Esta semana, 15 niños palestinos han llegado a España para ser atendidos y tratados en nuestros hospitales. Son miles las personas que han perdido la vida en el genocidio de Israel. ¿Tienen pensado emprender alguna medida más en este sentido?

España vuelve a demostrar, nuevamente, que somos un país solidario, empático y que pone los derechos humanos en el centro. En este sentido, también, por supuesto, el cuidado de la vida, de los más vulnerables −que en este caso son los niños y niñas enfermos, que están viviendo una masacre absolutamente terrible−. Lo que hemos hecho desde el Ministerio de Sanidad es coordinarnos con la OMS Europa para traernos a esos niños y poderlos tratar en nuestros hospitales, animando al resto de países del continente a que también se hagan cargo de este terrible genocidio. Pedimos, por su puesto, el alto el fuego. Queremos poner en el centro que las historias que han vivido todas estas familias y todos estos niños tienen una causa: el genocidio que se está produciendo en Gaza.

Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha iniciado los trámites para una ley que busca limitar la gestión privada dentro del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué medidas concretas implementará para revertir los daños que han provocado las privatizaciones y asegurar que la sanidad pública recupere su primacía (es decir, que no solo sobreviva, sino que prospere)?

Desde que entramos en el Ministerio lo que hemos iniciado es una senda transformadora en nuestro Sistema Nacional de Salud. Hay una parte, que creo que tenemos pendiente, que tiene que ver con la privatización y con la garantía de que todo el dinero destinado a la salud vaya realmente al cuidado de nuestros ciudadanos. Hemos visto durante una pandemia cómo hay personas y empresas que se aprovechan de la salud de otras, de la situación de la sanidad de nuestro país, para hacer caja. Estas personas y empresas permiten que fondos de inversión y fondos buitre especulen con la salud y eso es lo que queremos limitar con esta ley. Queremos limitar todas estas privatizaciones que ya han demostrado en otros países, como puede ser Inglaterra, que han producido aumentos de la mortalidad y una disminución de la calidad. Nosotros en nuestro país le podemos poner coto a esto para cuidar lo que consideramos que es la joya de nuestra corona. ¿Cómo? Poniendo en el centro la salud de las personas, frente a quienes quieren poner en el centro su mercantilización.

Si atendemos a los datos que ofrece la patronal de la sanidad privada, observamos que buena parte del crecimiento experimentado a lo largo de los últimos años en el sector tiene que ver, por un lado, con la provisión de seguros sanitarios por parte de las empresas y, por otro, con la adhesión de los funcionarios al sistema de mutualidades. Este año caduca el concierto con Muface (la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), ¿debe el Estado renovarlo y seguir pagando los seguros sanitarios privados a sus trabajadores? ¿No va esto contra la lógica de un modelo que aboga por la sanidad pública?

El modelo de mutualidades es un modelo obsoleto y anacrónico que  tenemos que ir cambiando, pero que ahora mismo no es una prioridad para nuestro Ministerio. Ya los propios funcionarios están decidiendo en su mayoría adscribirse a la sanidad pública. Hay una tendencia creciente hacia que los funcionarios vean que la sanidad pública es realmente ese seguro a todo riesgo que te cubre todo. Sin ser una prioridad, somos conscientes de que este modelo de mutualidad es un sub-modelo dentro de un Sistema Nacional de Salud, que vamos a seguir trabajando para reforzar y para devolverle el orgullo.

Y, respecto a las empresas, desde las asociaciones en defensa de la sanidad pública se lleva años reclamando que las compañías dejen de poder desgravarse estos seguros a la hora de declarar a Hacienda, ¿tienen pensado intervenir esto de algún modo?

Siempre digo que yo con la sanidad privada no tengo ninguna disputa. Es un negocio privado, así que allá ellos. Harán su negocio, mercantilizarán la salud como ellos consideren. Pero, con lo que sí tengo una disputa es con la privatización de la sanidad, esa parasitación de nuestro sistema sanitario por medio de empresas privadas, que lo que hacen es llevarse las cuentas de resultados de los impuestos de nuestros ciudadanos a empresas extranjeras, a fondos de inversión o fondos buitre. Lo que les pedimos, básicamente, es que jueguen en el tablero común en el que jugamos todos con respecto a los impuestos, al cuidado, a las ratios de los profesionales y a priorizar la salud de sus pacientes frente a sus intereses. Quiero poner en el centro los perjuicios de esa mercantilización.

Existe un problema con la Atención Primaria y, en concreto, con la incapacidad de las administraciones de retener a los profesionales de la salud. ¿Qué medidas específicas se incluirán para abordar la sobrecarga de trabajo y mejorar las condiciones laborales de los sanitarios? ¿Habrá repercusiones para las administraciones que no implementen los cambios necesarios?

Desde el Ministerio de Sanidad estamos trabajando codo con codo con las comunidades para retener el talento y esto tiene una sola condición, que es cuidar a nuestros profesionales para que puedan ser capaces de mantener su vocación. Una vocación que trabajan durante diez años, con una formación muy exigente. Todo eso se ve truncado cuando un profesional tiene que ver a 60 pacientes al día y no puede cuidar de ellos, o tiene la sensación de que llega a casa sin poder hacer buenos diagnósticos y tratamientos. En definitiva, sin poder ejercer su especialidad, que yo creo que es una de las más bonitas, y que se llama medicina familiar y comunitaria.

En este sentido, o somos capaces de cortar esa frustración o seguiremos teniendo esta fuga. Seguiremos teniendo una Atención Primaria desprestigiada y que no cumple con las expectativas que depositamos sobre ella, que es que sea el pilar fundamental de todo nuestro Sistema Nacional de Salud. Cuando salimos fuera, desde el resto del mundo miran con envidia nuestra Atención Primaria y nuestro sistema sanitario.

Tenemos una asistencia muy robusta, una sanidad pública muy robusta, pero que empieza a tener pies de barro debido al adelgazamiento de estos recursos; también por una situación sobrevenida de pandemia que ha visto cómo se incrementaba la demanda y, de alguna manera, se disminuirán los efectivos que teníamos para nuestros ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es una transformación para recordarles a los ciudadanos que su salud depende más de la Atención Primaria que de la Atención Hospitalaria, por la que seguramente pasen muy pocas veces en su vida. Si no hubiera sido por los recortes y el desprecio que ha sufrido durante muchos años, por cierto, por parte de gobiernos de la derecha, ahora tendríamos una situación muy diferente.

Se ha reportado, un año más, que miles de camas hospitalarias y ambulatorios estarán fuera de servicio durante el verano, provocando un déficit que también suele ocurrir en invierno. ¿Cómo piensa abordar este problema a nivel nacional y asegurar que el sistema público de salud esté preparado para situaciones de alta demanda?

Siempre digo que tenemos un sistema nacional de salud que está dimensionado para el otoño y la primavera. Esto significa que nos faltan recursos, pero no de ahora, sino desde que yo era residente. Tenemos un sistema nacional de salud que tiene serias dificultades para abordar estos picos de demanda, para abordar las epidemias de gripe. No está dimensionado realmente a las necesidades de la población y esto lo tenemos que ir revirtiendo poco a poco. Vuelvo a insistir: podemos hablar de crear más plazas −este año se han creado 11.965 que es un récord histórico−, pero esto no acaba con el cansancio que padecen nuestros sanitarios, que vienen de una pandemia y de unas condiciones laborales que no les permiten trabajar con dignidad.

Venimos de una década en la que ha habido claras voces por parte de la derecha de desprestigio de lo público, de nuestro Sistema Nacional de Salud y del pilar fundamental que supone la sanidad pública para nuestro Estado de Bienestar. Ha tenido que venir una pandemia para que la derecha reclame que nos faltan recursos, pero yo, que he trabajado durante 22 años en un hospital, sé que el cierre de camas y la falta de profesionales en verano y en invierno es algo estructural. Tenemos que plantearnos si tenemos que hacer una reinversión y volver otra vez a recuperar el orgullo. La misión del Ministerio de Sanidad es volver a tener un sistema sanitario que sea realmente un redistribuidor de oportunidades. En este caso, un redistribuidor de oportunidades alrededor de la salud.

Hace ya más de un año que se aprobó la reforma de la ley del aborto que incluía la elaboración de registros de objetores en la sanidad pública a cargo de las comunidades autónomas. Unos registros clave a la hora de garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en cada centro sanitario. Muchas comunidades se escudan en que todavía falta que Sanidad publique el protocolo común para elaborar las listas, algo que recoge la reforma de la ley del aborto. ¿Cuánto queda para que esté listo? ¿Tienen una fecha estimada?

Nuevamente, creo que las comunidades que se escudan en eso viven en una realidad paralela. No necesitan nada para poder hacer un registro de objetores como marca la ley, de la misma manera que no necesitan nada para hacer ese registro que llevamos mucho tiempo pidiendo de profesionales o de tumores. Creo que aquí tenemos que diferenciar que hay una objeción de conciencia que es individual y que, sin embargo, algunas comunidades la han considerado como una objeción de conciencia autonómica. Hay comunidades donde no se hacen cargo de estas interrupciones voluntarias del embarazo.

Sobre la no existencia de este registro... Creo que es al revés: son las comunidades las que tienen los datos, las que tienen la capacidad de individualizar esta objeción de conciencia y no hacerla colectiva. También es verdad que el sistema público de salud se tiene que hacer cargo de algo que lleva en la ley desde hace décadas y sobre lo que se ha ido escurriendo el bulto, derivándolo a la sanidad privada. Nosotros seguiremos trabajando para ello, pero creo que no se puede poner como excusa el registro de objetores para no ir dando los pasos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apuntado en varias ocasiones que, más allá de las denuncias, la detección de la violencia machista en los centros de salud es clave para poder frenarla. ¿Cómo se va a trabajar esta necesidad urgente en la Atención Primaria?

Ya se sabe que, siguiendo los protocolos, la Atención Primaria es un lugar de detección de muchísimos problemas sociales, incluida la violencia machista. Tenemos en la Atención Primaria un radar privilegiado para poder detectar todos esos casos, sobre todo en las urgencias porque son los lugares que están abiertos a la ciudadanía 24 horas y son los espacios que están abiertos a que la ciudadanía vaya a expresar sus malestares. Lo que hemos hablado con la ministra de Igualdad es cómo hacemos para hacer más efectivos esos protocolos que ya existen de detección de esa violencia machista; y, para eso, necesitamos que nuestros médicos y médicas tengan tiempo.

Necesitamos que nuestros médicos y médicas no tengan una lista de espera enorme, que no tengan que ver a 60 pacientes y sean capaces de percibir no todos esos malestares que derivan de una situación de violencia machista −muchas veces viene soterrada, detrás de otras patologías como puede ser ansiedad o angustia−. Entonces, sí que es verdad que creemos que la Atención Primaria y las urgencias son lugares privilegiados, pero para eso necesitamos que nuestros profesionales tengan toda la libertad y toda la capacidad para ejercer como esos radares excepcionales del maltrato.

Las familias de los fallecidos en residencias durante la covid mantienen su lucha para que se investiguen los protocolos de Ayuso, pero no parece que haya un horizonte para que esto se resuelva. ¿A qué achaca esta inacción? ¿Qué más se puede hacer?

Lo único que se puede hacer es cambiar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que se haga justicia, para que se hagan memoria y reparación de todo el daño que se produjo en las residencias de mayores durante la pandemia, siendo la única comunidad que tuvo unos protocolos de la vergüenza que hicieron que los mayores de aquí, de las residencias de la Comunidad de Madrid, no tuvieran derecho al cuidado de la protección de su salud durante una pandemia. Lo que ya está esclarecido es que la de Madrid es la única comunidad de España, y me atrevería a decir que del mundo, en la que se impidió el acceso de los mayores a un cuidado sanitario durante la pandemia. No es lo mismo morir ahogado que morir sedado; no es lo mismo morir acompañado que morir abandonado. Tenemos evidencias más que de sobra para decir de manera científica, de manera política, que nuestros mayores no iban a morir igual, como dice la señora Ayuso.

Se han dado todos los pasos para que haya transparencia, luz y, de alguna manera justicia, respecto al conocimiento de lo que pasó en esos días; ahora lo que falta son las responsabilidades políticas de quién decidió que esto fuera así. Esas responsabilidades políticas, más allá de las judiciales, no sólo no se han dado, sino que a los que tomaron esas decisiones se les ha premiado. Los que tomaron esas decisiones ahora son senadores, consejeros de la Comunidad de Madrid, y han sido galardonados y premiados después de haber dictado que 7.291 mayores murieran de manera indigna. Y esto es una decisión política, una decisión política del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y luego en los juzgados tendrá que seguir también su curso, tras las cientos de denuncias que hay por parte de los familiares y de las personas afectadas, y de la sociedad civil en su conjunto

Tras la dimisión de Yolanda Díaz de sus cargos orgánicos, usted pidió una mesa de la coalición para afrontar el nuevo escenario. Desde entonces han habido reuniones, al menos de los responsables de Organización de los partidos. ¿Cómo avanzan esas conversaciones?

Se acaba de cumplir hace unos pocos días el aniversario del 23J, que es el momento en el que, gracias también a una coalición de partidos progresistas que se sumaron bajo el paraguas de Sumar, fuimos capaces de mantener un Gobierno progresista que en aquel momento era una rara avis en el resto del espectro político europeo, y que ha sabido mantener en la nevera tanto al señor Abascal como el señor Feijóo, fuera de las competencias de gobernar este país. Esa coalición de partidos progresistas sigue igual, seguimos manteniendo una relación de fraternidad y una relación en la cual tenemos claro que tenemos que cuidarnos entre nosotros como fuerzas progresistas, poniendo siempre en el centro esa fraternidad, y tenemos que cuidar el Gobierno de coalición, las políticas progresistas, porque somos nosotros, las fuerzas a la izquierda del PSOE, las que hacemos que el BOE se escriba con la zurda.

Hemos tenido los datos de la EPA, por ejemplo, del aumento de las personas que están activas y trabajando; hemos superado los 10 millones de mujeres trabajando, hemos superado los 21,7 millones de personas trabajando, hemos superado los 15 millones de empleos indefinidos. Estas son las políticas que luego apuntalan a los gobiernos progresistas para que puedan seguir ejerciendo y podamos seguir avanzando en nuestro país frente a una derecha y una ultraderecha que están ahí pataleando, queriendo un gobierno que no es suyo a través de no se sabe qué proyecto.

Uno de los debates en este sentido, también a raíz de las elecciones en Francia, es el tipo de unidad al que cada uno aspira, y aquí hay diferencias entre partidos. ¿Usted apostaría más por una unidad estructural, con órganos estables a modo de frente amplio, como quiere IU, o es más partidaria de pactos puntuales?

Yo creo que es Francia la que nos ha mirado a nosotros y nos tenemos que quitar un poquito el complejo que tenemos aquí las fuerzas progresistas. Nosotros abogamos por el traje de la fraternidad, que es el que creo que se está llevando a cabo entre las diferentes fuerzas progresistas que tenemos diferentes ADN, que respondemos efectivamente a esa primera idea de esa diversidad, pero que somos capaces de trabajar con un objetivo común que es que en este país se siga avanzando y se sigan poniendo encima de la mesa políticas progresistas. Por ejemplo, políticas progresistas que acaben con el problema de primer orden que tenemos con la vivienda, que pongan la sanidad y la salud en el centro de nuestro ecosistema social, que hablen de la desigualdad como la principal palanca de la inseguridad de nuestro país.

Solo hay una vía que es la de la fraternidad para seguir trabajando con un objetivo común. Y ahora mismo creo que ese objetivo común pasa por cuidar el Gobierno de coalición y por cuidar las políticas progresistas que hacen que tengamos unas condiciones mejores para nuestros ciudadanos. El auge de la ultraderecha se alimenta de la desafección política, de la incertidumbre y de ese desasosiego social que producen las políticas neoliberales. Lo que tenemos que hacer es justo dar certidumbres, acabar con esas políticas depredadoras que están corroyendo nuestra sociedad. Y creo que las fuerzas progresistas, si somos capaces de identificar que ese es nuestro objetivo, somos capaces de trabajar en común para que así sea

Hablaba ahora usted del 23J y del acuerdo que se dio en ese momento, pero desde entonces han pasado muchas cosas, como la salida de Podemos de la coalición de Sumar. ¿Es posible repetir en el corto o medio plazo un acuerdo así?

No es que lo vea posible, es que ha sido posible, siempre y cuando prime la fraternidad entre las diferentes fuerzas progresistas y prime la unidad de acción a la hora de tener claro cuál es nuestro enemigo, y el enemigo son las políticas devastadoras de nuestro Estado de Derecho, de nuestro Estado social. Sólo hay que tener voluntad de cohesión y de fraternidad, y de respeto también al resto de las fuerzas progresistas, porque si hay algo que hemos hecho, por ejemplo desde Más Madrid, es tener el máximo respeto al resto de las fuerzas progresistas. Siempre hemos dicho que nosotros vamos a ir de la mano de todo aquel que quiera transformar este país en materia de progreso, en materia de avance. Los progresistas, más allá de las diferencias entre unas y otras organizaciones políticas, nos debemos quitar ese corsé de la unidad que siempre nos ponemos y empezar a vestir el traje de la fraternidad y el traje de la cohesión, el del objetivo común.

El último CIS pronostica un hundimiento de Sumar en estimación de voto. ¿A qué lo atribuye? ¿Qué se ha hecho mal?

Yo creo que lo que tenemos que demostrar es que, como decía antes, quienes al final apuntalan las políticas progresistas del Gobierno de coalición somos las fuerzas progresistas que ponemos encima de la mesa políticas valientes, políticas que son realmente transformadoras que no son de chapa y pintura. Con esto me refiero, por ejemplo, a la prestación por hijo a cargo; hace nada se consideraba casi una quimera y la ponemos encima de la mesa porque, por ejemplo, para el Ministerio Sanidad también es una medida de salud. Tenemos que ser capaces de atribuirnos en este espacio progresista a la izquierda del PSOE las políticas más valientes porque somos nosotras las que empujamos al Gobierno de coalición a que afronte los mayores retos que tiene este país ahora.

Tenemos un reto que es fundamental, que es la vivienda, y en la vivienda no podemos andarnos con medias tintas. Ya no podemos andarnos con retoques, tenemos que ser claros, contundentes y valientes frente a la especulación, frente a la agresión de nuestros barrios y de nuestras ciudades por parte no solamente de los de los pisos turísticos, sino también de los fondos de inversión, fondos extranjeros. Estamos dejando de lado a toda una generación y es una de las mayores palancas de desigualdad, de inseguridad, que repercute en la salud de las personas. Así que uno de los retos que tenemos por delante es demostrar que es gracias a las políticas progresistas valientes por las que, primero, sobrevive este Gobierno, y, segundo, somos capaces de transformar nuestra sociedad.

¿Cómo valora la estabilidad del Gobierno y de la legislatura? Ya se han producido varias derrotas parlamentarias y da la sensación de que es prácticamente imposible sacar adelante medidas de calado en el Congreso.

Creo que el Gobierno goza de buena salud y que, como decía Daniel Innerarity, las democracias son complejas. Ahora mismo la estructura parlamentaria es compleja, lo cual no significa que no se vaya avanzando. Puede parecer que hay cosas en las que no se avanza y, sin embargo, vamos avanzando poco a poco y estoy absolutamente convencida de que vamos a terminar la legislatura. Nuestro país demanda un solo camino, que es el camino del progreso, que es el camino que ha demostrado que frente a la crisis de la pandemia las soluciones que se han puesto están en las antípodas de las soluciones que se pusieron en la anterior crisis, y que son las que han funcionado. Estamos demostrando empíricamente que son las políticas progresistas las que funcionan y yo tengo plena convicción de que la legislatura va a avanzar y va a culminar sus años.

No sin dificultades, obviamente, y no sin las complejidades de la variabilidad de las diferentes fuerzas políticas que forman parte del Congreso. Pero que sea complejo no significa que sea imposible. Además, ¿cuál es la alternativa? La alternativa a este gobierno progresista que avanza es la nada, es un PP y una ultraderecha que están tan echados al monte que es que ya no les queda monte para correr. Creo que vamos a ir pudiendo sacar las diferentes medidas que al final demuestran que nuestros ciudadanos van a ir viviendo cada vez un poquito mejor. Siempre que pones a la gente en el centro, somos capaces de ponernos de acuerdo.