"Hemos hecho lo que tiene que hacer un Estado democrático". Es uno de los mensajes principales que trasladan desde Moncloa tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre el 'caso Pegasus'. Pese a no convencer a los grupos políticos afectados por el espionaje, en el Gobierno se muestran "satisfechos" con el resultado de la jornada. "Ha habido anuncios", remarcan.

El líder del Ejecutivo efectivamente concretó dos medidas. Por un lado, una reforma, sin determinar, de la ley orgánica reguladora del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Por otro, una nueva ley de Secretos Oficiales que sustituya la actual, vigente desde el franquismo. Según las previsiones de Moncloa, esta segunda llegará antes. 

Las intenciones del Gobierno, según fuentes consultadas por Público, son que incluso pueda comenzar a tramitarse durante este período de sesiones. Es decir, antes de que acabe el verano. La ley será nueva, tal y como confirmaron esas fuentes. No supondrá una modificación de la reforma presentada por PNV, uno de los grupos que más hincapié ha hecho en la necesidad de acabar con la ley vigente.

De hecho, recuerdan en Moncloa, esta medida está incluida en el Plan Normativo Anual de 2022. En el documento se menciona como Ley de Información Clasificada y será desarrollada por el Ministerio de Presidencia, que lidera Félix Bolaños. Supone un cambio respecto a los planes iniciales del Gobierno, ya que en su Plan Anual de 2020 se establecía que sería el Ministerio de Defensa quien lideraría el proyecto. Para 2021 se eliminó la referencia. 

El bloqueo de esta reforma impide, entre otras cuestiones, conocer datos relevantes de nuestra historia como sobre el 23-F o sucesos ocurridos en la Transición como el asesinato de García Caparrós, entre otros. También sirve para ocultar asuntos del presente, especialmente relacionados con la venta de armas, como ha informado este medio en varias ocasiones.  

El Gobierno todavía no ha avanzado ningún detalle más sobre cómo será la reforma que pretende, más allá de que esté lista "cuanto antes". "Lo importante es que se ha mostrado la voluntad política", afirman fuentes gubernamentales. Es la misma respuesta dada sobre el otro anuncio de Sánchez. En este caso, la reforma de la ley que regula el CNI tendrá "otros plazos". 

Se da la circunstancia que para reformar los servicios de inteligencia tendrá que hacerse mediante una mayoría cualificada de dos tercios de la cámara. Es lo que requiere modificar cualquier ley orgánica. Es decir, el Gobierno tendrá que buscar el apoyo de partidos instalados habitualmente en la oposición constante como el PP o Vox. 

De lo que sí están convencidos en Moncloa es que de la nueva ley sobre el CNI "va a servir para mejorar la calidad de las instituciones democráticas". Para el Gobierno, los anuncios son "un paso más" que deberían servir para zanjar la crisis creada tras el estallido del 'caso Pegasus". 

En el horizonte sigue pendiente además una reunión entre Sánchez y el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. El Ejecutivo destaca que "no se ha roto la interlocución" en todo este tiempo pese a reconocer que ERC y el Govern "están dolidos" por lo sucedido. La reunión sigue sin fecha y el mensaje oficial es que se están "cuadrando agendas". La cercanía de las elecciones andaluzas complica el calendario. 

En definitiva, en Moncloa están convencidos de que las acciones emprendidas desde el comienzo de la crisis han sido "útiles". "No se hacen escuchas ilegales", reiteran en el Gobierno de Sánchez. En este sentido, recalcan que el "diálogo y la negociación" es el único camino a seguir en este y otras cuestiones que afectan al conflicto con Catalunya. 

"Hemos puesto al PP frente al espejo"

El Gobierno ha querido transmitir también otro mensaje después de la comparecencia de Sánchez. "El presidente ha puesto al PP frente al espejo", destacan. "Con el PP, a la corrupción financiera, como el caso Gürtel, y a la corrupción política, como el caso Kitchen, se suma otra corrupción: la corrupción democrática, no aceptar el resultado de las urnas y descalificar como ilegítimo cualquier Gobierno que no sea el suyo. Frente a esa actitud, frente a la corrupción del PP, el Gobierno lleva cuatro años trabajando por la regeneración democrática", destacan fuentes de Moncloa. 

En este sentido, apunta directamente al presidente de los populares, Alberto Nuñez Feijóo, al que afean no estar este jueves en el Congreso pese a que su condición de senador le hubiera permitido la asistencia al hemiciclo. "Podía haber estado y no ha querido. Hoy era un día para estar aquí", reflexionan desde el Gobierno. También apuntan a que muchos diputados del PP no han estado presentes durante la jornada. "Sabían que el debate no les beneficiaba", afirman en Moncloa. 

Las relaciones entre PP y PSOE, pese a que los populares salvaron la Ley Audiovisual con su abstención, no pasan por su mejor momento pese a las muestras de intentar acercar posiciones mostrada hace unas semanas. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), único compromiso adquirido en la reunión entre Sánchez y Feijóo, está completamente paralizada al menos hasta que pasen las elecciones en Andalucía. Una cita electoral que ambos partidos ya tienen entre ceja y ceja.