PP, Ciudadanos y Vox impidieron este miércoles con sus votos que los inspectores de Educación expliquen en el Parlamento el nombramiento como directora provisional de un conservatorio público de María Dolores Moreno, la hermana del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a pesar de que había otra candidata, Esperanza Utrera, con mayores méritos que ella para ese puesto, según un informe de la propia administración elaborado ad hoc para este nombramiento.

Ni el Gobierno ni nadie ha explicado hasta ahora con claridad las razones que llevaron a la exclusión de la candidata con más méritos, más allá de las declaraciones en agosto del consejero de la presidencia, Elías Bendodo, de que había sido “cesada” en el pasado -algo desmentido posteriormente por la propia afectada y que no parece ser cierto-.

Tampoco lo hizo el consejero de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), este miércoles en el Parlamento. Imbroda ejerció de parapeto del presidente frente a los embates del PSOE, que considera ese asunto un caso claro de “dedazo, nepotismo y enchufismo”.

Imbroda manifestó, por el contrario, que todo se hizo con rigor y de acuerdo a la ley y se aferró al informe de un inspector educativo que es el que, según dijo, justificó la decisión discrecional de la delegada de Educación en Málaga para elegir a la hermana del presidente en lugar de a la docente, Esperanza Utrera, que tenía más méritos. Utrera ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el nombramiento de Moreno porque considera que se hizo sin motivo.

Sin embargo, Imbroda ocultó ese informe a la oposición -tanto PSOE como Adelante Andalucía afirman no haberlo visto jamás- a pesar de haber afirmado que no tenía ningún problema en mostrarlo. El Gobierno tampoco quiso entregárselo a este diario con el argumento de que no se hace público ningún informe de la Inspección. Ese informe, algunos de cuyos datos publicó la periodista Eva Saiz en el diario El País en agosto pasado, recoge que la hermana del presidente fue calificada en el concurso con 38,20 puntos sobre 50 posibles mientras que Utrera sacó 49,50 puntos.

“¿Ha nombrado la delegada [de la Junta de Andalucía a la hermana del presidente]? Sí, hasta junio de 2020. ¿Lo ha hecho de forma arbitraria? Rotundamente no. Encima de la mesa hay un informe firmado por el servicio de inspección”, dijo Imbroda. Este es el informe que el Gobierno se niega a dar a Público y que el consejero oculta a la oposición, a pesar de que, en un momento de su intervención, manifestó no tener inconveniente en que lo leyera la diputada del PSOE, Beatriz Rubiño. Sin embargo, luego no le permitió verlo.

Imbroda defendió en el Parlamento que no había existido ningún concurso de méritos. Por tanto, ese informe -que la Junta considera reservado- al que se agarra Imbroda no era ni siquiera necesario, lo cual le da un toque surrealista a todo este caso. ¿Por qué se hizo entonces un informe que no era necesario? En el PSOE lo tienen claro: “Tuvieron que disfrazar el asunto con vestigios de legalidad”, dijo Rubiño.

La normativa establece, según dijo el consejero, que para el caso de jubilación de un director, la delegada puede nombrar de manera temporal y discrecional, hasta que se produzca un concurso de méritos ordinario, al funcionario o funcionaria de carrera a quien considere oportuno. “Es la delegada territorial la que procede a nombrar sin que pueda hacerse ningún concurso de méritos, que es de aplicación para el procedimiento ordinario y no para el extraordinario”, dijo el consejero.

“El baremo [los méritos] es una parte más del informe. Usted puede retorcer el informe y ver una parte solo, pero me he limitado a decir lo que ha emitido un inspector perfectamente capacitado para ello. ¿Está diciendo que ha mentido?”, dijo Imbroda. Luego, manifestó que el servicio de inspección, a la vista del escándalo generado, ha pedido a la administración que emprenda las acciones legales que corresponda para defender su buen nombre.

Nunca me he entrometido

La decisión de PP, Vox y Ciudadanos de oponerse a las comparecencias de los inspectores y ocultar el informe que, según el consejero prueba que todo se hizo por criterios técnicos que excluyen la arbitrariedad y, por tanto, el trato de favor, contrasta poderosamente -al igual que la actitud de los socialistas por las razones contrarias- con las que tomaba el PP cuando los asuntos complejos, por llamarlos de alguna manera, afectaban a familiares de los expresidentes socialistas Manuel Chaves y Susana Díaz.

Contra sus familias arremetió el PP cada vez que lo consideró oportuno con todo tipo de acusaciones, insinuaciones e, incluso, en algunas ocasiones, insidias en la creencia de que ello les iba a reportar réditos políticos.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo en agosto pasado sobre el nombramiento de su hermana lo siguiente: “Como presidente respeto todos los procedimientos que efectúan los órganos de la Junta de Andalucía y la inspección educativa, único órgano competente en una selección de personal que ha sido limpia y transparente”.

“Nunca me he entrometido ni he hecho ningún tipo de injerencia en ninguna de las actuaciones de la inspección educativa, la educación o cualquier otro órgano educativo. Jamás he intervenido en nada. Soy muy respetuoso con esas decisiones. Me sorprende mucho el uso que algunas formaciones políticas están haciendo. Sobre todo del PSOE, que tiene mucho que callar de lo acontecido en estos últimos 37 años. Ahora se hacen las cosas de otra manera y ningún nombre ni ningún apellido va a determinar ninguna selección de personal”, agregó.

Imbroda, que no viene de la política, sino del mundo del baloncesto y de la empresa, hizo este miércoles una serie de reflexiones al respecto de este “jaleo” -que bien podrían aplicarse a Chaves y Díaz, con quienes el PP jamás tuvo contemplaciones-: “Se ha generado mucho ruido, mucha distorsión. Utilizar a familiares para generar esta distorsión deja un poco que desear”. Más tarde, añadió Imrboda: “Por unos apellidos quedas condenado o condenada. Lo demás es participar en una especie de hipocresía para ver si sacamos un rédito político. Aquí juzgamos unos apellidos. Condenamos a alguien por tener estos apellidos. ¿Es justo esto? ¿Condenar automáticamente porque tengan algún tipo de relación? Y así podríamos hablar de un montón de ejemplos, muchos de ellos han padecido esta circunstancia”.