Dos meses después, el Partido Popular vuelve este jueves a la mesa de negociación con el Gobierno central y los de Canarias y Ceuta para la reforma de la ley de extranjería, pero lo hace con pocas expectativas sobre la posibilidad de un acuerdo y únicamente porque es un encuentro a cuatro bandas. La realidad es que no ha cambiado nada y, para el PP, el pacto sigue lejos.

Sostienen que el Gobierno debe asumir el documento que firmaron Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo, presidente canario, septiembre, y ponen como línea roja que se "involucre" a la Unión Europea aceptando un sistema para la reubicación de los menores migrantes no acompañados en otros países de la Unión y pidiendo ayuda a Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) para el control de las fronteras.

Es decir, los populares están dispuestos a llegar a un acuerdo con el Gobierno en materia migratoria, aun con la presión de Vox in crescendo, siempre y cuando puedan arrancarle al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, un endurecimiento de las fronteras, en línea con el modelo de la ultra italiana Giorgia Meloni que defiende el PP. Quieren cambiar toda la política migratoria y no solo lo relativo a la reubicación de los menores no acompañados, es decir, al artículo 35 de la ley de extranjería.

En este sentido, Torres ha defendido este miércoles que la reunión que se producirá en las próximas horas es "una oportunidad" nueva y que va a "volver a tender la mano" al PP. El ministro y expresidente de Canarias asegura que el Gobierno ha ido "respondiendo" a todas las peticiones de Miguel Tellado, interlocutor por la parte popular, y que, además, se está "hablando de admitir a trámite una proposición de ley" a la que se pueden hacer enmiendas y nuevas peticiones en el trámite parlamentario. Pero en el PP sostienen que el marco negociador es el documento que firmaron Feijóo y Clavijo y que de ahí no se moverán.

La presión de Vox es grande y, además, Tellado tampoco quiere sentarse en la misma mesa de negociación que Torres y que la extrema derecha le acuse de "blanquear" al ministro, señalado por Víctor de Aldama en su declaración voluntaria ante la Audiencia Nacional. Por eso, el PP ha vetado las fotografías en la reunión de trabajo que se producirá este jueves en la sede del gobierno canario de Madrid. Quieren que pase desapercibida, pero no lo hará. Es más, ha tenido consecuencias incluso antes de producirse.

Vox presiona al PP

Para la extrema derecha la migración es su gran caballo de batalla. En el mes de julio, después de un resultado regular en las elecciones europeas, Santiago Abascal anunció que Vox saldría de todos los gobiernos autonómicos en los que gobernaba con el PP para pasarse a la oposición. La decisión la tomó la cúpula del partido ultra a raíz de que Feijóo empujase a todos su presidentes autonómicos a apoyar la reubicación de 347 menores migrantes no acompañados acordada. Una cifra pactada en 2022 y que no correspondía a la situación de emergencia actual en Canarias. Vox tenía una estrategia a largo plazo, que mantiene.

Y por ello este miércoles, apenas un día antes de que Tellado se reúna con Torres y los gobiernos de Canarias y Ceuta para retomar las conversaciones, los de Abascal han anunciado que rompen las negociaciones presupuestarias en todas las autonomías.

La amenaza no es baladí porque el PP ha repetido en numerosas ocasiones que un gobierno sin cuentas públicas no puede seguir adelante, en referencia al Ejecutivo central, y sus regiones serían presas de su propia estrategia. Por el momento, Feijóo ha puesto pie en pared: "El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones, sin someterse a chantajes de ningún tipo. Ni de un lado ni de otro".