El negocio armamentístico no tiene límites, ni siquiera para los países que han suscrito un acuerdo internacional en el que se comprometen a respetar ciertos puntos elementales. Acostumbrados a manejar cifras astronómicas, los grandes empresarios saben que el Tratado de Comercio de Armas (TCA), cuyos miembros acaban de reunirse en Ginebra, no supone necesariamente un freno a sus intereses. 

Mientras la Franja de Gaza se desangra, la organización internacional Armas Bajo Control, encargada de monitorizar el cumplimiento de lo acordado en el TCA por los 115 Estados Partes –entre los que se encuentra España– y 27 signatarios, vuelve a constatar que las vulneraciones a lo estipulado en ese acuerdo están a la orden del día.

Pese a contar entre sus firmantes con los diez principales exportadores de armas con la excepción de Rusia –lo que representa, según datos de Amnistía Internacional (AI), a más del 90% del comercio mundial de armamento–, los incumplimientos en torno a la imposibilidad de realizar operaciones con países involucrados en violaciones al derecho humanitario resultan evidentes. 

El informe de monitorización realizado por Armas Bajo Control denuncia que "muchos Estados Partes no han cumplido plenamente sus obligaciones, y las transferencias de armas han agravado conflictos en regiones como Yemen, Etiopía, Myanmar y Sudán".

"La crisis humanitaria de Gaza es un buen ejemplo de las consecuencias del comportamiento irresponsable en las transferencias de armas. Desde la escalada del conflicto entre Israel y Palestina en octubre de 2023, ha aumentado la vigilancia sobre las transferencias de armas a la región", apunta el documento.

No en vano, el informe aprecia que "para que el TCA cumpla lo prometido, es necesario un mayor compromiso de los Estados Partes y los signatarios para que las preocupaciones humanitarias pasen por delante de los intereses nacionales".

Negocios españoles

Las reiteradas ventas de material armamentístico español a Arabia Saudí –responsable de las masacres contra civiles en Yemen desde marzo de 2015– figuran precisamente entre esos incumplimientos del TCA que organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional denunciaron en innumerables ocasiones. 

Los negocios con Israel también están hoy entre las vulneraciones al TCA que comprometen tanto al Gobierno –por permitir las exportaciones– como a las empresas españolas que han realizado esas operaciones con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.   

El Gobierno español asegura que no se han autorizado nuevas exportaciones a Israel desde el pasado 7 de octubre. Sin embargo, un  informe del Centro Delàs de Estuidios por la Paz señala que en noviembre de 2023 se exportaron 987.000 euros en municiones a Israel por parte de Nammo Palencia, la filial de la multinacional Nammo. El material fue enviado a la empresa Elbit Systems, una de las principales proveedoras del Ejército israelí. 

"Casos reales"

Armas Bajo Control sostiene que ante el "número de zonas de crisis de derechos humanos creadas por conflictos violentos y exacerbadas por el comercio irresponsable de armas", es aún más urgente que los debates concretos en las reuniones del TCA sobre la "aplicación y el cumplimiento efectivos" de los puntos que prohíben las exportaciones a países involucrados en tales crímenes "se basen en casos reales y en la realidad sobre el terreno". 

La reunión de Estados Partes del TCA que se celebró la pasada semana en Ginebra no sirvió para avanzar en esa dirección. Según señalan a Público fuentes de organismos de derechos humanos que asistieron al encuentro, hubo "declaraciones retóricas" al respecto, "pero una ausencia casi total de críticas a los Estados que obviamente violan sus obligaciones".

En esa línea, durante la conferencia hubo críticas a China por armar a Myanmar y Sudán, pero "se limitó a decir que el gigante asiático respeta los principios de su ley de exportación a criticar veladamente a los Estados que arman a actores no estatales".

"Crímenes de guerra"

La denuncia sobre las vulneraciones al TCA por parte de los Estados firmantes llegó de la mano de Amnistía Internacional, que dejó en evidencia la gravedad de las operaciones de venta de material armamentístico a Israel.

En su intervención ante la conferencia celebrada la pasada semana en Ginebra, la organización de derechos humanos remarcó que "los Estados Partes del TCA, así como los signatarios –como Estados Unidos y algunos Estados europeos– siguen autorizando transferencias de armas ante la evidencia de ataques indiscriminados y directos contra civiles y bienes de carácter civil que, deben ser investigados como crímenes de guerra".