Ha sido la primera jornada del juicio al procés, pero la derecha ha peleado duro por compartir los focos con los procesados, sea el PP o los ultras de Vox. El juicio contra los dirigentes independentistas catalanes arrancaba este martes en el Tribunal Supremo con cuestiones previas. Esto se ha traducido en peticiones de anulación del procedimiento, en duras críticas sobre la supuesta parcialidad de los siete magistrados de la Sala de Lo Penal, sobre la vulneración de varios derechos de los 12 procesados, y en una denuncia generalizada del carácter político de este juicio.

De la descripción de una "causa general contra el independentismo catalán" y la violación de "todos los derechos" que les reconoce "la Constitución", que denuncia la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva, a la petición del letrado de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull a los magistrados para que "hagan de jueces y no de salvadores de la patria", las defensas han empleado varias cargas de profundidad dialécticas, si bien han guardado al máximo las formas.

Junto a sus abogados -Andreu Van den Eynde y Jordi Pina-, el letrado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, representaba el máximo exponente de la estrategia defensiva revestida de acusatoria, siempre impregnada de tintes políticos: “Se ha utilizado el proceso penal para frenar un proceso político como es el referéndum de autodeterminación”; “Este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española”, apuntaba Salellas.

Y, aunque la sede del Supremo -blindada por la Policía para la ocasión- está en el centro de Madrid, la silueta de Estrasburgo (Francia), cuartel general del Tribunal de Derechos Humanos de la UE, cada vez se divisa con mayor nitidez en el horizonte. Así lo han reflejado los discursos de los 11 abogados que hoy han tomado la palabra por los 12 procesados en la causa-sólo Van den Eynde ha hecho doblete, representando en un turno extendido a dos de ellos-.

De hecho, aunque compartan líneas de actuación comunes, en el arranque del juicio se ha vuelto a poner de manifiesto que algunas defensas lo fían casi todo a Europa -se exponen a peticiones de hasta 25 años de cárcel por parte de la Fiscalía, en el caso de Junqueras-, y de ahí las constantes alusiones a Estrasburgo en sus discursos. 

El culmen de estas diferencias quedaba reflejado en el discurso del letrado de Joaquim Forn, Xavier Melero: "Esto es un juicio penal como una estafa o una alcoholemia", afirmaba, marcando su propio espacio.

Por su parte, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, prometió al arranque de la sesión ser “generoso” en “la administración de los tiempos”, y ha cumplido: sólo una vez, en torno a las 17.30 horas, se ha permitido pedir mayor brevedad en las intervenciones, pese a la larga duración de esta jornada. Su arranque estaba previsto para las 10.00, ha empezado con un ligero retraso y ha terminado pasadas las 18.40 horas.

No obstante, mucho antes de que el Tribunal abriera sus puertas ya había un gran número de personas aguardando, deseosas de ocupar alguna de las 50 plazas reservadas para el público, muy cerca de los más de 600 periodistas acreditados para la cobertura del juicio. 

Ante esas mismas puertas, y paralelamente en Catalunya, distintas movilizaciones han arropado a los políticos presos en su esperada reaparición por plasma, tras meses en la cárcel en régimen preventivo. Junqueras y Los Jordis ya han pasado la barrera del año y cuatro meses en la cárcel, a la espera de juicio, y hoy parte de sus familiares han podido seguir el proceso desde la sala, separados de ellos por escasos metros.

Además, en una jornada en la que no ha faltado una protesta de funcionarios de prisiones, e incluso un ataque informático a la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ofrecía la retransmisión de la sesión en directo, las proclamas de simpatizantes de los ultraderechistas estaban casi garantizadas.

PP y Vox, pretendidas némesis de los independentistas

Por otro lado, entre el público de la sala había simpatizantes de Vox, y alguno de ellos ha increpado al president de la Generalitat, Quim Torra, dentro del edificio-le han llamado “golpista”-. Era la misma palabra que empleaban un par de personas a las puertas del Supremo, a la llegada del president.

"Golpista" es el término que utilizan repetidamente para referirse a los dirigentes independentistas -procesados o no- el líder de Vox, Santiago Abascal, y su número dos, Javier Ortega Smith, que además simultanea esta función con su trabajo como uno de los dos letrados de la formación ultra en la causa. Ambos han hecho declaraciones antes y después del juicio, mientras otro par de simpatizantes coreaban gritos de ánimo. 

Sorprendentemente, el PP también ha bajado al barro para intentar venderse como la némesis de los independentistas, entrando en el cuerpo a cuerpo con Vox. Mientras, en el interior del Supremo, las defensas censuraban polémicas declaraciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra los independentistas, desde la cuenta oficial del PP en Twitter reeditaban la estrategia de Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno que llegó a asegurar que el PP había “descabezado” a los independentistas.

“El PP no da ruedas de prensa en las puertas del Tribunal Supremo, el PP actúa. Fuimos nosotros quienes destituimos al Gobierno de la Generalitat, intervinimos las cuentas en Cataluña y les llevamos ante el Supremo. Ahora es el tiempo de la justicia y la Constitución”, presumían en Twitter.

Poco después, desde el partido con el que el PP compartió la concentración del domingo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez -sostenida por un manifiesto con mentiras, y en la que participaron también Ciudadanos, Falange, España 2000 u Hogar Social-, volvían a disputarle a la formación de Pablo Casado la bandera de la lucha contra los soberanistas.

"Se están colgando una medalla que no les corresponde"; "Hicieron lo posible por negociar con los golpistas", respondía al PP Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox, a las puertas del Supremo. Los ultraderechistas ven el juicio como un impagable altavoz electoral con el que el PP no cuenta, y la pugna por ver quién golpea con más dureza a los independentistas cobra fuerza día a día, sin ningún disimulo.

Este miércoles es el turno de palabra de las tres acusaciones, también de Vox, si bien no se descarta que incluso pueda comenzar la declaración de Junqueras. Si se cumplen los apretadísimos plazos del Supremo -sólo los testigos son más de 500- el proceso concluirá en tres meses, antes de las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo. La influencia del juicio en la arena política es evidente, y la última prueba llegaba con las referencias al procés en el debate en el Congreso de los Diputados de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, también este martes.

De Puigdemont al rey: el protagonismo de los ausentes

Por otra parte, la presencia de los 9 presos provisionales tras meses alejados de las cámaras, así como la anunciada aparición de Torra, acompañado por el vicepresident del Govern y el president del Parlament, Pere Aragonés y Roger Torrent, en absoluto ha logrado restar protagonismo de otros actores, algunos situados a miles de kilómetros del Supremo.

Es el caso del expresident Carles Puigdemont, convertido en la cara internacional del procés, y que hoy se ha permitido pedir a los procesados, desde Berlín, que sean “fuertes” y estén “orgullosos del ejemplo” que están dando. Dado que ha sido declarado en rebeldía, su comparecencia como testigo ha sido rechazada, si bien Pina ha vuelto a reclamarla hoy -debería producirse por medios telemáticos-, sin dejar de remarcar la “incomodidad” que puede acarrear su comparecencia para el Alto Tribunal.

Otro de los nombres más repetidos por las defensas ha sido el del teniente coronel Daniel Baena, jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Catalunya, cuya comparecencia como testigo también ha sido rechazada por el Tribunal. No obstante, el grueso de las defensas han insistido en la importancia de que declare, habida cuenta de su responsabilidad en las investigaciones. Este diario informó de que Baena se oculta tras el pseudónimo Tácito en la red social Twitter, de la que se sirve para verter críticas contra los independentistas a los que ha investigado.

"No se pretende enjuiciar al teniente coronel, si no poner en duda su credibilidad". "Ha firmado nada más y nada menos que 35 atestados y diligencias [sobre la causa]", apostillaba la letrada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Judith Gené.

En última instancia, Pina ha vuelto a pedir que testifique el rey, Felipe VI, al entender que el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite eximirle de hacerlo -como esgrime el Tribunal-, pero no lo prohíbe. "El Tribunal debería exponerle a su majestad el rey" esta opción de comparecer, decía. "No quiero importunar a su majestad, válgame Dios, no es mi propósito".

Curiosamente, también se mencionaba a Dios en la primera intervención, cuando Van den Eynde denunció la vulneración del derecho de culto de su defendido: "A Junqueras ni le dejaban ir a misa en la prisión".