El Tribunal Superior de Justicia de Madrid pide que se certifique el aforamiento de Monasterio por sus presuntos delitos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha elevado un suplicatorio a la Asamblea de Madrid para que certifique la condición de aforada de la portavoz de Vox en la Cámara regional, Rocío Monasterio, en relación a la querella de la Fiscalía de Madrid por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en un visado del Colegio de Aparejadores, confirman fuentes jurídicas. 

El escrito se presenta después de que el pasado 8 de junio la Asamblea de Madrid quedara constituida tras las elecciones del 4 de mayo. Una vez se certifique el aforamiento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidirá sobre la admisión o no de la querella. El hecho de que se acredite su condición de parlamentaria autonómica le da el aforamiento para que el caso se siga en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no en un juzgado ordinario.

La querella se interpuso por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en el marco de la investigación abierta a raíz de dos denuncias cursadas contra la portavoz de Vox en la Asamblea por presunta falsedad documental y estafa. Aparte de la denuncia que cursó Más Madrid a principios de año, se presentó otra por los mismos hechos y delitos presentada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y que se ha acumulado al procedimiento.

La presidenta de Vox en Madrid es aforada en su condición de diputada autonómica

Más Madrid denunció la supuesta "falsificación" de un visado del Colegio de Aparejadores en 2005 para los planos de las obras de reforma de un loft del presentador Arturo Valls, el único caso de supuestas "irregularidades" que no estaría prescrito.

Según publicó El País, la líder de Vox en Madrid utilizó un visado del Colegio de Aparejadores en los planos de obra del loft del actor, presentador y cómico Arturo Valls en 2005 y, al parecer, seguiría usando ese sello en más trámites hasta 2016. En la denuncia de Más Madrid se detallaba que era un proyecto de reforma del año 2005 en el que una aparejadora que trabajaba en el estudio de Monasterio solicitó un visado en el Colegio de Aparejadores de Madrid, visado obtenido de manera legal y conforme al procedimiento.

"Posteriormente en el año 2011 y en el 2016 la señora Monasterio solicitó una licencia fotocopiando la etiqueta que había recibido la aparejadora en el año 2005, adjuntándola a la cartela de su estudio y aplicándola a un proyecto absolutamente diferente", exponen en el texto. "Si se hubiera limitado a un hecho de 2011 estaría prescrito como delito, pero reiteraron la solicitud en el año 2016, y este tipo de delitos de falsedad documental prescriben a los cinco años".