PDC y Trías se querellan contra Fernández Díaz por conspirar contra políticos catalanes soberanistas

MADRID.- La querella del Partit Demòcrata Catalán (PDC) y de Xavier Trías, ex alcalde de Barcelona, contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y contra el exdirector de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso denuncia que ambos incurrieron en una "política sistemática de revelaciones y desviación de poder" para fabricar escándalos contra políticos catalanes soberanistas en unas conversaciones que fueron desveladas por Público el pasado junio.

Así consta en la querella que presentará esta formación política este jueves y el propio Trías y a la que ha tenido acceso Público. El PDP (antigua CDC) considera que tanto las grabaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso como el contenido de sus conversaciones podrían implicar los supuestos delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos.

La querella considera que las grabaciones revelan una "política sistemática de revelaciones y desviación de poder en el ejercicio de las potestades investigadoras que, en modo alguno, puede ser casual" en Interior y en la Oficina Antifraude.

El PDC y Trías destacan estas reuniones entre Fernández Díaz y De Alfonso, mantenidas el 2 y 16 de octubre de 2014, a escasos días de la consulta soberanista del 9-N, y que no han sido negadas por sus protagonistas. Por ello, defiende su veracidad y apunta a que las grabaciones de estos encuentros, donde ambos conspiran contra el catalanismo, pudieron ser realizadas por uno de los dos interlocutores.

A este respecto resalta la ausencia de explicaciones de Interior por este escándalo y defiende el proceder de Público al revelar estas grabaciones: "Las páginas de Público están difundiendo legítimamente una notitia criminis, que, a nuestro juicio, no puede ser ignorada por los Tribunales y que puede ser utilizada para la incoación de un procedimiento penal. Máxime, cuando, además, los propios querellados han ratificado que tuvieron lugar los encuentros".

El escrito detalla las operaciones que ambos abordaron y la intención de los querellados de trasladar la información que manejaban con la finalidad de que ésta sea publicada, en especial en el diario El Mundo.

Considera que De Alfonso incurrió en un delito continuado de revelación de información confidencial de documentos que se elaboraban en la Oficina Antifraude, con la entrega de informes preparados ad hoc para el ministro y sin membrete contra el líder convergente Francesc Homs con el fin de que fueran filtrados a la prensa.

El objetivo confeso de ambos es "poder dar a conocer el supuesto escándalo a la opinión pública sin involucrar" a De Alfonso. La necesidad de tener “judicializado” el

caso cuanto antes "para poder darle el empaque adecuado para filtrarlo de

inmediato, con fines difamatorios, les lleva a acelerar toda clase de gestiones en

diversas instancias de la Fiscalía durante la semana comprendida entre las dos

entrevistas". El ardid fracasa por el rechazo del Fiscal Jefe Anticorrupción a dar trámite al caso por su irrelevancia penal, "de manera que la filtración se queda sin “pista de despegue” que facilite una filtración periodística exitosa".

"Durante toda la conversación queda claro que la única preocupación del Sr. Ministro es cómo “hacer salir” la documentación y la del Sr. De Alfonso, como conseguir que no se atribuya a su oficina la filtración a la prensa", expone la querella.

Este proceder de Fernández Díaz y de De Alfonson colisiona con el buen funcionamiento de la Administración Pública, destaca la demanda, y con el deber de "máxima confidencialidad y secreto" que tenía el director de la Oficina Antifraude.

Respecto del ministro, la querella expone que Fernández Díaz es partícipe del delito de revelación de secretos en que incurrió De Alfonso:  "provoca, posibilita, facilita y favorece activamente el hecho delictivo ajeno", resalta el escrito.

"El Sr. Ministro -agrega la querella- sabe a qué viene el Sr. De Alfonso, le recibe, le interpela, le incita, le pregunta por casos concretos, le solicita detalles, contrasta datos, pide papeles, toma documentos, promete apoyos, planifica actuaciones, realiza contactos y “afinamientos”, le emplaza para una nueva entrevista en la que se reitera el mismo el modus operandi".

Por ello, la demanda cree que el ministro incurrir en la figura conocoda como omnimodo

facturus, que está ubicadas en la zona comprendida entre la inducción al delito y la cooperación necesaria psíquica y/o material.

El delito continuado de violación de secretos en que incurren es agravado porque De Alfonso era la autoridad Antifraude; abordó datos e informaciones instituidos como secretos o reservados por la ley; estas informaciones fueron obtenidas por el cargo que ostentaba; fueron reveladas, hubo dolo y un grave perjuicio para los entes públicos involucrados así como para particulares.

Xavier Trías se querella por el montaje que ambos abordaron alrededor de una supuesta investigación de blanqueo de capitales con el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona y en la que incluyeron a Trías aunque ya no era alcalde de la ciudad. La intención de esta inclusión era clara: perjudicar políticamente al líder convergente, según resalta la denuncia.

"La formación política CDC es el objetivo mediato de todas estas turbias maniobras" y  expone la querella donde resalta que a este partido pertenecían el propio conseller Francesc Homs y Trías: "... el descrédito que torticeramente se pretende ocasionarles se busca que recaiga, finalmente, sobre ella. El Sr. Fernández, sin rubor alguno y con la franca

verborrea de quien se cree impune, es elocuente al respecto", resalta la querella.

La querella destaca que la prensa ha expuesto "la sucesión de una numerosa serie de llamadas telefónicas entre la policía y el periódico El Mundo en los días siguientes a las conversaciones transcritas, algo completamente coherente con las llamadas con diversos periodistas de las que hablan los interlocutores querellados en el momento de su reunión".

El Mundo publicó una serie de reportajes que contenían precisamente la información tratada en la reunión – la supuesta cuenta y las transferencias, etc., – "en base a un supuesto informe que había llegado a la policía (posiblemente a través de los mismos  periodistas), el cual fue descartado rápidamente por la Fiscalía Anticorrupción

como documento con indicios de la comisión de un delito: precisamente lo que

el Sr. De Alfonso quiso evitar en todo momento", explica el escrito. 

La investigación policial de esta filtración, que consta en el sumario abierto en Madrid denominado “Operación Nicolai”, revela un "tráfico de llamadas entre números corporativos de altos responsables del Ministerio del Interior y determinados periodistas del diario El Mundo".

Por ello, los querellantes consideran que se produjo un delito de revelación de secretos e información confidencial, del Cuerpo Nacional de Policía, en concurso con falsedades y calumnias por parte de los responsables de Interior, dentro de una serie de filtraciones que apuntan como autor al propio Fernández Díaz.

La querella reclama que el juzgado instructor donde recaiga esta causa interrogue a los dos querellados -el ministro y el exjefe de la Oficina Antifraude-, así como que practique una prueba pericial acústica para determinar si existe un sistema de grabaciones por razones de seguridad en el despacho del Ministerio del Interior, "con el fin de establecer el origen y la licitud de la escucha".

Reclama también que se aclare cómo una grabación de uno de los interlocutores o de un tercero ha llegado a manos ajenas: si se ha producido como consecuencia de un descubrimiento casual, si se había confiado voluntariamente la grabación a un tercero, si se trata de un descuido y si existía un deber de denuncia entre quienes descubrieron las grabaciones con estas conductas delictivas.

La querella pide al juez que reclame a la Fiscalía las grabaciones aportadas por Público y que oficie al Ministerio del Interior para que informe del estado de las investigaciones abiertas a raíz de la difusión de las grabaciones. 

También pide que se recabe la investigación realizada en el Tribunal Supremo, donde la Fiscalía rechazó la abrir una causa contra el ministro del Interior por estas conversaciones con De Alfonso, así como los gastos en los que incurrió el entonces director de la Oficina Antifraude.

Además, reclama que se interrogue al entonces jefe de gabinete del ministro del Interior cuya voz se oye en algún momento de las grabaciones, y que se aporten en esta causa las investigaciones realizadas por el Juzgado de Instrucción 16 de Madrid relativas a las grabaciones ilegales de mandos a CNP y del CNI realizadas en aquellos días y donde consta el tráfico de llamadas entre periodistas y responsables de Interior.