La ley mordaza y la de secretos oficiales, grandes ausentes en el anuncio de Sánchez de su plan de regeneración democrática

Una reforma de la ley de publicidad institucional y cambios sobre el derecho al honor y la rectificación en medios de comunicación. A esos temas se limita, por el momento, lo que se conoce del plan de "regeneración y calidad democrática" que pretende impulsar Pedro Sánchez. Al menos es lo único que ha detallado de manera pública el presidente del Gobierno. 

Los pormenores se conocerán el próximo 17 de julio, según ha anunciado este lunes el propio Sánchez. El líder del Ejecutivo los presentará en el Congreso de los Diputados y, a partir de ahí, se tratarán de consensuar las medidas con el resto de grupos parlamentarios. Estas iniciativas no se aprobarán, en todo caso, hasta pasado el verano, donde comenzarán los contactos "formales". 

Las primeras conversaciones ya se están produciendo, según confirman fuentes socialistas. Lo primero es que PSOE y Sumar, socios de coalición, lleguen a un acuerdo. Aquí entran en juego dos peticiones que el espacio de Yolanda Díaz ya ha puesto sobre la mesa. Se trata especialmente de la derogación de la la actual ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. Y también de la ley de secretos oficiales. 

El portavoz de Sumar, el ministro Ernest Urtasun, ha sido claro este lunes en rueda de prensa. "Estamos trabajando en un bloque de medidas para aterrizar en lo concreto la necesidad de fortalecimiento de la democracia", ha señalado. Urtasun se ha referido a las mencionadas por Sánchez y ha añadido que Sumar ha puesto encima de la mesa otras como la derogación de la ley mordaza. "Estamos trabajando desde hace días con el PSOE y lo que va a haber es un acuerdo que anunciaremos desde el Gobierno", ha afirmado.  

Mientras tanto, desde IU, uno de los partidos que componen Sumar, han exigido también este lunes a Sánchez "pasar de los titulares a los hechos" y derogar no sólo la ley mordaza, sino también la de secretos oficiales, vigente desde 1968. "Tiene en su mano la capacidad ejecutiva, tiene que poner encima de la mesa medidas concretas y tiene que llevarlas al Parlamento, en coordinación con Sumar. Hay que dejar, a nuestro juicio, la epístola y los titulares para centrarse en su labor ejecutiva", ha concluido la coportavoz de IU Amanda Meyer. 

Fuentes de Sumar señalan que estas dos medidas están encima de mesa y se están negociando con el PSOE. Esa es la voluntad del espacio, al tiempo que tratan de restar relevancia al hecho de que Sánchez no las haya mencionado todavía.

El asunto además se trató, según indican en este espacio, en la comisión de seguimiento del pacto de coalición celebrada a medios del mes de mayo. Este encuentro se produjo después de los cinco días de reflexión que se dio Sánchez y tras los que anunció el mencionado plan sobre regeneración democrática. En el PSOE guardan de momento "discreción" sobre las negociaciones. 

Asuntos enquistados

Las dos cuestiones son asuntos enquistados desde que llegó Sánchez a Moncloa. Y más especialmente desde la primera coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Reformar la ley mordaza estuvo cerca. Tras meses y meses de negociaciones, finalmente la propuesta consensuada de reforma entre PSOE y UP decayó en el Congreso en marzo de 2013. La negativa de ERC y EH Bildu, por considerar que no eliminaba los aspectos más lesivos, dio al traste con los planes del Gobierno. 

Tras las elecciones generales del 23J, el nuevo acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar volvió a incluir una referencia a esta ley. "Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la ley mordaza y el Código Penal). En concreto, garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Introduciremos un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados", señala el texto. 

Desde Sumar movieron ficha primero. El pasado 10 de mayo registraron en el Congreso una proposición de ley para reformar la ley de seguridad ciudadana con el propósito de derogarla.

Desde los colectivos sociales se ha hecho durante los últimos días una campaña para exigir el fin de una ley que justo este 1 de julio cumple nueve años. Organizaciones como No Somos Delitos denuncian sus efectos lesivos "para el ejercicio de los derechos fundamentales y las consecuencias tanto a nivel social, económico y político, como a nivel personal o laboral". Las últimas cifras oficiales del Ministerio del Interior, hasta finales de 2022, señalan que se han impuesto 1.871.478 multas por el incumplimiento de la ley, con una cuantía total de 1.114.639 millones de euros. 

La ley de secretos oficiales y su reforma han tenido otro camino diferente. En agosto de 2022 el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para reformar la actual normativa, que se firmó en 1968, en pleno franquismo. La propuesta no convenció entonces ni a las fuerzas de izquierdas ni a los partidos independentistas por quedarse corta. Los trámites parlamentarios se alargaron y el asunto quedó en un cajón de la Cámara Baja. 

Con la nueva legislatura en marcha, el PNV ha vuelto a tomar la iniciativa. Es uno de los partidos más activos con este tema y en febrero de este 2023 volvió a la carga. Consiguió que el Congreso aprobara la tramitación de la proposición de ley del PNV para reformar la ley de 1968. La propuesta de los nacionalistas vascos busca limitar la desclasificación de documentos a un plazo máximo de 25 años. Solo el bloque de la derecha votó en contra. Fuentes socialistas siempre han considerado que el texto del PNV es una buena base para comenzar a negociar. 

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, mostró su disposición a "abordar la regulación de los secretos oficiales en nuestro país", al ser una normativa "preconstitucional". Lo hizo en el Senado hace apenas un par de semanas y ante una pregunta de Uxue Barkos, de Geroa Bai. Bolaños, en todo caso, reclamó "una voluntad y un acuerdo amplio, muy amplio de esta Cámara, también del Congreso de los Diputados".

El objetivo, según el ministro es lograr "un equilibrio que sea razonable, que garantice desde luego el derecho al acceso de la información de los ciudadanos, la transparencia, el conocer documentos oficiales que en algún momento fueron clasificados y eso lo tenemos que combinar con la seguridad nacional".