No han pasado ni diez días desde que Alberto Núñez Feijóo tomara las riendas del Partido Popular y Vox ya le ha puesto entre la espada de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco y la pared de su argumentario ideológico y su acción de gobierno en Galicia.

El líder del partido de Abascal en Castilla y León y vicepresidente in péctore de Mañueco, José Manuel García-Gallardo, recordó este lunes que Vox lleva en su programa la reforma de la Constitución para eliminar el Estado autonómico. Unido eso a sus exigencias al PP para suprimir el decreto de memoria histórica que el propio PP impulsó en esa comunidad y eliminar el reconocimiento de la violencia machista, lo cierto es que la formación de ultraderecha ha dejado en una complicada situación la imagen de moderación que Feijóo intenta transmitir al electorado de centroderecha.

El nuevo líder del PP y todavía presidente de la Xunta se metió en un jardín el pasado 17 de marzo, cuando en una rueda de prensa en Lugo se mostró comprensivo con la idea de Vox de que la violencia ejercida contra las mujeres debe ser considerada "violencia intrafamiliar", y no violencia machista. "Hace un tiempo sufrimos un asesinato producido por un padre que, por un problema con su pareja, después asesinó a sus dos hijos. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar", dijo Feijóo.

Al margen de la valoración moral que pueda derivarse de la atribución del asesinato de dos niños a un problema de pareja, esa declaración entra en colisión directa con la legislación que el PP impulsó en Galicia sólo ocho meses antes. En julio del 2021, Feijóo había firmado de su puño y letra la Ley 14/2021, de 20 de julio que modificaba la Ley 11/2007 para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. Ese texto recogía el añadido de este párrafo a la ley del 2007:

"Se incluye dentro del concepto de violencia de género la violencia vicaria, entendida esta como el homicidio, asesinato o cualquier otra forma de violencia ejercida sobre las hijas o hijos de la mujer, así como sobre cualquier otra persona estrechamente unida a ella, con la finalidad de causarle mayor daño psicológico, por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o por quien mantuvo con ella una relación análoga de afectividad aun sin convivencia".

La reforma incluía incluso el carácter retroactivo de la definición, es decir que se consideran como violencia de género las agresiones ocurridas antes de la entrada en vigor de la norma.

El hecho de que Feijóo considere ahora que el asesinato de los hijos e hijas de una mujer por parte de su pareja o su ex pareja es violencia de género o no dependiendo de si conviene a los intereses electorales y de poder de su partido, no le deja en buen lugar. Menos aún en un asunto tan serio y que levanta tanta alarma social.

El Gobierno contabiliza en Galicia, la comunidad que aún preside Feijóo, más de 4.000 casos de riesgo de violencia machista, y cerca de 1.500 de ellos afectan a menores. Según el Ministerio de Igualdad, en los últimos diecinueve años han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en España 1.136 mujeres. Desde el 2013, cuando empezaron a contabilizarse como víctimas de violencia machista los y las menores asesinadas para dañar a sus madres, han muerto 41 niños y niñas. Cerca del 60% de las mujeres españolas mayores de diecisiéis años declaran haber sido víctimas a lo largo de su vida de algún tipo de agresión machista.

Feijóo tiene complicado salir del laberinto en el que Vox le ha metido al forzar al PP a reformar en Castilla y León la legislación sobre violencia machista que él mismo apoyó en Galicia. Y con la memoria histórica sucede algo parecido.

Pocos días antes de la reforma de aquella ley gallega, Feijóo se declaró firme a la hora de responder a la polémica que levantó su antecesor en el PP, Pablo Casado, cuando se refirió en el Congreso a la Guerra Civil como "un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia". Menos de una semana después, pareció que Feijóo desmontaba aquel discurso: "La guerra civil fue un golpe de Estado", aseguró.

El pacto entre Vox y Mañueco para derogar la ley de memoria histórica que el PP de Juan Vicente Herrera impulsó en Castilla y León -el propio Herrera consideró en su día que el apoyo institucional a la exhumación de los restos de represaliados era "una reivindicación justa"- también colisiona con ese discurso.

Claro que Feijóo juega de nuevo a la ambigüedad con este asunto. Cuando le convino distanciarse de Casado para reforzar su imagen de moderado en el resto del Estado, no dudó en hablar del golpe de Estado. Pero la oposición le acusa de incumplir en Galicia la ley de memoria histórica: en sus trece años al frente de la Xunta no ha removido los restos de simbología franquista que llenan aún las calles, plazas y lugares públicos de la comunidad, ni se ha impuesto sanción alguna o se ha instado a retirarla a los particulares, instituciones y administraciones bajo cuya competencia reside la potestad para hacerlo.

Un caso emblemático son las Torres de Meirás, el pazo robado por Franco y que hasta hace poco disfrutaban sus herederos. Declaradas bien de interés cultural en el 2008 bajo el Gobierno de coalición de PSOE y BNG, la Xunta de Feijóo eludió enfrentarse a la familia para garantizar que se abrían al público las instalaciones cumpliendo los calendarios y horarios previstos de visitas.

En más de una década de incumplimientos, el Gobierno que preside el actual líder del PP sólo abrió a los Franco un expediente por una infracción leve. Y en el 2017, el PP, Feijóo incluido, votó en el Parlamento de Galicia en contra de expropiar el inmueble y las tierras expoliadas que lo circundan, haciendo suyas las tesis de la familia Franco. Según Feijóo, las Torres habían sido "una donación" a Franco del pueblo gallego. La justicia sentenciaría apenas tres años después que la supuesta donación sólo fue la falsificación documental con la que Franco y las élites que le apoyaban disfrazaron un robo en toda regla.

También en el 2017, el PP de Feijóo votó en contra de eliminar la simbología franquista de las iglesias de Galicia, y hace unos meses bautizó una de las salas del Parlamento de Galicia con el nombre de un conocido represor de la dictadura.

Feijóo se aleja y se distancia de Vox a conveniencia en su discurso, aunque en ocasiones su praxis política no ha estado tan alejada del ideario del partido de Abascal. En violencia de género, en memoria histórica y también en la concepción territorial del Estado.

Resultaría más que sorprendente que alguien que ha presidido una comunidad autónoma durante trece años no crea en el Estado de las autonomías. Pero incluso en esto las palabras y los hechos de Feijóo no coinciden.

Llegó a la presidencia de la Xunta en el 2009 anunciando que con él se abriría la mayor época de autogobierno de Galicia. Pero desde entonces no ha promovida ni una sola transferencia de competencias a la comunidad autónoma.

De hecho, el PP ha rechazado en el Parlamento de Galicia reclamar las que proponía la oposición, y la Xunta ni siquiera ha instado al Gobierno central a abrir la Comisión Mixta de Transferencias para negociar los traspasos que Feijóo llevaba en su programa electoral del 2009.

En octubre de ese año, según recuerda Luis Bará, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en la Comisión Institucional de la Cámara gallega, Feijóo presentó un listado con las diciesiete transferencias que iba a pedir al Estado. Lo había preparado Alfonso Rueda, entonces conselleiro de Presidencia, hoy vicepresdente primero y su previsible sucesor.

"Feijóo ha hecho lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Desde que Gobierna no ha habido ni un sólo traspaso de competencias", explica Bará, quien detalla algunas de las transferencias que su grupo ha reclamado y que el PP ha rechazado, a pesar de que ya gestiona esas materias en otras comunidades donde gobierna.

Las hay de todo tipo: tráfico y seguridad viaria, policía autonómica, meteorología, inspección de trabajo, grandes puertos, aeropuertos, dominio público marítimo terrestre y cuencas hidrográficas, red ferroviaria interna, organismos de vigilancia, seguridad y formación marítimo-pesquera, becas, museos, archivos...

"Feijóo ha sido un tapón para el autogobierno, porque pese a que dice defenderlo, en el fondo oculta una agenda ideológica", afirma el diputado nacionalista.

La única trasferencia de competencias que se ha empezado a negociar con el Estado bajo el mandato de Feijóo, como recuerda Pablo Arangüena, portavoz del PSOE en la Comisión Institucional, es la de la autopista AP-9, que vertebra el eje atlántico de Galicia desde Ferrol a la frontera con Portugal, y que sigue siendo de pago.

Público ha pedido al Grupo Parlamentario del PP en el Parlamento de Galicia que uno de sus portavoces explique la posición de esa formación sobre los traspasos de competencias a Galicia, pero los populares no respondieron a la oferta de este diario.