El Congreso ha aprobado este lunes una proposición no de ley que insta al Gobierno a desarrollar los mecanismos necesarios para que las empresas tecnológicas puedan detectar más rápido los discursos de odio en las redes sociales. La iniciativa, presentada por Unidas Podemos, ha salido adelante en la Comisión de Interior, y ha contado con el respaldo del PSOE y de ERC, con el  voto en contra de PP y Vox y con la abstención de Ciudadanos.

En la exposición de motivos del texto se recoge que la proliferación de los denominados discursos de odio se ha incrementado de forma notable a raíz de la pandemia. "El contexto de la covid-19 ha generado una creciente polarización en la opinión pública, organizada por diferentes grupos de opinión que, a través de las redes sociales, portales digitales u otras plataformas virtuales, señalan a
determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la tragedia colectiva que estamos padeciendo".

"Así", prosigue el texto, "el dolor colectivo de todo un país se ha estado instrumentalizando con fines ideológicos, poniendo en riesgo la seguridad física y la integridad moral de quienes han sido objetivo de este tipo de linchamiento digital". La PNL consta de cuatro peticiones dirigidas al Gobierno, pero que interpelan de forma indirecta a las empresas tecnológicas de la información y de la comunicación.

Se pide "garantizar que los usuarios de las empresas TIC dispongan de la
información necesaria acerca de cómo denunciar los contenidos que
inciten al odio, con derechos de información específicos en el caso de
los usuarios menores de edad", así como simplificar los mecanismos para denunciar el contenido de los discursos de odio". En este sentido, la iniciativa apuesta por la creación de "una herramienta única, accesible y fácil
de manejar para los usuarios en todo el territorio del estado español".

También se pide "reducir el tiempo de procesamiento de los contenidos denunciados". En concreto, se propone que "los operadores de las empresas TIC tendrán 24 horas para eliminar o deshabilitar de la web los contenidos que inciten al odio y a la violencia; o 1 hora cuando las víctimas sean menores. Esto exigirá a los operadores que apliquen procedimientos especiales y específicos,
cuando sea necesario, para garantizar que las notificaciones se tramitan sin demora".

Por último, el texto aboga por "aumentar la cooperación entre los operadores de las empresas TIC con las autoridades fiscales y policiales competentes. Los operadores tendrán la obligación de almacenar temporalmente el contenido de incitación al odio denunciado y de ponerlo a disposición de la autoridad judicial con el fin de investigar, identificar y enjuiciar infracciones penales".

Un discurso que "viaja a velocidades increíbles en la red"

El debate en el seno de la Comisión de Interior ha sido bronco y tenso. El diputado encargado de defender la iniciativa, Ismael Cortés (Unidas Podemos), ha mencionado varios casos de discursos de odio que, según ha relatado, se han producido en foros de internautas: "Que los cojan y los lleven a campos de concentración hasta que se mueran; Hitler no acabó bien su trabajo", ha replicado; "estos discursos no deben quedar impunes si queremos construir una democracia abierta, sólida y plural", ha defendido.

El diputado del PSOE José Antonio Rodríguez se ha mostrado a favor de la iniciativa y ha insistido en que "el discurso del odio viaja a velocidades increíbles en la red. Cualquier tiempo de decisión que nos tomemos para atajarlo perjudica a las víctimas y ralentiza las denuncias. Hay que atajarlo de forma contundente y rápido, sobre todo si se trata de víctimas menores", ha explicado.

Para María Carvalho, de ERC, "se tiene que poder denunciar y las empresas han de actuar con rapidez cuando hay incitación al odio. Se producen mensajes, titulares sesgados e hirientes con la intención de influir al precio que sea en la opinión pública, para señalar a personas por su género o raza, o para publicar cosas de la vida privada de las personas con la intención de provocar escraches.

El diputado del PP Eloy Suárez se ha posicionado en contra y ha asegurado sentirse sorprendido con "que un partido que está todo el día con lo público en la boca quiera privatizar la justicia y que sean las empresas las que decidan (sobre la identificación de los discursos de odio en las redes). El Estado de derecho funciona fenomenal y los jueces son los encargados de resolver estas cuestiones; me suena esta ley a lo que se hace en otros países que no voy a mencionar".

También se ha mostrado radicalmente en contra el diputado de Vox Manuel Mariscal: "Quieren controlar todavía más las opiniones de los españoles. Plantean que se pueda echar a ciudadanos de foros públicos en las redes y que sean las plataformas de las redes las que decidan esto y no un juez. Quieren convertir a los ciudadanos en chivatos de sus familiares, de los mensajes de sus familiares; son la nueva inquisición y persiguen todo lo que no se ajuste al esquema de sus ideas".

Sobre la diferente identificación de los discursos de odio, el diputado de la formación de ultraderecha ha recurrido a los niños migrantes no acompañados: "Para los señores de Podemos los Menas son niños. Para un mujer del barrio de San Blas que le han robado tres o cuatro veces, no son niños".

Desde la Plataforma por la Libertad de Información (PDLI) se ha puesto en duda la iniciativa y se ha advertido de que es "peligrosa": "Además de que ya existen instrumentos para la eliminación del discurso del odio por parte de las plataformas, la Comisión Europea Bandera de la Unión Europea está a punto de presentar su propuesta para definir un marco general a través de la Digital Service Act", han escrito en su cuenta de Twitter.

La plataforma también ha criticado que la PNL recurra y ponga de ejemplo las leyes francesa y alemana que regulan esta cuestión: "La ley alemana citada como ejemplo fue duramente criticada por organizaciones de libertad de expresión y por haber sido utilizada como "plantilla" legislativa por parte de gobiernos autoritarios en todo el mundo. La ley francesa fue declarada inconstitucional en los aspectos relativos a la retirada de contenidos online, precisamente", insisten.