Eran las 9.00 horas en Bruselas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ofrecía declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Consejo de Ministros de Empleo y Política Social. "Les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el PSOE en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley mordaza se consuma", señaló. 

El anunció de Díaz reflejaba, en primer lugar, que los socialistas le habían dejado el foco mediático tras semanas de negociaciones entre ambos partidos. Sumar presionaba para que Pedro Sánchez incluyera algunas de sus peticiones en plan de regeneración democrática sobre el que tiene previsto informar este miércoles en el Congreso. 

Las expectativas marcadas por Díaz se fueron diluyendo conforme pasó la mañana. Sumar aclaró poco después que lo acordado con los socialistas era solo la modificación de un artículo concreto de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza. También se corrigió a Díaz desde Moncloa durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros. Fuentes del Gobierno señalan que Díaz había creado "confusión" por sus declaraciones. 

Además, en el Gobierno de Sánchez rebajan la concreción de los detalles que pueda dar el líder del Ejecutivo en el Congreso. Fuentes gubernamentales insisten en que el objetivo principal de la comparecencia tan solo es "abrir el debate" sobre los asuntos que están sobre la mesa relacionados con la libertad de expresión, la desinformación o la lucha contra los bulos. 

Las mismas fuentes del Gobierno inciden en que los detalles concretos de las modificaciones todavía no se han abordado. Tampoco la forma concreta de aprobarlos. "Lo que hemos acordado con Sumar es que estamos dispuestos a revisar todos estos asuntos", indican en Moncloa. Es decir, Sánchez presentará un "esqueleto" general para mostrar las intenciones al resto de los grupos parlamentarios. 

PSOE y Sumar necesitan a todos sus aliados parlamentarios para apoyar las modificaciones pactadas, aunque no aterrizadas. Por ello, los contactos con el resto de partidos comenzarán a partir del mes de septiembre. Este miércoles, destacan en Moncloa, escucharán las primeras valoraciones durante la comparecencia de Sánchez. 

¿Por qué no se han incluido más asuntos sobre la ley mordaza? En Moncloa lo justifican de esta manera. "Esta ley se tramita en el Congreso, tenía dificultades de tramitación con otros grupos. En este caso respecto a Sumar hablamos de delitos de injurias y calumnias y la parte de la ley mordaza que tiene que ver con la libertad de expresión. Por eso está en este paquete", destacó por su parte la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero.

La propia Montero ha destacado que hay otras materias de esta ley que se tienen que negociar con el resto de grupos parlamentarios fuera de este paquete que presentará Sánchez este miércoles. "Seguimos trabajando en ello y trabajando con los socios", ha añadido. En todo caso, fuentes del Gobierno señalan que esas conversaciones todavía no han comenzado pero se abordarán. La vicepresidenta socialista venía a corregir un error previo de la ministra portavoz en Moncloa, Pilar Alegría, que confundía la ley mordaza con la derogación de los delitos de opinión.

Lo que se sabe del contenido del plan 

Sánchez puso encima de la mesa este plan de regeneración tras los cinco días de reflexión que se tomó por los "ataques" de la ultraderecha a su esposa, Begoña Gómez. Desde entonces, ha ido detallando algunas de sus ideas pero siempre poniendo el foco en que son asuntos complejos y que deben implicar a actores como periodistas y otros agentes sociales. 

El líder de los socialistas había ya adelantado su intención de reformar la ley de publicidad institucional en favor de la transparencia y evitar que se beneficiaran de financiación pública medios que contribuyan a la desinformación. Moncloa ha puesto como ejemplo la ley de libertad de los medios aprobada en el Parlamento Europeo y es una ley que debe trasponerse para aprobarla en nuestro país.

En este sentido, Díaz anunció que el Gobierno trabaja en "una ley que va a impedir que quienes vulneren los códigos deontológicos en el ejercicio del periodismo" reciban subvenciones y "financiación pública". Pero posteriormente Sumar no informó sobre ello por lo que se deduce que será Sánchez quien centre su intervención en este tema.

La reforma de las leyes del derecho al honor y a la rectificación también había sido adelantada por Sánchez desde hace semanas. Sumar transmitió que su acuerdo con el PSOE incluía este tema. El objetivo es "incluir una reparación pública en los supuestos de interminables instrucciones judiciales cuando no se produzca apertura del juicio oral pero se publiquen innumerables titulares afectando al honor o al buen nombre de la persona investigada". 

La formación de Díaz también informó sobre los otros cambios pactados. La mencionada modificación de la ley de seguridad ciudadana se limita a un nuevo redactado en el artículo 36 para que el delito de difundir imágenes sea "constatable". 

Por último, PSOE y Sumar han acordado retomar la reforma del Código Penal "para proteger la libertad de expresión". De este modo se suprimirían los llamados delitos de opinión, es decir contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, los delitos contra la Corona y las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o el Ejército. Es una propuesta que se ha llevado en varias ocasiones al Congreso y, de hecho, Sumar la llevó el pasado mes de diciembre. Fue admitida a trámite por el PSOE y los socios habituales del Gobierno. 

La comparecencia, a petición propia de Sánchez, empieza a partir de las 9 horas. No es descartable que se guarde algún as en la manga con otros anuncios no conocidos todavía. El presidente del Gobierno tiene un tiempo ilimitado y además tendrá que tratar otros asuntos como lo abordado en los últimos Consejos Europeos. También, expondrá, como señala la convocatoria oficial "las líneas fundamentales del Plan de Acción por la Democracia".

Luego, los portavoces de los grupos parlamentarios podrán intervenir por un tiempo máximo de 15 minutos. Finalmente llegará la réplica de Sánchez, las contrarréplicas de los partidos y una intervención final del presidente.