Todo está en el aire en este momento en lo que respecta a Abengoa, la mayor empresa industrial de Andalucía, que afronta los días decisivos de una nueva reestructuración de la deuda, la tercera, anunciada en verano y que debería resolverse ahora. La empresa, de cuya viabilidad dependen 1.500 empleos en Sevilla y 14.000 en todo el mundo, según los sindicatos, afronta estos días decisivos descabezada: quién o quienes controlan la compañía, después de que el actual consejo fuese destituido, se verá en una junta de accionistas en un par de semanas.

El pasado 6 de agosto, la empresa, agobiada por las deudas, anunció un plan para recuperar el tono y la salud financiera. La actuación, que implica la movilización de unos 550 millones de euros, dependía fundamentalmente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la aseguradora de créditos del Estado, que avalarían a la empresa frente a la banca, los fondos y los acreedores, y también de que la Junta de Andalucía de estuviera en la operación con la aportación de 20 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno andaluz –formado por una coalición de PP y Ciudadanos– no tomó en origen la decisión política de estar en la reestructuración de la compañía, sino que su entrada en esta historia viene motivada por las exigencias de los gestores del Estado, según las fuentes consultadas por Público, y ahora, tras poner a sus letrados a estudiar el asunto, ha optado por no aportar ese dinero, lo que ha llevado a la empresa a una situación límite y a plantearse incluso irse de Sevilla, donde tiene la sede, a otra Comunidad Autónoma –se ha hablado de Valencia– si ello le permite sobrevivir.

El Ejecutivo que preside Juanma Moreno estudió la petición y buscó un modo de echar una mano a una compañía señera de Andalucía, pero, según las fuentes consultadas, no logró el visto bueno de los juristas de la Junta para ninguna de las opciones que puso encima de su mesa. No pudo ser una subvención, ni una subvención excepcional ni tampoco un aval ni un préstamo. Los letrados rechazaron todas esas opciones, según indicaron a Público fuentes del Gobierno.

Ha habido episodios, además, en todo el embrollo de la reestructuración poco edificantes. Una vez más, bonus millonarios a directivos de una empresa en una profunda crisis entraron en la ecuación.

La Junta de Andalucía lleva, en cierto modo, jugando con una mano atada a la espalda varios años ya, desde que los tribunales, impulsados en algunos casos por acusaciones del mismo PP que hoy gobierna, entraron a poner en cuestión, a juzgar y a condenar finalmente buena parte de la política industrial de la administración que dirigió durante años el expresidente Manuel Chaves.

Créditos de la Junta a empresas, la inversión pública en capital riesgo, las ayudas a trabajadores de compañías en crisis, los fondos europeos para el empleo, todo ha sido investigado y puesto patas arriba por los jueces. Aún hay casos abiertos –el principal, el de los ERE está a la espera de la revisión del Supremo, pero ha acabado con penas de cárcel para varios consejos de Chaves– y el Ejecutivo de Moreno sabe que un paso en falso en ese terreno acabaría por la vía rápida con la primera oportunidad que ha tenido la derecha de gobernar en Andalucía en 37 años. Este mes de enero cambiaron los estatutos de la Agencia Idea, uno de los entes públicos en el ojo del huracán, en una dirección más garantista y legalista.

El vicepresidente Juan Marín expresó en fechas recientes la posición del Gobierno de una manera muy clara: "Esto no es una cuestión de 20 millones de euros; es una cuestión de inseguridad y desconfianza absoluta después de todo lo que ha venido sucediendo en la Junta de Andalucía, como por ejemplo con el caso Isofotón y otros parecidos, donde el Gobierno socialista empezó a dar ayudas que ahora están en los tribunales de justicia y que hemos tenido que pagar todos los andaluces".

"Ni Abengoa ni ninguna multinacional ni ninguna empresa va a recibir un euro de la Junta de Andalucía si no contamos con los informes jurídicos y de la Intervención General que avale esa disposición de recurso, y Abengoa esto lo sabe, su presidente esto lo sabe, y estamos en esa tramitación de conseguir ese aval jurídico para poder aportar esa cantidad", agregó. "Tenemos la obligación legal y moral de que ni un euro de los andaluces se entregue o se dé a nadie sin la garantía jurídica necesaria para que realmente eso se pueda realizar", remachó.

La oposición, PSOE y Adelante Andalucía, apoya a la empresa en su exigencia de los 20 millones y cree que los argumentos del Gobierno andaluz son cuentos chinos y que si quisieran echar una mano de verdad, hallarían la fórmula. A los socialistas les sucede lo contrario que al PP, si esa ayuda la diera Moreno, vendría a suponer una victoria en cierto modo, porque los conservadores harían entonces lo que han criticado durante años.

Más allá de consideraciones de tenor político, que, cuando se trata de decisiones como estas, entran siempre en la ecuación, Manuel Jiménez Barrios, exvicepresidente de la Junta y hoy diputado del PSOE, manifestó este jueves en el Parlamento de Andalucía que si el Gobierno andaluz ha sacado decretos de emergencia durante la pandemia, como ciertamente ha hecho, para ayudar a pymes y a autónomos, bien podría elaborar uno también para empresas industriales. La única respuesta que obtuvo del consejero de Economía, Rogelio Velasco, fue la misma que Marín. Que sin el aval jurídico de los letrados de la administración, nada se iba a hacer.

Para Martina Velarde, secretaria general de Podemos en Andalucía, "Abengoa puede y deber ser la locomotora de la transformación del modelo productivo en nuestra tierra". "La Junta de Andalucía tiene que tomar decisiones valientes para proteger a los trabajadores y trabajadoras, que son las víctimas directas de un desencuentro entre la Junta y la dirección de la empresa que podría solucionarse con voluntad de diálogo", considera Velarde.

Inma Nieto, portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento, reivindicó la banca pública proyectada durante los años de cogobierno de PSOE e IU que nunca llegó a hacerse tras la ruptura del pacto y manifestó su "extrañeza" ante la negativa del Gobierno a apoyar una operación con un alto grado de consenso. "Había herramientas legales que pasaban por la vía parlamentaria y que no hubiéramos tenido inconveniente en apoyar. No entendemos cómo finalmente no ha llegado al parlamento. No entendemos por qué no ha sido así. Lamentamos que al final la junta tomase la decisión equivocada de quitarse a sí mima la posibilidad de intervenir en sectores estratégicos".

Miopía de la Junta de Andalucía

Para los sindicatos, la cosa está clara:  es evidente que el plan es necesario y si sale adelante, "le va a dar capacidad para volver a crecer". "No hay una apuesta por una Andalucía industrial. La única respuesta del Gobierno es el sector turismo. Me parece de una miopía tremenda. Cuando la industria es la que tiene mayores capacidades. La capacidad de generar empleo de la industria está más que demostrada. En ese discurso de la corrupción lo que subyace es la inutilidad y la falta de apuesta. Los discursos de oscurantismo, no. Búsquese el procedimiento transparente", afirma Juan Caravaca, secretario de la federación de Industria de CCOO en Sevilla.

Sobre el posible cambio de sede, Caravaca considera que el efecto-sede siempre tiene un tirón y que la relación de Abengoa con Sevilla es un lazo histórico, pero se hace la siguiente pregunta: "Si el Gobierno de Valencia decide apostar ¿qué pasa que es corrupto? Pues no. Eso implicaría que tiene una valentía y una apuesta por un empleo industrial". Europa, recuerda, apuesta precisamente en esta etapa por el medio ambiente y las compañías que trabajan en este terreno.

Sobre las causas que han llevado a Abengoa a esta situación, Caravaca considera que "todavía se arrastra la mala gestión de la anterior dirección de [la familia] Benjumea", histórica propietaria de la empresa: "Hubo un crecimiento no medido, una apuesta sobre la ingeniería y la energía fotovoltaica. Se creció con pies de barro. Hubo mucho juego financiero no soportado por hechos industriales sólidos".

El embrollo, sin embargo, es, en este momento, muy complicado. Una empresa de miles de trabajadores que está descabezada, sin un liderazgo social, con sus cuentas judicializadas y a la espera de que la política una vez más le arregle sus problemas.