El Congreso aplaza la reforma de la 'ley mordaza' a después de las elecciones en Castilla y León

La reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, se ha retomado este miércoles en el Congreso. Después de que los grupos acordaran celebrar tres sesiones extraordinarias de la ponencia durante el mes de enero (este mes está fuera del calendario de sesiones) para zanjar su modificación, la primera cita fechada el miércoles pasado tuvo que desconvocarse por los casos de coronavirus directos o de allegados de los diputados.

Este miércoles, las formaciones han reanudado esta cuestión en una convocatoria que ha concluido con la revisión de los 19 primeros artículos de la ley. En este sentido, fuentes de Unidas Podemos destacan que la mayoría de la investidura ha avalado "prácticamente la totalidad" de las enmiendas presentadas por los partidos que sostienen el Gobierno de coalición a estos primeros preceptos del texto del PNV, unas correcciones a las que también se ha sumado Cs "en algunos casos" a pesar de la oposición que ha mantenido a la reforma junto a PP y Vox, según detallan fuentes parlamentarias de la ponencia.

Si bien, a pesar de estos avances, los grupos han acordado aplazar la reunión establecida para la próxima semana al próximo 15 de febrero, es decir, después de las elecciones autonómicas de Castilla y León, que se celebrarán el 13 del mismo mes.

En lo relativo a la identificación de personas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los grupos han avalado que estas diligencias no podrán superar en ningún caso las dos horas "salvo causas excepcionales debidamente justificadas, verificadas y comunicadas a la persona afectada".

Asimismo, se introduce el derecho de la persona conducida a identificación a "ser de vuelta al lugar en el que no pudo ser identificada desde la dependencia policial" cuando para su identificación haya tenido que ser trasladada a una localidad diferente a aquella en la que se le requirió la práctica de la diligencia.

A través de las modificaciones aprobadas este miércoles se garantiza la incorporación de las distintas lenguas cooficiales al Documento Nacional de Identidad y al pasaporte. Asimismo, se ha acordado establecer mecanismos que tengan en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos a la hora de solicitar los documentos de identidad.

En el artículo 13 sobre acreditación de identidad de ciudadanos extranjeros se ha incorporado una salvaguarda para que los extranjeros no pueden ser privados de su documentación de origen salvo en el curso de investigaciones judiciales, añadiéndose la garantía de que solamente pueda hacerse en virtud de la correspondiente resolución judicial.

También, mediante estos cambios, se ha regulado de manera "más garantista" lo relativo a la entrada en domicilios y edificios de organismos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el riesgo para las personas o animales en supuestos de catástrofes, calamidades, ruina inminente y cualquier otro supuesto recogido en la legislación de protección civil.

Y todo ello en un contexto en el que las relaciones del Gobierno con sus socios, principalmente con ERC, no pasan por su mejor momento debido a las tensiones en las negociaciones sobre la reforma laboral, que se someterá a examen en el Congreso en la primera semana de febrero.

Por otro lado, cabe subrayar que todavía quedan por debatir los puntos donde existe mayor fricción entre la propuesta del Gobierno y sus aliados parlamentarios, como las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, el uso de material antidisturbios o la asunción de la veracidad de los testimonios de la Policía.

Con todo, fuentes parlamentarias de la ponencia confían en que después de la reunión pospuesta a febrero, la reforma pase al siguiente trámite parlamentario: el debate y la votación del nuevo texto en la Comisión de Interior. De igual forma, estas fuentes trasladan su preocupación ante un "posible intento del PP y Vox de retrasar la reforma", cuya modificación está pendiente desde que la norma introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy entró en vigor en 2015.