CatalunyaPrisión sin fianza para los presidentes de ANC y Òmnium por sedición al promover las concentraciones del 20 y 21 de septiembre

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión sin fianza para los presidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por un delito de sedición al promover las concentraciones de Barcelona del 20 y 21 de septiembre y apelar “a la resistencia" con el fin de "impedir la aplicación de la ley".

La magistrada los envía a prisión ante la gravedad de los hechos y del delito investigado de sedición, con penas que pueden alcanzar los 10 años de prisión, frente a la que es “más intensa” la tentación de huida, además del riesgo de reiteración delictiva, "ya que viene operando dentro de un grupo organizado de personas" y la "alta probabilidad" de que puedan ocultar o alterar pruebas.

Sànchez y Cuixart, a los que la juez asigna el papel de "promotores y directores" de las concentraciones frente a la sede de la Consellería de Economía, son los únicos de los cuatro investigados por sedición en relación a ese asedio que ingresan en prisión, tras reclamarlo la Fiscalía. Los otros dos son el jefe de los Mossos y su mano derecha, Josep Lluís Trapero y Teresa Laplana.

Tanto Sánchez como Cuixat dejaron preparados mensajes grabados por si finalmente la jueza les enviaba a prisión:

En el auto firmado este lunes, la juez considera que Sànchez y Cuixart impulsaron las movilizaciones de miles de personas en Barcelona mientras se practicaban 40 registros judiciales.

La magistrada Lamela relata cómo los días 20 y 21 de septiembre, en los edificios donde se practicaban registros judiciales se concentró “una muchedumbre de personas” en concentraciones promovidas en especial por ANC y OC.

En ellas se hizo un llamamiento “no a una concentración o manifestación pacíficas” sino para la “protección” de sus gobernantes mediante “movilizaciones ciudadanas masivas” allí donde se realizaban los registros por orden del juzgado de instrucción 13 de Barcelona. En algunas de ellas incluso se difundió por el WhatsUp el mensaje de Omnium que convocaba “para aturar la Guardia Civil” (para parar a la Guardia Civil).

Hubo movilizaciones en Exteriores, Governació, en las sedes del PSC -donde se agredió a militantes- y de la CUP, así como en la imprenta de Bigues i Riells, en Sabadell y en Les Franqueses del Vallés.

Sitiados y retenidos por la muchedumbre

La más significativa fue la concentración durante el registro de la sede de la Secretaría General de Economía, donde una multitud rodeó el edificio y “los agentes y la letrada de la administración de Justicia permanecieron sitiados y retenidos en contra de su voluntad” durante varias horas.

La Letrada del juzgado estuvo retenida desde las 22 horas –cuando terminó el registro- hasta las 23:45 horas, hora en que fue evacuada a través de un teatro contiguo, camuflada entre el público. A las 4 de la madrugada se pudo sacar al primer grupo de la comisión judicial y a las 7 de la mañana los demás.

El auto describe cómo algunos de los congregados “pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil. Otros impidieron a los agentes” y a los integrantes de la comisión judicial abandonar los edificios. Otros manifestantes se sentaron sobre el asfalto para impedir el paso de los vehículos policiales, y otros empujaron a los agentes.

Miembros de ANC montaron un puesto para voluntarios, donde se entregaban chalecos de diferentes colores para organizar turnos de relevo e hicieron un cordón ante la puerta de la consellería “para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos”, intimidando a los agentes al grito de “no sortireu” (no saldréis).

Sànchez y Cuixart se erigieron como interlocutores de la concentración, “planteando diferentes opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos, pero nunca aceptando” las opciones que proponían los especialidad en seguridad ciudadana para evitar o disminuir los riesgos”.

“Nunca” utilizaron el control que tenían “para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez”.

“Que nadie se vaya a casa, será una noche larga intensa”, dijo a los congregados Sànchez. Por su parte, Cuixart pidió que la movilización no se detuviera. Y ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a la “movilización permanente” desde ese día a favor del referéndum.

La república catalana como finalidad

La finalidad inmediata de los congregados era impedir que los funcionarios de la Administración de Justicia y los agentes pudieran desarrollar sus funciones y cumplir lo ordenado por el juez de Barcelona en el seno de un procedimiento judicial.

La finalidad última, según la juez, era conseguir la celebración del referéndum “y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo conscientes de que desarrollaban una actuación” al margen de la ley, “impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto” y, en particular, la norma fundamental: la Constitución.

La juez recuerda además la actuación de Cuixart en Badalona (Barcelona) después de que la Guardia Urbana incautara unos carteles en apoyo al 1-O que se hallaban en el interior de un vehículo.

Ese día, Cuixart y otras personas exigieron a los agentes la devolución de los carteles, a lo que estos se negaron, por lo que el líder de Òmnium y el teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Téllez, "sustrajeron del interior del vehículo oficial todo el material intervenido" e impidieron a los agentes recuperarlo.

Sànchez y Cuixart ingresarán en la prisión de Soto del Real (Madrid), donde se encarcelan a los presos preventivos. Allí permanece encarcelado Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán investigado por la fortuna oculta de la familia en el extranjero.

El delito de sedición contempla penas de hasta 15 años de cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".