La investigación del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid sobre la gestión de Podemos ha comenzado a convertirse, entre exageraciones y palos de ciego, en una de las historias centrales del ferragosto de la pandemia, con una nueva serie de intensos zarandeos mediáticos para una formación morada que, en realidad, solo podría ser la víctima de los presuntos manejos de varios de sus empleados y dirigentes en caso de que estos hayan llegado a producirse y tuvieran entidad delictiva.

La imputación del partido, decidida por el juez como medio de personación para que sus letrados asistieran a la declaración del denunciante, y la citación como investigados de varios dirigentes de segunda fila ha provocado un aluvión de críticas desde el centro y la derecha mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desmarcaba de la oleada de invectivas y pedía "máximo respeto" por la instrucción.

A continuación, las doce claves para no perderse en el enésimo galimatías mediático que acosa a la formación que dirige Pablo Iglesias en sus escasos seis años de existencia:

¿Qué investiga el juez?

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha abierto una causa por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de administración desleal a raíz de la denuncia presentada a finales de año ante la Guardia Civil por José Manuel Calvente, ex abogado de Podemos, que inicialmente refería unos hechos que él mismo calificaba como blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento informático, financiación ilegal de partido y administración desleal. El magistrado descarta de entrada los cuatro primeros.

¿Cuáles son los hechos bajo sospecha?

Básicamente, el juez investiga en qué consistieron y cómo se pagaron las obras realizadas en la sede de Podemos por seis empresas hace unos meses, qué trabajos realizaron para ese partido las empresas de comunicación Neurona y ABD Europa el año pasado y de qué forma se liquidaron y si 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido, un fondo que se nutre de las donaciones salariales de los cargos públicos, fueron a parar a 404 Comunicación Popular, que era la entidad que los había solicitado, o fueron desviados.

Las diligencias pretenden aclarar también si algunos empleados y dirigentes de Podemos cobraron sobresueldos camuflados como gastos de desplazamiento sobre sus nóminas oficiales, elaboradas por la cooperativa Kimena, una asociación laboral vinculada al dirigente podemista Rafa Mayoral, y, por último, indagan la actividad empresarial de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de la organización que, según El Confidencial, habría podido cobrar algún tipo de comisión por la contratación de empresas de comunicación por lo morados.

¿Esto es nuevo?

No del todo. El Tribunal de Cuentas ya detectó en su Informe de Fiscalización de las elecciones del 28-A "gastos por operaciones ordinarias, por importe total de 290.727,41 euros, cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral (…) [y que] no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales"; aunque eso no supone ninguna infracción, tan solo que Podemos debería asumir el coste con sus propios recursos.

Se trata, según el partido, de "trabajos de consultoría en redes y tratamiento de la información consistentes en la creación y gestión de grupos de whatsapp con militantes, y análisis del comportamiento de competidores, votantes e influencers". Según el denunciante, ese dinero "pertenece a un contrato con la consultora Neurona".

¿Por qué se habla de 'caja B'?

Parece responder a los habituales excesos lingüísticos cuando los conceptos "Podemos", "dinero" y "juzgado" confluyen en la narrativa de determinados medios de comunicación.

Una 'caja b' consiste en un fondo opaco que se nutre de dinero sucio, normalmente procedente de comisiones a cambio de adjudicaciones que realizan instituciones controladas por el partido del que se trate, un caudal que luego este blanquea pagando gastos de funcionamiento y/o lo distribuye como sobresueldos en negro entre sus dirigentes, entre otros destinos que suelen incluir también la distracción de una parte como botín para quienes lo gestionan.

En este caso, el juez investiga cómo algunos dirigentes y empleados de Podemos han gastado una parte del dinero que esta formación ingresa legalmente, y sobre cuyo origen no hay ninguna sospecha en la causa.

¿Qué pasa con la financiación ilegal?

Sencillamente, no está sobre la mesa. Y no lo está por una cuestión tan simple como fundamental: el Código Penal castiga la recepción de "donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción" de la normativa sobre financiación de este tipo de organizaciones.

El delito criminaliza las irregularidades en los ingresos de una formación política, y todo lo que está investigando el juez en este asunto se refiere a gastos, al contrario de lo que ocurrió en asuntos como Gürtel, Filesa o Palau, tramas que llenaron las arcas ‘alternativas’ de PP, PSOE o Convergència.

¿Quiénes están siendo investigados?

El juez ha citado para el 20 de noviembre como investigados (antiguo "imputados") a Juanma Olmo, responsable de Comunicación de Podemos; a la gerente, Rocío Val; al tesorero, Daniel Frutos, y a Andrea Deodato, administrativa del departamento de Compras. También han sido llamados para esa fecha E.C.H. y E.L.H., dos de los responsables de Neurona.

¿Qué papel ocupa Podemos en la causa?

La organización política está imputada como persona jurídica desde el 29 de julio, cuando el juez optó por esa figura, en lugar de por otras como la del perjudicado o el acusador, ya fuera particular o popular, para autorizar la intervención de un abogado de los morados en la declaración del denunciante. No deja de ser una medida garantista (y reversible), pese al revuelo mediático que ha generado la decisión.

¿Y puede ser considerado víctima?

El tipo penal de la administración desleal por el que se ha inclinado el magistrado castiga la conducta de quienes "teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno (…) las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado". Eso supone que si hay un delito de ese tipo en este asunto Podemos sería, en todo caso, víctima de quien hubiera dado a sus fondos un destino inadecuado.

Por otro lado, el tipo básico de la malversación castiga ese mismo tipo de conducta cometida con fondos públicos, que son el origen del grueso de los ingresos del partido, y la apropiación indebida de los de carácter privado, lo que, en cualquiera de los dos casos, dejaría la formación política en una situación similar.

¿Cuál es la postura de la formación morada?

Podemos pide la nulidad de la causa alegando que Calvente quebrantó los deberes de confidencialidad y de sigilo que le imponía su trabajo como abogado al entregar con su denuncia documentos internos del partido, un argumento que a priori parece tener un escaso recorrido judicial, al margen de las eventuales consecuencias colegiales, si hubiera algún delito en los hechos denunciados. Paralelamente, reclama es misma nulidad de la causa alegando indefensión, ya que el juzgado únicamente le ha remitido una parte de la declaración inicial de Calvente.

"El elemento transversal del caso son las sospechas, pero esos hechos, de existir, no serían infracciones penales. En todo caso, podrían serlo de carácter administrativo o disciplinario, aunque tampoco las vemos", señalaron fuentes de la organización, que llamaron la atención sobre el hecho de que las citaciones de los imputados se producen "sin ninguna individualización de responsabilidades ni de indicios, ni tampoco de tipos penales. No hay sustento jurídico".

¿Quién es el denunciante?

José Manuel Calvente es un abogado que, tras cinco años de trabajo en los que fue responsable de Protección de Datos y de Seguridad, fue despedido de Podemos en diciembre de 2019 tras un conflicto en el partido. Él y otra empleada, Mónica Carmona, mantienen que fueron purgados por investigar supuestas irregularidades internas, mientras que Podemos sostiene que fue cesado por acoso laboral y sexual a otra letrada de la formación política, hechos por los que el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid llegó a abrir una causa que fue archivada hace unos días. Podemos lo sitúa como el asesor que supervisó las obras de la sede.

¿Quién es el juez?

Juan José Escalonilla Morales es el magistrado del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, desde el que hace dos años ordenó el archivo de las diligencias en las que investigaba los insultos y amenazas proferidos por varios policías municipales de la capital contra la entonces alcaldesa Manuela Carmena. Ahora ha permitido la personación del partido de ultraderecha Vox como acusación en las diligencias sobre Podemos sin exigirle una fianza.

¿Y qué dice la Fiscalía?

Hasta ahora, poco o nada, aunque en las próximas semanas deberá pronunciarse en el juzgado sobre la petición de nulidad presentada por Podemos y en la Audiencia Provincial de Madrid sobre el recurso en el que la formación morada pide, alternativamente, la nulidad de la causa, su archivo o la suspensión de las diligencias e interrogatorios ordenados por el juez "a la espera de recabar indicios de los que pudiera deducirse la comisión de algún hecho punible".