Podemos ha presentado un recurso de reforma ante el titular del juzgado de instrucción numero 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, contra su petición de datos relacionados con los gastos electorales realizados para las elecciones autonómicas de Madrid de mayo de 2019, en las que se presentó en coalición con IU. Según subraya Podemos, la petición del juez no tiene sentido por cuanto la contabilidad de aquellas elecciones ya ha sido fiscalizada, sin que se haya apreciado irregularidad alguna.

Este juzgado es el que tiene abierta una investigación sobre las cuentas de Podemos, a raíz de las denuncias de un abogado despedido de la formación, José Manuel Calvente.

En el curso de estas actuaciones, el juez Escalonilla, en una providencia, ha pedido a la Junta Electoral Provincial de Madrid información sobre los administradores y las cuentas electorales de la coalición Podemos-IU que se presentó a las autonómicas de 2019.

En su recurso, la formación morada señala que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ya realizó un informe de fiscalización de la contabilidad de aquellas elecciones. En dicho informe se señala que los gastos de la coalición Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie (273.864,99 euros, de los que 252.264,68 euros fueron por importe superiores a los mil euros) fueron "justificados mediante documentación adecuada", que la naturaleza de tales gastos "se corresponde con los conceptos contemplados" en el artículo de la ley electoral que establece lo que consideran gastos electorales, y que "con carácter general no se han detectado incidencias destacables".

Podemos subraya, por todo ello, que "el órgano fiscalizador no ha advertido irregularidad alguna" y que "no cabe apreciar indicios racionales de delito que sustenten las diligencias de investigación" acordadas por el juez Escalonilla.

Fuentes de la formación de Pablo Iglesias destacan que el propio juez Escalonilla estableció, en un auto fdel 7 de septiembre, que no había lugar a investigar los contratos de Podemos para la campaña de las elecciones generales del 28-A con otra empresa porque el Tribunal de Cuentas ya había publicado el informe de fiscalización correspondiente sin plantear objeción alguna. En ese auto el juez subrayaba que no había necesidad de investigar tales contratos por no haberse apreciado irregularidad alguna.

Fuentes de la formación han señalado que la diligencia del titular del juzgado de instrucción es, a su jucio, un ejemplo de "una investigación prospectiva, que no está permitida en España". Este tipo de investigaciones está dirigidas a la búsqueda de algún elemento que pudiera ser un indicio de delito, en vez de una investigación basada en hechos (en términos coloquiales, se conoce a este tipo de actuación con la expresion 'a ver lo que pesco'). No es la primera vez que Podemos señala que las actuaciones del juez Escalonilla en este caso se podrían considerar como una investigación prospectiva.

Podemos también señala que la Fiscalía Provincial de Madrid advirtió, en un escrito fechado el pasado 7 de septiembre de 2020, que acordar toda una "batería de diligencias sobre la base de rumores, sospechas" (en referencia a las denuncias de Calvente, quien además, muestra  "claramente enemistad y animadversión"), es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática".