No se conoce aún la letra pequeña del acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya para un nuevo pacto de financiación a cambio de la investidura de Salvador Illa. Pedro Sánchez tampoco se ha avenido a explicarla este miércoles en el balance de fin de curso político. Pero sí se ha hecho evidente ya que el alcance de este acuerdo parece superar a otros anteriores que los socialistas han firmado con el independentismo. Esta vez se trata de dinero: de quién y cómo gestiona el dinero que entra vía impuestos. Según el texto que ha trasladado ERC y que refrendan los socialistas, Catalunya pasaría a regular y recaudar los impuestos estatales; pagando al Estado por la prestación de servicios y aportando al fondo de solidaridad interterritorial para garantizar cierto equilibrio entre los territorios. Una suerte de concierto económico que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó públicamente hace solo unos días y que supone sin duda un acuerdo de gran impacto. La oposición se ha llevado las manos a la cabeza y las comunidades del Partido Popular han avanzado una batalla sin cuartel que "complica extraordinariamente", apunta un presidente popular, que se pueda avanzar en una reforma conjunta.

La reforma del sistema de financiación autonómica fue la gran tarea sin completar de la pasada legislatura y en la presente se dibujaba como el objetivo más ambicioso del Gobierno. Según contó este medio, el Ejecutivo estaba decidido a abordarla y decían ver una oportunidad en el contrapeso político que ejercen las comunidades autónomas del PP. El Gobierno planeaba sacar a relucir las diferencias entre los barones del PP —que en materia de financiación defienden los intereses de sus territorios por encima de la estrategia nacional—, buscar un choque interno en el principal partido de la oposición y, al mismo tiempo, pactar con ellos una "reforma integral" del sistema.

Pero, si bien esa división existe, desde que la necesidad de actualizar la financiación autonómica se puso sobre la mesa ha habido un punto común: el rechazo a la "financiación singular" para Catalunya que exigía el independentismo.

La posibilidad de que se promoviera un cambio en el sistema de financiación de los territorios de forma bilateral con Catalunya, sin que pasara por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se sientan todas las comunidades autónomas, dinamitaba cualquier posibilidad de entendimiento para los populares. Así, el acuerdo alcanzado por el PSC y ERC —el cual todavía debe ser refrendado por las bases de la formación independentista este viernes— no solo ha llevado a la oposición a un nuevo choque con el Gobierno, sino que los aleja del diálogo con el Ejecutivo sobre una de las reformas más problemáticas y complejas del Estado autonómico.

"La financiación autonómica es una ley y la puede cambiar si tiene 176 votos", reflexiona estos días un barón del PP que no ve a Sánchez buscando el consenso con la oposición.

Todos los presidentes de la formación conservadora —y alguno más del PSOE—se han rebelado contra el pacto, considerándolo no solo "injusto" sino también precursor de la "ruptura" de la solidaridad interterritorial. "Esto es inadmisible, es romper el régimen común que lleva rigiendo en España durante las últimas cuatro décadas, es vulnerar la Constitución, cargarse el principio de solidaridad y el principio de igualdad", dijo el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Del mismo modo se pronunciaron Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que lo calificó como "un mazazo a la esencia del Estado y un ataque frontal a los intereses de Andalucía"; o Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, para quien es un "robo"; según Carlos Mazón, presidente del País Valencià, estamos ante un "golpe de Estado de hecho" que tendrá consecuencias en la educación, la sanidad y los servicios del resto de territorios.

Como hicieron con la ley de amnistía y pese a que todavía no se conocen todos los detalles del acuerdo, los presidentes del PP han avanzado ya que presentarán recursos de inconstitucionalidad y que darán "todas las batallas" jurídicas y políticas posibles para evitarlo.

Feijóo discreto y Sánchez defendiendo la "federalización"

Feijóo se ha mantenido hasta el momento en un discreto segundo plano, dejando la ofensiva a sus barones. Ha sido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha dado la respuesta institucional al balance del presidente del Gobierno y el líder de la oposición solo se ha manifestado a través de sus redes sociales en los últimos días. En Génova quieren esperar a conocer el pronunciamiento de las bases de ERC porque de no refrendar el acuerdo el escenario será otro. Además, temen que un discurso duro de la derecha movilice a los independentistas para votar a favor de investir a Illa.

Pero Sánchez ha ido más allá este miércoles defendiendo el acuerdo con Esquerra como "un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico". Para los presidentes del PP, una quimera y una "mentira". "El federalismo se basa en la igualdad", critica un barón con mando en plaza en conversación con Público. "Para eso hay que cambiar la Constitución. En España el Estado es autonómico, no federal", señala otro. Si el presidente del Gobierno quiere virar hacia aquí el debate de la financiación autonómica, no se lo pondrán fácil a priori. Pero la gran cuestión para el PP es si alguno de sus territorios aceptaría un acuerdo en las mismas condiciones que las pactadas para Catalunya.