Ni una palabra. El presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, y la representante designada por el partido han evitado declarar ante la Justicia que investiga su presunta financiación ilegal. Esta opción ya había sido adelantada por Público. Los populares se excusan en que la comparecencia, que se ha producido hoy en los Juzgados salmantinos, está recurrida. La investigación, que podría implicar a Alfonso Fernández Mañueco según un documento publicado por este medio, ha estallado en plena campaña electoral de Castilla y León. La acusación particular sostiene que hay una estrategia deliberada para retrasar el proceso judicial hasta después de las elecciones. 

Según ha podido saber este medio, tanto Iglesias como la representante de los populares sí han comparecido en sede judicial, puesto que estaban obligados a ello. El dirigente del PP, también presidente de la Diputación de Salamanca, lo ha hecho por vídeoconferencia, aludiendo que el pinchazo por la vacuna contra el Covid-19 le había causado reacción. 

Ángel Gamazo, portavoz del Foro de Izquierdas-Los Verdes, cuyo abogado representa la acusación particular en esta causa, afirma a este medio que lo de hoy "ha sido un verdadero circo" y "un montaje rocambolesco". "La clave de este asunto es no dar explicaciones a los ciudadanos sobre grandes fechorías que están documentadas. Como no pueden contrarrestarlo, usan las triquiñuelas legales para no declarar y no empañar una campaña que se les está poniendo cuesta arriba", añade Gamazo. 

El próximo 3 de marzo, ya dos semanas después de los comicios autonómicos, está llamada también a declarar la gerente del partido en Salamanca, Isabel Sánchez. Desde la acusación particular señalan que el caso podría quedar pendiente ya para juicio definitivamente tras la declaración y que los acusados solo pueden pedir una declaración voluntaria próximamente, algo que tendría que admitir el juez. 

Este caso comenzó a investigarse en los tribunales en el año 2019 tras una denuncia ante la Fiscalía por incurrir en una posible financiación ilegal del partido en Castilla y León. En concreto, se denunciaba la gestión durante las primarias de los populares en esta comunidad autónoma que terminó ganando Mañueco. La denuncia señalaba una especie de "impuesto revolucionario" reclamado a los cargos públicos del partido en Salamanca. Un presunto dinero negro que se entregaba en mano para cubrir las cuotas morosas de los afiliados y que estos pudieran votar masivamente al actual líder autonómico. 

Tras un primer archivo y una posterior reapertura, el pasado mes de noviembre el juez imputaba a los mencionados Iglesias y Sánchez, así como al PP como ente jurídico. Mañueco, tras la publicación de un nuevo documento la semana pasada decía estar tranquilo. En Génova, Pablo Casado destacaba no tener información al respecto. 

Por su parte, desde Ciudadanos, socios de Gobierno del PP hasta la abrupta convocatoria electoral, subían el tono este fin de semana, vinculando este caso por corrupción con la convocatoria electoral. Además, el exvicepresidente y candidato de la formación naranja, Francisco Igea, revelaba una conversación con Iglesias sobre esta cuestión. "Sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió", afirmó precisamente en la fachada de los Juzgados de Salamanca.