Podemos ha presentado este lunes en el Tribunal Supremo una querella contra los magistrados Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, y Joaquín Gadea, el juez de refuerzo en dicho juzgado de la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de prevaricación judicial, revelación de secretos y/o omisión del deber de perseguir delitos, en relación a la investigación sobre la financiación irregular de Podemos. 

La Audiencia Nacional ordenó, en marzo de 2022, al juez archivar la causa al entender que se trataba de una investigación "prospectiva" contra Podemos.

La causa se abrió en junio de 2016 en virtud del falso informe policial PISA, acrónimo de Pablo Iglesias S.A. elaborado por la brigada patriótica del Ministerio del Interior en la época en que estuvo dirigido por Jorge Fernández Díaz, en el Gobierno de Mariano Rajoy. Un informe inventado sobre la financiación de Podemos. Días después de abrirse la causa, el juez García Castellón la archivó ante la falsedad del informe. 

El 18 de octubre de 2021 el mismo magistrado dictó auto de reapertura de las diligencias, acordando el secreto de las actuaciones, ante la declaración del exmilitar venezolano Hugo Armando Carvajal, más conocido como 'Pollo Carvajal' , que se prestó a colaborar con la Justicia para evitar su extradición a Estados Unidos, como finalmente sucedió, por narcotráfico y blanqueo de capitales. 

Sin indicios sólidos, el citado  el 'Pollo Carvajal' declaró sobre unas "supuestas órdenes de pago a una fundación, así como a determinadas personas, por parte de la Administración de Venezuela, en los años 2008 y 2013", señalando a Podemos, consta en la querella, que describe los documentos aportados por el venezolano como meras fotocopias, sin sellos oficiales, ni elemento alguno que apuntara a ningún delito relacionado por Podemos. El ánimo del exmilitar fue evadir la extradición, recalca Podemos.

Pese a esto, "los Sres. Instructores querellados no dudan en acordar la reapertura de unas diligencias previas ya archivadas, al entender que existen "indicios razonables de un delito de financiación ilegal de partido político". 

El partido morado destaca el "origen presuntamente ilícito de la documentación empleada por el juzgado, pues resulta en la
actualidad público y notorio que algunos funcionarios policiales requirieron presuntamente a ciudadanos venezolanos, de forma ilegal y sin amparo judicial alguno, según han declarado estos últimos, que obtuvieran de forma igualmente ilícita documentación bien sobre Podemos, bien sobre cualquiera de sus dirigentes o de quienes luego serían socios fundadores del mismo".

Sobre el carácter ilícito de la documentación, Podemos señala que el propio juzgado de García Castellón "tenía conocimiento", por ser además el mismo juez que instruye el caso Kitchen, pieza separada del caso Villarejo, "en donde constan suficientes indicios del
mismo, y especialmente por la incautación en dicha causa de los mensajes de whatsapp intercambiados por el antiguo Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con miembros de la cúpula policial, donde le dan cuenta de la obtención de diferente documentación, entre la que se encontraría la aportada
por el Sr. Carvajal y empleada para la reapertura de la causa", relata la querella.

Para el partido, tanto García Castellón como Joaquín Gadea "firman resoluciones capitales para el desenvolvimiento de causa que, aun cuando las suscriban individualmente", lo que supone "necesariamente asunción y aceptación de cuanto se ha acordado en dicha causa hasta el momento y de una actuación instructora conjunta e inescindible".

La querella acusa a ambos magistrados de investigar "unos delitos realmente inexistentes". Respecto al presunto delito de revelación de secretos, los querellados, según Podemos, permitieron "conscientemente la filtración de las actuaciones procesales declaradas secretas".