El concurso de acreedores solicitado por Abengoa, de la que dependen unos 1.500 empleos en Sevilla y 14.000 en todo el mundo, ha llevado a que los focos políticos alumbren por este asunto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La suspensión de pagos de una de las empresas señeras de Andalucía después de un lustro en crisis, fagocitada por la deuda, supone una de las mayores del país por su volumen. 

En el ámbito político, se discute el último plan de salvación, que se puso en marcha en agosto pasado y que implicaba una inyección de capital de 550 millones de euros, que dependía fundamentalmente de avales públicos, por un lado, del Gobierno –de la aseguradora del Estado y del ICO– y, por otro, de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, el Gobierno andaluz, que tenía una patata muy caliente entre las manos con este asunto, se negó a poner los 20 millones con los que la empresa contaba –la Junta ha asegurado siempre que los letrados de la administración, vistos los antecedentes de los Ejecutivos anteriores, que afrontan un rosario de juicios, no habían hallado formas jurídicas para ayudar a la compañía– y dificultó, con ello, que el plan pudiese ponerse en marcha.

Todas las fuentes consultadas por Público coinciden –unas hacen más hincapié, otras menos– en que esa negativa del Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, a participar en el rescate de la multinacional ha influido en alguna medida en este desenlace, porque al fallar una de las patas del plan, la garantía de la Junta de Andalucía, eso tuvo sus consecuencias y causó además una bronca política que en nada ha ayudado a la multinacional.

Este martes, el presidente de la Junta, podría decirse, se lavó las manos, insistió en su tesis de que era jurídicamente imposible haber entregado esos 20 millones y se entregó, evitando la intervención pública, a las inhóspitas leyes del mercado. "Si se habla de 6.000 millones de descuadre en las cuentas de Abengoa, los 20 millones solicitados a la Junta y que no podemos darle por la normativa, no hubiera contribuido prácticamente de ninguna manera a poder mejorar la situación de la empresa", manifestó en Ronda (Málaga), donde el Gobierno mantuvo su reunión semanal, según recoge Europa Press.

La deuda real de Abengoa no anda lejos de la cifra que aportó Moreno, según las últimas cuentas, las de 2019, que presentó con retraso. De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordó este martes, según informó en un comunicado, abrir "un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave a Abengoa, así como a los miembros de su Consejo de Administración por la no remisión a la CNMV y difusión pública, en plazo, del Informe financiero anual individual y consolidado de 2019".

En la comunicación en la que informaba de que había solicitado el concurso en un juzgado de Sevilla –el número 3 de lo mercantil–, Abengoa no daba por perdida la batalla y lanzaba un nuevo SOS: "El Consejo de Administración, siendo consciente de la compleja situación y de las, cada vez, mayores dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés con posiciones, hasta ahora, enfrentadas, sigue comprometido en buscar alternativas para evitar la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor, objetivo para el cual se solicita a todos aquellos que tienen intereses en la Sociedad y su grupo la máxima colaboración para tratar de evitar perjuicios definitivos".

Moreno este lunes se quitó una vez más de en medio de este asunto y apuntó que confiaba en que el ICO, el Gobierno, las entidades financieras y la empresa establecieran un plan de viabilidad "serio" y que pudiera dar "futuro a la compañía". Y, luego, agregó que la Junta estaría al lado de Abengoa "en cada cuestión que solicite y puedan atender", recoge Europa Press.

El Gobierno defiende su actuación

Desde el Gobierno, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, defendió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había hecho "sus deberes y tareas" para ayudar a mantener la viabilidad de la empresa y afirmó, tras el Consejo de Ministros, que la responsabilidad del fracaso era, fundamentalmente de la banca y de la Junta de Andalucía. Tienen "que explicar por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso" que el Ejecutivo, dijo Montero, según recoge Europa Press. La ministra sostuvo que el Gobierno había apoyado "en todo momento" a Abengoa y que siempre había "tendido la mano" a la compañía para "llevar a buen puerto una difícil situación.

"Nosotros hemos intentado ser parte de esta solución, pero otros actores que tenían que participar no han cumplido con las expectativas o compromisos que la propia empresa tenía planteados. No es una valoración del Gobierno, sino que la lectura detenida del hecho relevante de la compañía puede hacer llegar a estas mismas conclusiones", apostilló Montero.

La ministra cerró con un llamamiento: "Evidentemente todavía queda camino por recorrer, el hecho de presentar el concurso no tiene que implicar necesariamente que se vaya a producir una liquidación definitiva de la empresa, ojalá el administrador tenga capacidad de buscar un nuevo inversor que se pueda aprovechar del talento y el know how que una de las empresas de ingeniería mas importante del país y la más importante de Andalucía ha aportado en los últimos años".

En la Comunidad, la suspensión de pagos de Abengoa causó un revuelo muy importante. "Tras cuatro meses de incertidumbre, con todo paralizado, sin avances, y terminas con que los bancos no mantienen la prórroga del plan de refinanciación ni el Gobierno ni nadie. Se va acotando cada día mucho más la situación de la compañía en cuanto a futuro y viabilidad", manifestó Manuel Ponce, de UGT a Europa Press. Ponce afeó a "la Junta de Andalucía que no cumpliera con su compromiso de aportar 20 millones" y también hizo hincapié en el papel jugado por los accionistas minoritarios, de los que dijo que "ejercieron su derecho para boicotear la refinanciación".

CCOO sacó un comunicado en el que afirmaban que los empleos, de los que 3.000 están radicados en España, "son la máxima preocupación". Luego, describían la situación como "compleja" y "grave" y aseguraban que no iban a renunciar "a ninguna de las acciones a las que como sindicato" tienen "derecho".

La patronal andaluza, en un comunicado, evitó críticas directas al Gobierno de Moreno, pero apeló una vez más 2al necesario agotamiento de todas las vías de ayuda posibles, desde la Administración y las entidades financieras, para salvar la compañía y los puestos de trabajo que representa".

Para la Confederación de Empresarios de Andalucía, Abengoa es un "referente de Andalucía y sinónimo de empleo cualificado e innovación en la comunidad a lo largo de décadas". "Es indiscutible el impacto muy positivo de la firma sevillana en la economía andaluza, de la que ha sido empresa tractora procurando actividad a otras muchas empresas de menor tamaño en nuestro tejido productivo", agregaba la patronal.

La oposición carga contra Moreno

El PSOE de Andalucía arremetió contra el presidente. "No entendemos cómo se ha llegado a esta situación y que Moreno Bonilla haya dejado caer a esta empresa de la que dependen 3.000 trabajadores. Van a llegar muchos recursos europeos y nos preguntamos para qué sirve un gobierno si en una situación como esta deja caer una empresa como Abengoa. 500 millones de euros iba a aportar el gobierno de España y Moreno Bonilla tan solo tenía que poner 20 millones de euros para salvar a la empresa y no ha querido", afirmó Susana Díaz.

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, también cargó contra el presidente. "No ha sabido estar a la altura para salvar a la multinacional andaluza. La ha dejado morir y se ha lavado las manos". Velarde calificó de "auténtico mazazo para Andalucía y su tejido industrial la quiebra de Abengoa como resultado de las malas decisiones empresariales". "No se puede permitir la pérdida de empleos ni dejar desaparecer una empresa clave para un sector estratégico de la economía. [Moreno tiene que] intervenir y actuar con determinación, como corresponde a su responsabilidad".

Podemos subrayó además que Abengoa ha recibido "millones de euros en ayudas públicas pagadas por los andaluces, lo que supone un motivo más que suficiente para que las instituciones autonómicas se hubieran implicado hasta lograr que la multinacional se convirtiese en la piedra angular del cambio necesario en el modelo productivo de Andalucía".

El PP defendió las tesis del Gobierno y la actuación de Moreno, que el portavoz de Economía del PP, Ramón Herrera, resumió en una nota de prensa de este modo: "Por la gestión del PSOE en casos como Isofotón, la Junta perdió la capacidad de ayudar a empresas como Abengoa".

"Los socialistas llevan meses metiendo presión para que desde el Gobierno andaluz se le diera ayudas públicas imposibles por valor de 20 millones a una empresa con una deuda de 6.000 millones de euros", agregó Herrera. Este tipo de ayudas a fondo perdido por parte de una administración "es un asunto de bastante importancia que no puede darse sin un aval jurídico", remachó el diputado conservador.