Han pasado dos semanas desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, pactaran una próxima reunión conjunta. El encuentro no ha llegado. "Llegará seguro", señalan fuentes gubernamentales consultadas por Público. Pero ni Moncloa ni la Generalitat han logrado acordar una fecha. El 'caso Pegasus' sigue coleando, como se pudo ver el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados. Los grupos políticos independentistas afectados siguen reclamando explicaciones y respuestas a asuntos sin resolver. Pero en los pasos mostrados por el Ejecutivo de Sánchez ya solo están sobre la mesa la colaboración con la justicia y el encuentro bilateral previsto. 

Desde Moncloa han puesto en valor durante las últimas semanas sus acciones en favor de la "transparencia". Estas actuaciones, que se iniciaron con una visita urgente del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a Catalunya, contemplaban, en primer lugar, un control interno del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esto, aunque hubo reticencias comunicativas a asociarlo con el espionaje, desembocó en el cese, "sustitución" según la ministra de Defensa Margarita Robles, de la directora de los servicios de inteligencia, Paz Esteban. El propio Bolaños dio por zanjado el control interno durante una comparecencia celebrada la pasada semana en el Congreso. 

Otra de las acciones emprendidas y mencionadas de manera reiterativa por el Gobierno de Sánchez se basaba también en la colaboración con la investigación llevada a cado por el Defensor del Pueblo. El órgano que preside Ángel Gabilondo hizo ayer público, mediante un comunicado, el resultado de la misma. En sus conclusiones se destaca que tanto la documentación remitida por el CNI como los autos del Tribunal Supremo permiten dilucidar que se actuó "con respeto a las diferentes disposiciones legales relativas al control judicial" que se deben establecer antes de las intervenciones de las comunicaciones. 

"Se ha defendido desde el primer día que todo se había hecho conforme a la legalidad vigente", señalan las fuentes de Moncloa consultadas por este medio, evitando valorar de forma directa el informe del Defensor del Pueblo pero compartiendo las conclusiones, que son las mismas. Es, por tanto, otro paso más en la hoja de ruta marcada que se cumple según el Gobierno. 

¿Qué queda entonces? Pues de momento, sobre la mesa nada más que la "colaboración con la justicia". Por un lado hay una causa presentada por el propio Gobierno por el espionaje a los móviles de Sánchez, Robles, Fernando Grande Marlaska y el intento fallido con Luis Planas. El juez ha decretado el secreto de la investigación.

Aparte, desde el lado independentista también hay abierta una vía judicial presentada desde diferentes ámbitos, tanto desde el propio Parlament de Catalunya como desde partidos políticos como ERC. La Audiencia Nacional rechazó, por su parte, la intención de la propia Generalitat de Catalunya de personarse como acusación en la investigación abierta del 'caso Pegasus'. "Ellos también lo han judicializado. Quedaría esa vía por explorar. Estamos dispuestos a llegar a desclasificar documentos si lo pide un juez", afirman fuentes de Moncloa. 

El Gobierno también está abierto, según destacaron esta misma semana de manera oficial, a la modificación de la Ley de Secretos Oficiales. Esto está incluido en el Plan Normativo Anual de 2022. La ley promulgada por el dictador Francisco Franco hace 53 años todavía no ha sido actualizada a pesar de que el PNV lo ha reclamado en el Congreso hasta en cuatro ocasiones desde 2016, una petición a la que se han sumado la mayoría de los grupos parlamentarios. 

El Ejecutivo también "está abierto a propuestas" para reforzar la confianza en la labor de los servidores públicos del CNI, como reforzar las garantías judiciales, según señaló el propio Sánchez en el Congreso. 

"Problemas de agenda"

"Las agendas son complicadas", repiten durante estos días en el Gobierno para responder a por qué todavía no se ha fijado el encuentro entre Aragonès y Sánchez. Apuntan también a la agenda no solo del líder del Ejecutivo sino a la del dirigente catalán. Todo indica que, salvo sorpresa, no podrá ser al menos hasta después del día 26 de mayo. El próximo jueves Sánchez comparecerá en el Congreso precisamente para explicar todo lo relacionado con el 'caso Pegasus'. La petición la registraron los partidos de la oposición. 

Sánchez viaja a Davos (Suiza) con motivo del Foro Económico Mundial, la semana que viene el lunes y martes, por lo que los huecos son escasos. "Llegará seguro", insisten en Moncloa sobre el encuentro. Entre reproches más o menos velados entre Moncloa y el Govern por fijar el día y la hora de la reunión, Aragonès se refirió al tema este jueves en Bruselas. 

"Estamos dispuestos a, en el momento que se plantee, llevar a cabo una reunión pero lo que buscamos no es una foto sino que necesitamos explicaciones, transparencia, asunción de responsabilidades y garantías de no repetición y este es el objetivo que tiene que haber en esta reunión", dijo. La tensión y la exposición del 'caso Pegasus' se ha rebajado conforme han ido pasando los días, pero aún dista de estar zanjado.