PSOE, Junts y ERC amplían la amnistía "dentro de los estándares europeos"
Los socialistas introducen cambios en el apartado de terrorismo de la ley para convencer a Junts e inciden que el texto es constitucional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este miércoles la medida como una "ley trascendente para la democracia española".
Madrid--Actualizado a
PSOE, Junts y ERC han alcanzado un acuerdo para desbloquear la ley de amnistía. Tras semanas de negociaciones y un primer revés en el Congreso de los Diputados, las tres formaciones han llegado por fin a un pacto para que salga adelante una ley que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este miércoles como "trascendente para la democracia española".
En un comunicado conjunto, las tres formaciones destacan lo siguiente: "Después de días de trabajo conjunto, y teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia, los grupos parlamentarios del PSOE, ERC y Junts han llegado a un acuerdo".
El pacto incluye una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas, "para reforzar la ley de amnistía, que es una ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos
e internacionales".
Según este mismo comunicado, el contenido íntegro de dicha transacción acordada por el PSOE, ERC y Junts se dará a
conocer este jueves, antes de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados convocada a tal efecto. Sánchez se había abierto en los últimos días a introducir algunos cambios en el texto legal, de carácter técnico, para convencer al partido de Carles Puigdemont.
Pero fuentes socialistas y de Junts, según ha podido confirmar Público, destacan ya algunas claves. Desde la formación catalana apuntan a que el texto transaccionado incluye los delitos de terrorismo y traición adaptados a los estándares europeos y no al Código Penal español. Además, el período de aplicación se amplía hasta el 1 de noviembre de 2011, para incluir a todos los acusados por el Tribunal de Cuentas, informa Ferrán Espada.
Fuentes del PSOE resaltan que en materia de terrorismo, la amnistía no incluirá los actos que vulneren tanto la Directiva europea sobre delitos de terrorismo del año 2017 como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
Y en el caso de los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, según estas mismas fuentes, se rechaza la amnistía de cualquier delito haya tenido como resultado una vulneración de los principios de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones de la Asamblea General sobre las relaciones pacíficas entre países.
Respecto a los delitos económicos, el PSOE señala que se refuerza el régimen de los delitos económicos para aclarar que en ningún caso pueden ser amnistiados delitos donde haya habido enriquecimiento. Todos estos aspectos son reforzados según las indicaciones de la Comisión de Venecia, según los socialistas.
En las filas socialistas insisten en que la ley incluye a todas las personas involucradas en el proceso independentista y que es "impecable desde el punto de vista jurídico, constitucional y europeo y, después de incorporar los mejores estándares internacionales, podrá ser una referencia para otras leyes de este estilo en todo el mundo".
También hay algún cambio en el apartado de las sanciones. Las fuentes consultadas indican que "la devolución de sanciones sigue excluida" de la amnistía, aunque existirá la posibilidad de que se exceptúen algunas sanciones menos graves en materia de seguridad ciudadana. En ese caso, podrán ser devueltas por parte de la Administración si "concurren razones de proporcionalidad".
Desde ERC, apuntan a que la ley "queda como estaba" en lo fundamental, aunque hay algunas mejoras, que permitirán por ejemplo "devolver las multas impuestas por la ley mordaza". Así lo han indicado fuentes de ERC, que destacan que hace dos meses había "una ley sólida y robusta que cubría a todas las personas represaliadas" y ahora sigue siendo así.
El Congreso de los Diputados celebra este jueves, a partir de las 11.00 horas, la Comisión de Justicia donde se debe aprobar de nuevo el dictamen de la ley. Con el apoyo de Junts, los socialistas se aseguran ya la votación favorable cuando llegue al Pleno.
Sánchez y la reconciliación
Sánchez, en una rueda de prensa desde Brasil, ha anticipado que el acuerdo estaba cerca. Y ha reiterado que el objetivo de la ley es dejar atrás todas "las consecuencias judiciales" de la crisis territorial en Catalunya. Un conflicto político que nunca debió salir de la política, como llevan meses argumentando en las filas socialistas.
"Las leyes de amnistía han servido para la reconciliación en muchos países", ha destacado Sánchez en referencia al informe que realizó hace unos días la Comisión de Venecia. Eso es lo que busca el Gobierno de España. La reconciliación entre los propios catalanes y seguidamente de la sociedad catalana con el conjunto de hermanos y hermanas de España. Ese es el objetivo", ha añadido. La ley, según el PSOE, entró a las Cortes "constitucional y alineada con el derecho europeo". Y, aseguran, el texto definitivo es igual.
El 'desatascador', una incógnita
Cuando Junts votó en contra del texto final de la ley de amnistía en el Pleno del 30 de enero alegó, fundamentalmente, su gran incomodidad con respecto a un punto muy concreto de la ley, el que hace referencia al terrorismo. Desde ese momento, los junteros sentaron la base de la que sería su posición durante toda la negociación: que la ley cobije los posibles delitos de terrorismo que la Justicia haya imputado o pueda imputar a actores del procés independentista.
A la vez, el PSOE dibujó una monumental línea roja alrededor de su postura sobre los delitos de terrorismo. Sánchez se plantó ya en la negociación previa al Pleno del 30 de enero y apuntaló su posición —no tocar las referencias al terrorismo en el texto— en los días posteriores. Es algo que cobró importancia una vez se conoció que el Tribunal Supremo había decidido investigar a Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo vinculado a Tsunami Democràtic.
La gran incógnita y la pieza sobre la que gira todo era esa. ¿Cuál iba a ser el desatascador que han encontrado PSOE y Junts? La discreción, condimentada con alguna píldora de información lanzada, especialmente, desde las filas del PSOE, ha reinado durante la negociación. Este jueves, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atenderá a los medios a las 9:15 horas en el Congreso. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, hará lo propio a las 10:45 horas. Se especulaba con una posible comparecencia a dos o tres bandas —con ERC—, pero, finalmente, nada hace pensar que vaya a celebrarse. Sí se espera que comuniquen el contenido del acuerdo antes de que la Comisión de Justicia se reúna a las 11 horas.
Santos Cerdán, Secretario de Organización del PSOE y uno de sus principales negociadores, ha puesto en valor la "reconciliación y generosidad" necesarios para "seguir construyendo un país mejor". Lo ha hecho en una publicación en la red social X. Cerdán califica el escenario resultante de la firma del acuerdo como "una nueva etapa" y habla de la amnistía como una ley "valiente, constitucional y garantista", que deja atrás "la peor crisis de nuestra democracia".
Siguientes pasos
Con el pacto entre Junts per Catalunya y PSOE en la mano, la Comisión de Justicia, en su reunión de este jueves 6 de marzo, emitirá un dictamen que se someterá a votación en el Pleno del Congreso, todavía sin fecha. El Reglamento de la Cámara Baja, eso sí, da 48 horas para que, una vez se haya emitido el dictamen, cualquier grupo pueda comunicar a la presidencia del Congreso, en este caso, a Francina Armengol, los votos particulares y enmiendas que —y esto es importante— "habiendo sido defendidos y votados en comisión y no incorporados al dictamen pretendan defender en el Pleno".
No debería ocurrir, en este caso, según han comunicado los actores implicados. En principio, ninguna de las fuerzas interesadas en que prospere la ley tiene la intención de salirse del marco del dictamen, que ya ha acarreado de por sí unas extensas negociaciones hasta que todas las partes, en especial Junts y PSOE, han encontrado un punto de encuentro, todavía desconocido.
Una vez la amnistía se vote en Pleno y logre el "sí" del Congreso —a diferencia de lo que ocurrió el 30 de enero, cuando Junts devolvió la ley a la Comisión de Justicia—, el texto pasará directamente al Senado. Es de esperar que la amnistía se entretenga al menos dos meses en la Cámara Alta. El Partido Popular (PP) ha dicho por activa y por pasiva que su plan consiste en obstaculizar al máximo, con su mayoría, ese tramo del recorrido parlamentario de la ley. No en vano, modificó el Reglamento de la Cámara para evitar tramitar con urgencia la amnistía.
Ya con antelación, los populares han pedido informes a los letrados de la Cámara y a la secretaría general, cuyo contenido todavía se desconoce, sobre el encaje constitucional de la misma. La Mesa del Senado, en añadidura, también solicitó uno a la Comisión de Venecia, pero el órgano ya ha emitido un borrador que no ha encajado con el alarmismo que proponen los populares. De hecho, ha avalado la amnistía, al menos, en Europa.
El veto del Senado, en cualquier caso, no puede tumbar de forma definitiva la ley. Una vez la Cámara Alta vote y la mayoría popular se oponga a su aprobación, la ley volverá al Congreso para recibir, si no se da un giro drástico de los acontecimientos, su aval definitivo.
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