La era del polémico magistrado Enrique Arnaldo en el Tribunal Constitucional no podía comenzar de otra manera. Este viernes se ha sabido que será el ponente encargado de redactar la sentencia que dé respuesta al recurso que presentaron en 2010 diputados del PP contra la Ley del Aborto.

El pleno gubernativo celebrado este mismo viernes ha decidido que Arnaldo sea el magistrado que herede toda la cartera de ponencias que deja pendiente el magistrado saliente Andrés Ollero.

Se da la circunstancia de que el magistrado conservador Arnaldo, que hasta ahora ha sido letrado de las Cortes, fue designado a propuesta del Partido Popular (PP) para ocupar sillón en el pleno del TC.

Y no solo eso. En un artículo de los más de 300 que publicó en el digital El Imparcial, en 2009 Arnaldo se manifestaba en contra de la ley de plazos de la socialista Bibiana Aído en estos términos: "Hace unos días, cuando la Ministra de o para la Igualdad, Bibiana Aído, presentó su propuesta de ley de plazos del aborto, adelantó que las mayores de 16 años podrían decidir por sí mismas, sin autorización de los padres o tutores: ‘Si pueden casarse o tener hijos, pueden también abortar’. Por la misma regla de tres podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias, ser plenamente responsables en el orden penal (y no con los privilegios de la legislación penal de menores), incorporarse a cualesquiera de los Ejércitos o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¡Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?".

Reciente sentencia del Supremo

Precisamente este pasado 17 de noviembre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) inadmitía a trámite las querellas formuladas por la Asociación de Abogados Cristianos y la asociación ultra HazteOir.org contra varios magistrados y exmagistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el retraso en resolver el recurso contra esa Ley del Aborto por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno.

Los querellantes imputaban un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia, en relación al retraso en la resolución del recurso de inconstitucionalidad planteado por 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra diversos artículos y disposiciones de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Ahora, el reloj empieza a correr para Arnaldo y dependerá de la celeridad y de la prioridad que se le dé a ese asunto para que pueda presentar en tiempo una ponencia que posteriormente tendrá que ser votada por el pleno del tribunal de garantías.

De momento, lo que sí está sobre la mesa es el anuncio de la Fundación Española de Abogados Cristianos de llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a Ollero. Le acusan de un posible delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso.

Diputados del PP, contra la ley del aborto

En diciembre de 2020 un grupo de exdiputados del Partido Popular que firmaron el recurso que presentó la formación el 1 de junio de 2010 contra la Ley del Aborto entregaron ante el Tribunal Constitucional un escrito de petición reclamando que se dictara ya sentencia sobre esa norma que impulsó el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los firmantes del escrito --un total de 24-- recordaban que el Tribunal Constitucional acordó mediante auto de fecha 14 de julio de 2010 dar "carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso". Y recalcaban que diez años y medio después, el TC seguía sin dictar sentencia.

Hizo entrega del escrito al TC los exdiputados recurrentes José Eugenio Azpiroz, Ángel Pintado y Eva Durán, entre otros. Les acompañaron el exconsejero madrileño Luis Peral, miembro del equipo que preparó el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Aborto de 2010, y algunos de los firmantes de la petición, según han informado a Europa Press.

En concreto, el PP presentó el 1 de junio de 2010 ese recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permitía abortar libremente en España en las 14 primeras semanas de gestación y en algunos casos hasta la 22.

Ese escrito del recurso contra la ley que impulsó la que fuera ministra de Igualdad, la socialista Bibiana Aído, estaba firmado por 50 diputados encabezados por el entonces líder del PP, Mariano Rajoy, y su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría.

Dimisión de Gallardón

Aunque Rajoy prometió derogar la ley del aborto, al final no lo hizo. El Grupo Popular sí que presentó en 2015 una proposición de ley en el Congreso que obligaba a las menores a tener consentimiento paterno para interrumpir un embarazo, cambiando así la norma de forma limitada y rápida.

Un poco antes, en septiembre de 2014, esta norma se llevó por delante la trayectoria política del que fuera ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, que presentó su dimisión como consecuencia de la retirada del anteproyecto de la Ley del Aborto que había preparado su departamento.