El PSOE recurre la concesión de la medalla a Milei por supuesto fraude de ley
El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, señaló que la distinción era contraria a "la normativa estatal que aprobó el expresidente Mariano Rajoy".
Madrid--Actualizado a
El PSOE ha recurrido la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente argentino, Javier Milei, por incurrir supuestamente en un fraude de ley. Según consta en la sentencia, la distinción "ha sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento y los requisitos legalmente establecidos".
El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, anunció, durante una visita a Colmenar Viejo, el recurso contra el decreto 19/2024, de 20 de junio, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante su intervención, señaló que la concesión era contraria a "la normativa estatal que aprobó el expresidente Mariano Rajoy y que establece que el Gobierno de España debe dirigir la política exterior".
En la argumentación, el PSOE argumenta que la entrega de la medalla responde "única y exclusivamente a la cercanía política del distinguido con la presidenta de la Comunidad de Madrid y proponente de la distinción".
"El hacer de una noble decisión institucional de imponer una medalla como gesto de cortesía y reconocimiento de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a un mandatario extranjero, en una actuación de propaganda política partidista, infringe absolutamente el principio de neutralidad y objetividad de las Administraciones Públicas, recogido en el artículo 103 de la Constitución Española", señala el documento.
Los socialistas, además, alegan que interponen el recurso "en representación de los intereses colectivos de la ciudadanía madrileña, y nacional, y de los valores que representan para velar por la legalidad de las instituciones. A lo que añaden su rechazo a "la utilización partidista y ventajosa de las Instituciones Públicas en contra de los valores y principios constitucionales".
De igual modo, señalan, impugnan el decreto por sus propios intereses como partido político y sus representantes, conforme a "las funciones constitucionales que como partido político les atribuye el artículo 6 de la Constitución Española, como expresión del pluralismo político".
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