En uno de sus poemas más célebres, Historia de un amor, Cristina Peri Rossi escribe: "Para que yo pudiera amarte los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga/ Para que yo pudiera amarte Marx tuvo que escribir El Capital y Neruda, la Oda a Leningrado/ Para que yo pudiera amarte en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York". Todo eso y algo más ha tenido que pasar también para que un líder del Partido Socialista de Catalunya (PSC) sea el candidato a la investidura de la Generalitat catorce años después de que Artus Mas (Convergencia) sucediera a José Montilla.

Tras más de una década de monopolio político del independentismo, la investidura de Salvador Illa es para la izquierda el símbolo del fin del procés. Y por eso Pedro Sánchez ha puesto en ella todo su empeño: porque el fin del procés será, a su vez, su efigie. Pero, para entender el camino hasta aquí, y el porqué de la fuerza de esta imagen, hay que remontarse más de una década atrás.

El km 0 del 'procés'

En el año 2010, el Tribunal Constitucional resolvió el recurso presentado por el Partido Popular contra el Estatut de Catalunya de 2006: avaló una mayoría del texto, pero recortó las partes más simbólicas como la definición de la comunidad como nación. La sentencia cayó como un jarro de agua fría entre partidos y sociedad civil, pero fue la semilla del conflicto territorial que marcaría los próximos diez años en todo el país. "La sentencia fue un desastre, pero al mismo tiempo abrió una oportunidad", dijo Artur Mas en el 2020 en declaraciones para La Vanguardia.

Una semana después de la resolución del TC, un millón y medio de personas se reunieron en Barcelona secundando la llamada que, bajo el lema "Somos una nación. Nosotros decidimos", convocó Òmnium Cultural —una entidad que, junto con ANC, se erigió desde entonces en el gran catalizador del soberanismo en las calles— con el apoyo de todos los partidos del arco parlamentario salvo el PPC y C, y otras 1.600 organizaciones. El presidente del Gobierno era entonces José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero a quien visitaría Mas, como president de la Generalitat, dos años después en el Palacio de La Moncloa para exigir un "pacto fiscal" para Catalunya sería a Mariano Rajoy. "Me he encontrado con un dique. Hemos perdido una ocasión histórica para mejorar las relaciones entre Catalunya y España", dijo al término de la reunión, que se celebró el 20 de septiembre de 2012. Ahí despegó el procés. Una semana después convocó elecciones y, aunque Convergencia i Unió (CiU) —su partido— perdió apoyo con respecto a 2010, Esquerra Republicana de Catalunya adelantó al PSC como segunda fuerza y el independentismo medró en el Parlament.

Catarata de movimientos e indolencia del Gobierno

A partir de ahí los acontecimientos se sucedieron ante la indolencia del Gobierno de Rajoy, una autocrítica que sale de las filas del PP: en enero de 2013 el Parlament aprueba una declaración de soberanía para Catalunya y a finales de ese año Mas anuncia una consulta soberanista. Se celebrará el 9 de noviembre de 2014 y la pregunta fue: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado?' Y si es así, ¿independiente?". Durante los once meses que duró la campaña independentista para aquella consulta, Rajoy se dedicó a garantizar que no se celebraría. Pero lo hizo —igual que lo haría el referéndum ilegal el 1 de octubre tres años después—. Se impuso por una amplísima mayoría el 'sí', pero aquella votación estuvo marcada por la baja participación y fue despreciada por el Gobierno central.

Por contra, el independentismo se sentía fuerte y estaba unido para llevar el proceso soberanista "hasta el final, hasta ganar". Fue así como Mas anunció un nuevo adelanto de las elecciones catalanas para septiembre de 2015 en los que se produciría un hecho histórico: Convergència y ERC, liderado este por Oriol Junqueras, concurrirían juntos bajo la marca Junts pel Sí. Se quedaron a seis escaños de la mayoría absoluta, pero los diez diputados de la CUP se sumaban a su bloque con una condición, que Mas no vuelva a ser president. Tras dos investiduras fallidas, en enero de 2016 Carles Puigdemont toma los mandos de la Generalitat.

Los dos próximos años son convulsos; están marcados por el enfrentamiento total del Govern con las instituciones del Estado y, sobre todo, por la preparación del referéndum de autodeterminación del 1O. ¿Fue imparable? ¿Cómo no se encontraron las urnas con las que abrirían los colegios electorales a primera hora? ¿Por qué cargó la Policía contra los votantes?

La “represión” de Rajoy

Son de esas preguntas que no tienen respuesta. Ganó la independencia y el Govern asumió con pasión aquel resultado: el 27 de octubre el Parlament vota la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Es el culmen del procés, lo que habían soñado. Pero inmediatamente Rajoy aprueba, a través del Senado y con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, la aplicación del artículo 155, interviniendo la autonomía de Catalunya.

Menos de una semana después la Audiencia Nacional dictó una orden de encarcelamiento para los nueve exmiembros de la Generalitat acusados de un delito de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Entre ellos, Junqueras. Puigdemont, que había tenido el objetivo de que el núcleo del Govern del 2017 se trasladara a Bruselas para mantener el pulso político con el Estado, siguió su propia estrategia y se exilió. Quim Torra ocupó su puesto como president de la Generalitat.

Pero la actuación del Gobierno de Rajoy durante aquellos meses persigue al PP todavía ahora. Las escenas de violencia desproporcionada contra personas que depositaban papeletas en urnas el 1O puso el foco internacional sobre España. Tanto la ONU como Amnistía Internacional mostraron su preocupación y pidieron investigar los hechos. Además, el 155 blando que había acordado con el PSOE, se convirtió en un 155 duro, ampliando su interpretación.

"En Catalunya cometimos errores y debimos actuar con anterioridad", ha reconocido el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. La "represión" del Estado que denunció el independentismo movilizó a la sociedad catalana y dio alas al soberanismo. 

Los giros de Sánchez en pro de la "convivencia"

Rajoy dejó definitivamente la presidencia del Gobierno después de una moción de censura en junio de 2018, con Junqueras y otros líderes independentistas en la cárcel y Puigdemont en el exilio. Pedro Sánchez se convierte en presidente del Gobierno y en 2019, tras dos elecciones generales, se asienta en La Moncloa y conforma un Ejecutivo en el que nombrará al 'número dos' del PSC ministro de Sanidad. Sánchez tenía un objetivo, arreglar el conflicto catalán, y el titular de la cartera de Sanidad iba a ser la pieza clave. Illa fue el gran protagonista de la primera parte de la legislatura, pero no por su papel de bisagra con Catalunya, sino porque la pandemia de la Covid-19 le puso a prueba.

En enero de 2021, en plena tercera ola de la pandemia, dejó el Gobierno y sus competencias en Sanidad para ser el candidato a las elecciones catalanas del 14 de febrero. Ganó, pero el bloque independentista llegó a un acuerdo y Pere Aragonès fue elegido presidente de la Generalitat.

Pocos meses después, con la pandemia bajo control, Sánchez empezó a dar los primeros pasos de la que será la hoja de ruta más arriesgada de su presidencia. Anunció que habría indultos a los líderes del procés: "La decisión que tomaremos será una que abra una nueva etapa y deje atrás un mal pasado que creo que no enorgullece a nadie que gobernaba en las instituciones y abrir un futuro en convivencia".

En 2021 hubo indultos y Junqueras, entre otros, salió de prisión. En 2024 llegaría la ley de amnistía y también una financiación singular para Catalunya a cambio de un Govern no independentista después de más de una década de conflicto soberanista. Según la última encuesta del CEO, el 'no' a la independencia de Catalunya bate récord y alcanza la mayor ventaja histórica sobre el 'sí'.

¿Y ahora?

Para el PSOE es el fin del procés. Para la derecha, Illa es otro "independentista". Y para el independentismo, depende. ERC atraviesa un delicado momento interno y, aunque lo ha sudado, ha conseguido el apoyo de la militancia para pactar con el PSC y poder vender que han sido quienes han logrado lo que Mas no logró en 2012 con Rajoy: un pacto fiscal. De facto, ellos ya han cerrado el procés. Ni mucho menos Junts, que ha guardado su último truco para este jueves. Tras siete años en el exilio, Puigdemont volverá para intentar reventar la investidura de Illa y revolver las aguas independentistas que quedan. La CUP y ANC también rechazan un acuerdo que parece imparable: un socialista volverá a presidir una Catalunya no independiente.