Los Presupuestos Generales del Estado siempre han tenido la capacidad de monopolizar prácticamente toda la acción política desde el momento en que se ponen encima de la mesa. Lo hacen a nivel institucional, ya que su tramitación es prioritaria en el Parlamento y desplaza el resto de trámites en las Cámaras.

Pero también lo hacen a nivel discursivo y en el debate público. La negociación presupuestaria ocupa casi todos los recursos de los grupos políticos y, aunque en esta ocasión no está claro que puedan prosperar (debido a la exigua mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno), la situación no difiere tampoco en este momento.

Uno de los trámites que ha desplazado el debate presupuestario, según apuntan fuentes parlamentarias, es la negociación del paquete de medidas de regeneración democrática que hasta el momento mantenían los partidos del Gobierno (el PSOE y Sumar), y el resto de grupos.

Hace meses, el presidente anunció que propondría una serie de medidas de regeneración que abarcarían desde la regulación de los medios de comunicación y la difusión de bulos hasta el incremento de la transparencia del Parlamento y de los procesos electorales.

Sánchez habló entonces de reformas concretas, como establecer nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación; endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades; o hacer obligatorio la celebración de debates electorales cuando se pongan urnas.

Los grupos trasladaron propuestas

Sumar, la parte minoritaria del Gobierno, recogió el guante del líder socialista y pidió ampliar los horizontes del paquete de regeneración democrática. Los de Yolanda Díaz se reunieron con los de Sánchez para negociar la inclusión de reformas como la derogación de la ley mordaza y de los denominados delitos de opinión.

En julio, los ministros de Presidencia (Félix Bolaños, del PSOE) y de Cultura (Ernest Urtasun, de Sumar) iniciaron una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para recabar sus propuestas. Tras finalizar esta ronda, iniciaron conversaciones para decidir qué medidas propuestas por los partidos incluían en la negociación y cuáles no.

Aunque las conversaciones avanzaban y hubo intercambio de documentos durante el verano, a principios de mes los partidos del Gobierno todavía no tenían una fecha o unos plazos previstos para presentar un acuerdo. 

Ahora, el debate presupuestario parece haber aparcado esta cuestión y, según confirman fuentes parlamentarias, no se están produciendo avances respecto al paquete de medidas de regeneración democrática. En Sumar aseguran que han trasladado al PSOE la necesidad de impulsar estas reformas de manera urgente y prioritaria, y que el contenido final tiene que ser ambicioso.

Los Presupuestos, sin calendario

Si el calendario viene definido por el debate presupuestario, no está claro cuándo se podrá resolver este último. El PSOE y Sumar negocian en la actualidad la propuesta que aprobará el Gobierno en Consejo de Ministros; primero, Hacienda recogerá las propuestas de los distintos ministerios y después se iniciarán las conversaciones entre ambos partidos.

Posteriormente, el Ejecutivo deberá buscar los votos en un Parlamento en el que está en minoría y en el que depende del apoyo de Junts (que ya ha avanzado un primer rechazo al techo de gasto aprobado este martes en Consejo de Ministros).

Voces de la Cámara Baja apuntan a que es posible que el Ejecutivo no lleve las cuentas al Legislativo hasta que Junts y ERC celebren sus congresos políticos, en otoño, para fijar sus hojas de ruta de cara al próximo curso político. De momento, las medidas de regeneración democrática podrían tener que esperar.