El Gobierno andaluz ha adjudicado ya 2,2 millones de euros a grandes consultoras y ahora ha sacado, hace unas semanas, a licitación otro contrato por 3 millones de euros para saber qué hacer con la Junta de Andalucía y sus agencias y entes, lo que se conoce como sector público instrumental. Dicho de otro modo, PP y Ciudadanos han encargado al sector privado, al mundo de la empresa, de los intereses económicos, que les diga cómo hay que configurar el sector público en Andalucía.

El plan se va ejecutando paso a paso. Primero, el Ejecutivo que preside Juanma Moreno (PP) encargó a la Intervención General, es decir, a los funcionarios públicos, un análisis sobre doce agencias. Esa auditoría reveló que los objetivos y fines para los que se habían creado y el servicio público que debían prestar seguían estando vigentes, pero también advirtió de que podrían existir algunas duplicidades.

Después de que en esos estudios la Intervención defendiera con rigor la configuración de parte de la administración, el Gobierno, con el argumento de que "las competencias que desarrollan las propias agencias y las de las consejerías a las que están adscritas no están bien delimitadas y propician así la aparición" de esas "duplicidades", lanzó las auditorías privadas y lo defendió de un modo grandilocuente: "Andalucía es la primera administración pública española que realiza un proceso tan integral y ambicioso de análisis de todo su sector público instrumental", manifestó en un comunicado entonces la Junta. 

Aunque la licitación ascendía a 3 millones de euros, finalmente las adjudicaciones, divididas en 16 lotes, ascendieron a algo más de 2,2 millones de euros. Las empresas adjudicatarias fueron Grant Thornton; Ernst y Young; UTE Cremades & Calvo Sotelo Novotec; Accenture; Deloitte y PriceWaterhouseCoopers.

El resultado de casi todas esas auditorías, menos de una, aún no se conoce, a pesar de las proclamas del Gobierno de Moreno sobre la opacidad de los anteriores gabinetes, pero el Ejecutivo ya ha empezado a tomar decisiones de un tenor, hasta el momento, cosmético, como la creación de Andalucía Trade, un ente en el que se han agrupado varias agencias que cumplían funciones de representación y acompañamiento a empresas andaluzas y de captación de inversionistas en la Comunidad.

Finalmente, a finales del año pasado, el Gobierno andaluz redondeó el plan y sacó una licitación por valor de 3 millones de euros, que está ahora en evaluación y que lleva por título: "Servicio de consultoría estratégica y de recursos humanos y asesoramiento legal para el diseño y definición de las estrategias a realizar en el sector público instrumental de la Junta de Andalucía y ejecución del plan diseñado". Esto implica que será una empresa la que le dirá a Moreno, por ejemplo, si es aconsejable que haya despidos o no.

Un enfoque equivocado

El asunto preocupa a la oposición que coincide en asegurar que el trabajo de las auditoras se podría llevar a cabo por la propia Intervención General de la Junta, que ya hizo las primeras doce auditorías, y también por la Cámara de Cuentas. También es un tema que no le gusta a los sindicatos. CCOO ha hablado de que la Junta "malgasta" el dinero público.

La auditoría de la Escuela Andaluza de Salud Pública es hasta ahora la única que se conoce y en ella la consultora Ernst & Young propone que la Escuela se extinga y traspase sus recursos a las instituciones con las que supuestamente duplica sus servicios, según avanzó eldiario.es.

Aunque la Junta de Andalucía ha negado que vaya a cerrar la escuela, el asunto ha generado gran cabreo e inquietud en Granada, donde está su sede, y ha provocado numerosas iniciativas de la oposición para evitar ese desenlace. La Escuela es una entidad de prestigio, una referencia que trabaja en todo el mundo, fundamentalmente de habla hispana, y que se dedica a potenciar las políticas públicas de salud y la reflexión sobre ellas.

Este mismo lunes, la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, estuvo allí y afirmó: "Es un error y un sinsentido. Nadie entiende que el Gobierno andaluz desarme en plena pandemia uno de sus principales activos en investigación. Andalucía, que ya había convertido este centro [la Escuela] en una marca internacional, lo desmantela por una auditoría privada que nadie entiende. Al final todos llegamos a la misma conclusión: si es eficaz y rentable, tiene una fama mundial y si se desmantela, algún tipo de interés privado tiene que haber para que este centro se arranque de Granada y de Andalucía. Pedimos que rectifiquen de manera urgente".

Para Guzmán Ahumada, de Unidas Podemos, "el tema principal es cómo teniendo herramientas para hacer las auditoría se van a unas auditorías privadas donde corremos el peligro de que el resultado de esas auditorías pueda estar escrito antes de que hagan esos trabajos. Y más cuando aparecen las puertas giratorias. Se están gastando el dinero para nada. Actúan incluso antes de que estén terminadas y cuando terminan, vienen a decir que no van a hacer caso a las auditorías. La rentabilidad de un ente como la Escuela Andaluza de Salud Pública es imposible medirlo en términos mercantilistas. Estamos pagando con dinero público la falta de proyecto de este Gobierno se encontró el gobierno".

Teresa Rodríguez, diputada no adscrita en el Parlamento, opina, en conversación con Público, que "darle ese poder a las empresas privadas –añade la parlamentaria– hace que la Junta valore tomar decisiones erróneas como el cierre de la Escuela de Salud Pública. Esas consultoras tienden a darle prioridad a la rentabilidad económica y no la utilidad social y, por otra parte, quien paga manda y el resultado de una auditoría privada puede ser lo que al gobierno le convenga en cada momento". Agrega Rodríguez: "Es un enfoque equivocado y un despilfarro. En un momento dado mejor dejarse auditar por la ciudadanía. Eso sería un paso decidido a mejorar la solvencia de lo público al tiempo que se democratizan los servicios públicos. Lo primero que yo haría es auditar la deuda pública para determinar qué parte de la deuda es ilegítima o incluso deuda odiosa".

Esperanza Gómez, de Más País Andalucía, analiza en un comunicado que "este caso no es sólo un ejemplo de ineficacia en la gestión pública del gobierno de Moreno Bonilla, sino que se trata de un desvío premeditado de fondos públicos a la iniciativa privada que además dirá convenientemente dónde sobra estructura pública en beneficio de sectores privados concretos: negocio redondo". Gómez remacha: "Más le valdría al presidente andaluz controlar el partidismo y nepotismo propio y de sus socios en la contratación de personal de la administración autonómica, máxime cuando la Justicia está tumbando sus procesos express de selección de personal".