El pasado 29 de abril Moncloa y Ferraz respiraron aliviados. Pedro Sánchez, tras cinco días inéditos de reflexión, decidió continuar en su cargo. Ese mismo día anunció también que prepararía un plan de "regeneración democrática" para combatir la "máquina del fango". Lo hacía tras los ataques de la ultraderecha a su esposa, Begoña Gómez, que finalmente ha tenido que sentarse incluso ante el juez Peinado, que aceptó una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias. 

Han pasado casi dos meses y el día señalado para ofrecer más detalles concretos se acerca. Este miércoles 17 el presidente del Gobierno comparece en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su hoja de ruta. Sobre el papel, así consta en la documentación de la Cámara Baja, lo ha denominado "Plan de Acción por la Democracia". 

PSOE y Sumar, las dos fuerzas de la coalición progresista, negocian este plan. Ambos partidos se reunieron el día 16 de mayo para dar seguimiento a sus pactos y crearon también un grupo de trabajo para elaborar este esperado plan de calidad democrática. Las conversaciones, como suele ser habitual, se llevan con discreción y se conocen pocos detalles sobre el alcance que tendrán los anuncios de Sánchez. 

Desde Moncloa han transmitido desde los primeros momentos que este plan es complejo, que necesita su tiempo para desarrollarse y que no se trata de un debate solo que deban abordar en el Gobierno. Es algo que implica también a los medios de comunicación y, en general, a la sociedad entera. Y un asunto que trasciende fronteras. Los socialistas enfriaron la inmediatez de estas medidas y las aplazaron, en un principio, hasta después de las elecciones europeas que se celebraron el 9 de junio, hace más de un mes. 

El líder socialista ya ha dado algunas pistas sobre lo que pondrá encima de la mesa. Son principalmente dos ejes, a falta de la concreción de los mismos. Por un lado, Sánchez quiere abordar una reforma de la ley de publicidad institucional para evitar que lo que denomina pseudomedios tengan financiación pública. 

"No es aceptable que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos como estamos viendo en algunos Gobiernos de la derecha con la ultraderecha", dijo Sánchez la última vez que se refirió a este asunto. ¿Habrá límites entonces a la publicidad institucional? Sánchez ha dejado la puerta abierta a ello, sin entrar en más detalles. "Hay medios que solo tienen recursos públicos, no tienen lectores", destacó hace unos días.

Moncloa se fija en todo caso también en la Ley de Libertad de Medios de Comunicación aprobada recientemente en el Parlamento Europeo. Contó también con los votos del PP y establece algunos asuntos como "aumentar la transparencia en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación" u "ofrecer mayor transparencia en la medición de audiencia a los prestadores de servicios de comunicación y los anunciantes". El Gobierno tiene la intención de trasponer esta norma europea. 

El líder de los socialistas también se ha referido de forma expresa a las reformas de las leyes orgánicas de Derecho al Honor y Derecho de Rectificación. No hay más detalles por el momento pero los socialistas han puesto encima de la mesa en varias ocasiones la indefensión de la esposa del presidente respecto a los bulos vertidos sobre ella. 

Mientras PSOE y Sumar hablan, el resto de grupos parlamentarios aliados del Gobierno se mantienen al margen, según confirman las fuentes consultadas. Será a partir del mes de septiembre cuando los socialistas comiencen a reunirse de manera formal con sus socios para negociar sobre el plan de calidad democrática y garantizarse su apoyo. 

Lo que pide Sumar: ley mordaza y delitos de opinión

En la mencionada reunión del mes de mayo, los de Yolanda Díaz pidieron "llenar de contenido" ese punto y aparte que proclamó Sánchez tras su reflexión. Defendieron que el presidente del Gobierno no se podía permitir una acción de ese calado sin aportar medidas de transformación real. Fue entonces cuando se inició la negociación sobre cuestiones concretas con esos grupos de trabajo. 

El espacio dirigido por la vicepresidenta segunda puso encima de la mesa varias cuestiones: en primer lugar, pidieron avanzar en la derogación de la ley mordaza (un compromiso del acuerdo de Gobierno), y también en la supresión de los denominados delitos de opinión (injurias a la Corona o a las instituciones y ofensas a los sentimientos religiosos).

Sobre el asunto de regular los medios de comunicación para perseguir la difusión de bulos y de noticias falsas en Sumar siempre se han querido mostrar cautelosos. Consideran necesario hacerlo, pero creen que antes se debe producir un debate en el seno de la profesión y, sobre todo, entre expertos, para apuntalar una medida que pueda obtener un gran consenso, que sea jurídicamente sólida y, sobre todo, que no pueda servir para que la derecha persiga la libertad de información si en un futuro regresa al Gobierno.

Los de Díaz reconocen que las negociaciones avanzan, aunque insisten en que el paquete de regeneración democrática que Sánchez tiene previsto llevar al Congreso la próxima semana no puede ser "un anuncio efectista a las puertas del verano".