierte de que cuando se anule la licencia va a tener que haber indemnización. Y el que va a pagar es el Ayuntamiento de Carboneras, que es el último mono en este caso. El Ayuntamiento se ha limitado a dar licencia donde el plan aprobado por la Junta decía que se podía dar. Sin embargo, va a ser el que va a pagar los platos rotos.

Para derribar, por tanto, ¿anular licencia, indemnizar y derribar?

Primero tienen que anular la licencia, que todavía no está anulada. Hay un procedimiento para hacerlo. Si consiguen declarar la nulidad de la licencia, procede el derribo: hay una norma que dice que cuando se anulen las licencias, tendrá que decidirse el montante indemnizatorio, que tiene que pagar el Ayuntamiento.

¿La indemnización es, por tanto, el factor clave que retrasa la anulación de la licencia?

El Ayuntamiento no quiere anular la licencia. Ha hecho lo que permitía la Junta con cuatro informes favorables de la demarcación de Costas. Esto no se puede olvidar.

¿Podría, llegado el caso de que hubiera que pagar una indemnización, que los costes los asumiera la Junta y el Estado, además del Ayuntamiento?

Sí, poder hacer eso, ese puede. Lo que no sé es quién está dispuesto a asumirlo. Una cosa es asumir los gastos de derribo, que son veintitantos millones de euros. Hay un protocolo firmado entre Junta de Andalucía y Estado para la reposición de los terrenos a su antiguo estado. Y otras cosa es la indemnización que corresponde a la promotora por la inversión que ha hecho, en principio 70 millones de euros o más.

¿Qué papel ha jugado aquí la Junta de Andalucía?

Ha sido bochornoso. Aprueba los planes y, además, en su momento llega a ejecutar un acto administrativo que es el causante de todo este problema. Como veía que el hotel no cabía dentro de la zona no protegida, modifica con un procedimiento chusco –a finales de los 90– el límite de la zona protegida para hacer que el hotel cupiese. De esa modificación se da cuenta Greenpeace y es lo que denuncia y lo gana en el Supremo. Se movió la línea de protección y tiene que volver a donde estaba y el hotel se queda parcialmente en zona protegida.

La Junta incluso empieza a actuar en favor del hotel y en mitad de esa refriega judicial cambia la postura y ahora pide que el hotel se demuela. Esto deja al promotor en una situación precaria y situaciones grotescas, como que hayan decidido imponerle las costas a la Junta precisamente por este cambio inopinado de criterio. Y a quien también deberían haber pegado un tirón de orejas los tribunales es a la demarcación de Costas, que después de cuatro informes favorables decide -con buen criterio, porque si está protegido, está protegido- iniciar el procedimiento de deslinde del dominio público-terrestre y la declaración de nulidad de la licencia, precisamente por la ocupación indebida de la línea de costa.

Ese cambio, ¿puede que le pille el hotel en un cambio de aires sobre lo que debe ser el urbanismo? ¿tal vez hacia una a una mayor protección, una vez que se colmatan prácticamente zonas de litoral?

Creo que que la relación causa-efecto es la contraria. Me da la impresión, por lo que he leído y he oído en algunos foros en los que he participado. Todo operador jurídico público y privado estaba a favor del proyecto. Cuando la agrupación ecologista, jugando el papel que le corresponde, logra que un juez de Almería en el año 2006 paralice la obra cuando estaba al 80 y tanto por ciento de su ejecución, ahí es cuando el ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía empiezan a cambiar de opinión y donde todo eran parabienes empiezan a ser pegas y enarbolan la bandera del ecologismo. El único que enarbola esa bandera desde el principio es Greenpeace. Todos los demás se han venido subiendo al carro. Es decir, que no nos cuenten la historia de que ha cambiado. No. Es que un juez en el año 2006 decidió parar la obra. Si no lo decide un juez, el Algarrobico estaría hoy abierto.

¿Las organizaciones ecologistas han jugado un papel clave pues?

Clave y definitivo. Han hecho lo que le corresponde a una organización ecologista. Si eres ecologista y estás viendo que están construyendo en un espacio protegido y a menos de 50 metros de la línea de costa, pues tienes naturalmente que poner el grito en el cielo por mucho que le duela al promotor inmobiliario, por mucho que le duela al Ayuntamiento, por mucho que le duela a la Junta o al Gobierno. Hacen su papel y muy bien jugado.

Podremos estar en favor o en contra de la presión ecologista y podremos discutir mucho sobre si el modelo de desarrollo de España tenía que haberse basado en el ladrillo o en el ecologismo, pero eso es discutir sobre el sexo de los ángeles. La realidad es que se había aprobado un proyecto con todos los informes y todos los parabienes administrativos de las tres administraciones concurrentes -municipal, autonómica y estatal- y hasta que un grupo ecologista no le pide a un juez que paralice, por la razón doble de que se estaba construyendo en el espacio protegido y en una zona cercana a la playa, aquí nadie mueve un papel. Se paraliza por el juez y a partir de ese momento todo esto cae como un castillo de naipes. Es decir, que los ecologistas están haciendo su papel y lo están haciendo muy bien.

Llegados a este punto, ¿cómo podría solucionarse? Porque existe un cierto consenso de que ese hotel no debe concluirse y que debe terminar en un derribo.

Social, no. Si preguntas a la gente de Carboneras no están nada de acuerdo con el derribo, ellos quieren el hotel. Es un desarrollo inmobiliario, un impulso económico importante, pero las sensibilidades políticas sí concurren. Por lo que leo y por lo que he oído en algunos foros, el alcalde no tiene ningún interés en demoler, pero no cabe duda de que el resto de las sensibilidades concurren todas en esa en esa única idea de demoler el hotel. En el punto de vista sociopolítico no entro. En eso sois vosotros los periodistas los que mejor podéis pulsar esa sensibilidad. A nivel jurídico yo no sé cómo va a terminar el tema. El procedimiento de revisión de oficio al que he hecho referencia antes tiene a mi juicio muchos más motivos para ser rechazado que para ser estimado. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el Ayuntamiento tiene muchos motivos para oponerse a esa revisión de oficio.

¿Aun con la presión y los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia?

El TSJA no le ha dicho que demuela, le ha dicho que inicie el procedimiento de revisión de oficio, que puede concluir en revisar o no, en declarar la nulidad o no. Y el Ayuntamiento tiene muchos agarraderos jurídicos para decidir que no se tiene que derribar la licencia. Y vuelvo a Marbella. Imagina que en Marbella tuvieran que derribar 3.000 viviendas ilegales. Un ruinón: no lo va a hacer el Ayuntamiento de Marbella de ninguna manera. Este es el mismo ejemplo.

Otra cosa es que el Consejo Consultivo de Andalucía, órgano clave para los procedimientos de revisión de oficio, ya ha dicho que la licencia es ilegal y por tanto intuyo que declararán la posibilidad de declararla nula. El TSJA ya ha dicho que eso tiene pinta de ser ilegal porque se han infringido determinados preceptos legales y reglamentarios. Y el Supremo también lo ha apuntado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Carboneras se oponga en primera instancia a la nulidad de la licencia, eso se recurrirá en el TSJA, lo declarará nulo, el Supremo lo ratificará y posiblemente, calculo, en siete-diez años estará en procedimiento de demolición. Estoy jugando a ser adivino. Esa previsión mía es arriesgada. Es la impresión que me da a mí, que terminará demoliéndose, pero tiene que pasar un tiempo. Yo creo que Greenpeace va a ganar el partido finalmente, pero creo que van a tener que seguir peleando durante ese plazo.