La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, no ha acudido este miércoles al acto de conciliación convocado en un juzgado madrileño tras la demanda que interpuso contra ella Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por intromisión al honor. La demanda se interpuso en relación a unas declaraciones que realizó el pasado 12 de marzo en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Tras la ausencia de Montero, González Amador ha anunciado que interpondrá una denuncia contra ella ante el Tribunal Supremo, por su condición de aforada como ministra y diputada.

Según han informado fuentes jurídicas, el acto de conciliación convocado en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid, en el que se ofrece llegar a un acuerdo para evitar la demanda, ha quedado sin efecto, ya que por parte de la ministra Montero no ha acudido nadie. La ministra está representada en este proceso por la Abogacía del Estado, han precisado las fuentes.

González Amador anunció esta demanda por las palabras que pronunció Montero en la sesión de control en el Senado el pasado 12 de marzo, donde dijo que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude" y que "se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia". Por ello, el novio de Ayuso reclamaba 40.000 euros a la ministra.

La vicepresidenta primera hizo estas declaraciones en referencia a las informaciones periodísticas que avanzaban la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y de que la presidenta autonómica residía en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su pareja.

La defensa de González Amador anunció entonces varias demandas contra Montero por intromisión al honor y por revelación de secretos tras conocerse algunos de sus datos fiscales, además de otra querella contra la Fiscalía por la nota difundida en la que se informaba del pacto alcanzado con Hacienda en el que reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades.

Con todo, el acto de conciliación es el paso previo antes de la interposición formal de una demanda de la pareja de Ayuso, por lo que cabe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo para dar por finalizado el litigio.

El equipo jurídico de González Amador ya anunció en marzo que estaba preparando una querella contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda por revelación de secretos, tras conocerse públicamente algunos de sus datos fiscales. Esa misma semana, Ayuso denunció que su pareja es "un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado" con el objetivo de buscar su "destrucción personal".