La ley de vivienda vuelve a colocar al PSOE frente a sus aliados en el Congreso

La ley de vivienda fue una verdadero quebradero de cabeza para los partidos que sostienen el Gobierno de coalición. Tras un año de tensas negociaciones, PSOE y Unidas Podemos lograron sacar adelante el pasado 26 de octubre un anteproyecto que pasó después al periodo de información pública.

Según fuentes del Ejecutivo, se prevé que el texto pactado por el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales vuelva por segunda vez al Consejo de Ministros el 21 de diciembre para poder así iniciar su tramitación parlamentaria, donde los partidos que sostienen la coalición serán de nuevo imprescindibles para su aprobación.

Precisamente, ante el bloqueo del texto en el seno del Gobierno, Unidas Podemos y otros socios habituales del Ejecutivo, como ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias, además de Junts y la CUP, registraron a finales de septiembre en el Congreso una Ley de garantía del Derecho a la Vivienda elaborada por los sindicatos y colectivos del ramo.

El objetivo era elevar la presión sobre el PSOE en este asunto ante sus resistencias para intervenir los precios. Y lo cierto es que, pese al posterior texto aprobado en el seno del Gobierno, el movimiento por el derecho a la vivienda mostró su disconformidad hacia el anteproyecto de ley al considerar que sus medidas son "altamente insuficientes". 

Por ello, los mismos grupos que firmaron la propuesta de las organizaciones sociales de la plataforma Iniciativa Ley Vivienda defenderán en el Pleno de este martes la toma en consideración del texto legislativo para "complementar" el proyecto de ley del Gobierno, obligando al PSOE a "elegir si ponerse del lado de las personas y del derecho a la vivienda, o bien, seguir el legado del PP y legislar para los desahuciadores, los responsables de la burbuja inmobiliaria: bancos y fondos de inversión", según señalan desde este movimiento.

Principales discrepancias con la ley del Gobierno

"La ley del Gobierno no cumple con las expectativas que la ciudadanía tiene. Hemos intentado contactar con el PSOE, el ala del Gobierno que más trabas pone, y no nos han dicho nada", lamenta Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En esta línea, ante la previsión de que el grupo socialista impida su tramitación, votando en contra o absteniéndose, Delgado aclara que votar a favor de la norma del colectivo de la vivienda "no es aceptar el contenido de la ley, sino que permita su tramitación con un respaldo enorme, con entidades y grupos", esto es, "que conviva con la del Gobierno y veamos de qué manera se puede utilizar", apostilla.

Pablo Martínez, portavoz del Sindicato Inquilinas, ahonda en esta idea y pide al PSOE que deje tramitar su propuesta para que la ley estatal sea "más garantista", ya que el texto del Gobierno tal cual está configurado "tiene grandes carencias" de cara a proteger el derecho a la vivienda. 

Estas organizaciones critican que la mayoría de las medidas contempladas quedan mayoritariamente en manos de la voluntad de las comunidades autónomas por lo que, ante el rechazo de la derecha a la norma por tacharla "intervencionista", la ley no se aplicará de la misma forma en los diferentes territorios del Estado, siendo un "arma arrojadiza entre partidos".

En este sentido, impugnan la medida estrella del anteproyecto, la que hace referencia a la regulación de alquileres, por dejarla a la suerte de esa voluntad política y, en los casos en que la Comunidad Autónoma pidiese al Estado aplicar la regulación, aseguran que los municipios lo tendrían "muy difícil" para obtener el permiso dada la dificultad para demostrar que se cumplen los requisitos que se establecen debido a la inexistencia de datos a nivel municipal.

Tampoco entienden que la norma considere gran tenedor a una empresa con más de diez casas en alquiler. "Con cinco viviendas ya puedes especular y tener un peso importante en el mercado", reclama Martínez. Asimismo, rechazan que la norma no obligue a bajar los precios a los propietarios particulares, con independencia del número de casas que posean o que pongan en alquiler.

Cruce de declaraciones en el Gobierno de coalición

Desde la parte morada del Gobierno, cuyo grupo firmó la propuesta de los colectivos y previsiblemente votará a favor de la proposición de ley, según han confirmado a este medio fuentes de la dirección, reconocen que la ley del Ejecutivo es un primer paso y que, por tanto, hay margen de mejora.

Así, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aseguró el pasado viernes que la ley estatal de vivienda puede ir "más allá" de lo fijado en el anteproyecto del Gobierno. "Precisamente la tramitación parlamentaria tiene que servir para mejorar la norma, y llegar a donde no hemos sido capaces de llegar en el Gobierno. Para eso es la tramitación parlamentaria y esta ministra está disponible para negociar y hablar todo lo posible", aseveró. 

Tras estas declaraciones, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, trató de evitar la polémica al señalar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas palabras de Belarra "no son exigencias", sino que "recogen una voluntad compartida". Lo cierto es que este martes, su formación tendrá que pronunciarse en el Congreso y decidir si se suma al consenso generado entre los colectivos sociales y la mayoría progresista en torno a la ley de vivienda.