Comisión de investigaciónLa Policía no analizó las grabaciones del ministro que 'Público' entregó a la Fiscalía

Al final, y sólo un día antes de que el exministro del Interior declare ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, la Policía Judicial ha informado por fin sobre el mayor escándalo de seguridad de las últimas décadas: las grabaciones al titular del Ministerio en su propio despacho oficial, difundidas por Público en exclusiva hace más de nueve meses.

La documentación entregada por la Comisaría General a la comisión que este miércoles tomará declaración a Jorge Fernández Díaz, no deja lugar a dudas: "El ministro del Interior ordenó al Director Adjunto Operativo [DAO] del Cuerpo Nacional de Policía, la apertura de una investigación interna para determinar todas las circunstancias relacionadas con el origen de las grabaciones y su posterior filtración a la prensa". 

Público ha tenido acceso a toda la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial, con dos informes de conclusiones fechados el 14 de julio y de 25 de agosto de 2016. Y lo primero que llama la atención es que, a pesar de que este medio entregó el 30 de junio los audios íntegros a la Fiscalía General del Estado, que en ese momento dirigía Consuelo Madrigal, la Policía ni solicitó copia ni los analizó ni transcribió.

Ambos informes concluyen sin haber logrado averiguar nada acerca de la exclusiva revelada por este medio sobre las grabaciones a Fernández Díaz y al ex director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, los días 2 y 16 de octubre de 2014 en el despacho oficial del ministro. Según se afirma en estos informes de carácter reservado, la Policía se encuentra ante "la falta de evidencias científicas y la falta de indicios racionales suficientes para poder atribuir hasta el momento, a persona o personas determinadas la autoría tanto de las grabaciones como de su posterior filtración". 

Es decir, el ministro ordenó investigar quién le grabó al sentirse "víctima de un atropello" y eso fue lo que hizo el director adjunto operativo (DAO) que estaba en funciones, Antonio Rodríguez, tras la reciente jubilación --en las mismas fechas en las que este medio desveló las grabaciones-- del ya conocido comisario Eugenio Pino, recientemente imputado por la falsa cuenta de Xavier Trias y a quien la Audiencia Nacional pide que se procese por introducir un pendrive de origen desconocido que podría haber contaminado la investigación sobre la familia Pujol.

Fue durante el mandato de Eugenio Pino cuando se grabó al entonces ministro en su despacho, al parecer sin su consentimiento, aunque el jefe de la brigada política de Fernández Díaz haya declarado recientemente en una entrevista que el sí sabía que existía esa grabación porque: "En el Ministerio hay salas donde se graba absolutamente todo porque estamos allí y cada uno tenemos una opinión, para que quede constancia de la postura de cada cual en las reuniones. Hay una sala detrás, una sala de control en la que se puede grabar. Ahí el problema es el custodio".

La Policía no transcribió los audios íntegros ni los analizó

Según consta en los documentos remitidos al Congreso de los Diputados, los audios que llegaron a Público de manera anónima fueron entregados por el director general de la empresa, José María Crespo, a la Fiscalía General del Estado el 30 de junio en un "pen-drive que contiene las referidas grabaciones por su procediera realizar de oficio algún tipo de actuación o diligencia".

Pese a que ese mismo día Público tituló a toda portada con ese hecho, no fue hasta el mes de agosto que la Policía Judicial se dio por enterada de que podía tener acceso a los audios originales, al recibir "fotocopia del escrito" presentado ante el ministerio público. Pero ni aun así solicitó las grabaciones íntegras en ningún momento.

Por su parte, el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, envía a finales de julio copia del escrito presentado por Público un mes antes, pero tampoco adjunta los audios. Además ordena que se le informe de "investigaciones en curso o llamadas respecto de la posible revelación de secretos en la conversación captada y divulgada entre el sr. Ministro del Interior y su interlocutor, Director de la Oficina Antifaude". 

La respuesta que le da la Policía es que se han analizado sólo seis audios descargados de la web de este diario --aunque no explican por qué escogieron esos y no otros, de los muchos cortes que Público difundió-- y que en total no llegan a más de 10 minutos de grabación (de casi cuatro horas de grabaciones). Tampoco transcriben su contenido en ninguna parte, por lo que no se puede saber cuáles analizaron... salvo para corregir un par de frases del ministro, especialmente dañinas para él, que afirman haber sido mal transcritas por los periodistas.  

La Policía admite que la grabadora pudo ser "móvil" e introducido por De Alfonso antes de llegar el ministro 

Del estudio de esos seis audios, los expertos de la Policía Científica sólo pueden concluir que "el mecanismo de grabación debía estar instalado en un elemento fijo del lugar donde se produjo el encuentro o bien en un elemento móvil que pudiera haber sido introducido en dichas dependencias en los momentos previos a la entrada del titular del departamento y en un lugar más o menos equidistante a la posición ocupada durante la reunión por los principales interlocutores". 

Sin embargo, a pesar de que como ya contó Público el 2 de julio se escucha perfectamente cómo Daniel de Alfonso anda por la salita de espera y saca un café de la máquina antes de que un asesor de Fernández Díaz le abra la puerta del despacho (y luego esperan hablando entre ellos unos minutos hasta la llegada del ministro), a la Policía no le pareció pertinente hacer ningún tipo de gestión con el exdirector de la Oficina Antifraude por si alguien pudiera estar monitorizando su teléfono o por si pudiera haber grabado al ministro conscientemente. 

Tampoco hizo la Policía Judicial ninguna gestión para averiguar quién introdujo a Daniel de Alfonso en el Ministerio del Interior sin pasar por los detectores de metales, ya que finalizó la investigación cuando el Ministerio le informó de que ya estaban borrados los registros e imágenes de acceso a esa sede de los años 2014 y 2015. 

En los barridos en el Ministerio nunca se ha encontrado un micrófono, según el actual 'número dos' de la Policía

Hace apenas un mes, el nuevo DAO de la Policía, Florentino Villabona, solicitó información sobre los barridos que se habían hecho en el Ministerio del Interior desde 2012 hasta 2016. En total, han sido 4 barridos incluyendo el realizado al actual ministro, Juan Ignacio Zoido, tras su toma de posesión. El resultado de todos ellos es el mismo: "No hemos detectado nada que nos hiciera suponer que había algún tipo de dispositivo de escucha ilegal". 

Resulta curioso, porque entre los reseñados no se encuentra el realizado a bombo y platillo en julio de 2016 y que fue encargado por Fernández Díaz cuando decía buscar quién le había grabado ilegalmente en su despacho. El agente encargado del informe asegura que "el primero fue en enero de 2012, sin precisar fecha, en el 2013 y a finales de 2016, pero cuando todavía estaba en activo el anterior ministro". 

Llama la atención que ese agente señale que el motivo de que no tengan la información de los años 2014 y 2015 y de no poder precisar más las fechas es que "el ordenador donde estaban los datos de los tres primeros barridos se estropeó cuando tuvimos la inundación el día 11 de junio de 2015". Entonces, ¿por qué no quedó registrado en la Policía el barrido hecho con la presencia de los medios de comunicación (convocados para la ocasión) el 2 de julio de 2016 y que abrió todos los telediarios de ese día?

Estas son algunas de las preguntas que tendrán que responder los comparecientes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados y muchas de las claves las guardan los policías nombrados por Jorge Fernández Díaz, como el imputado comisario Eugenio Pino, a quien PP, PSOE y Ciudadanos no quieren llamar a declarar. 

Porque lo más curioso de todo es que se pretenda investigar las grabaciones sin escucharlas en su integridad y sin interrogar a los sospechosos de efectuarlas.