Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional que investiga la guerra sucia contra Podemos por parte de la cúpula del Ministerio del Interior durante la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, sigue dando pasos para esclarecer lo ocurrido: según informa eldiario.es, Pedraz ha citado el próximo 11 de julio al comisario jubilado Emilio Baos, el que fuera máximo responsable en la Policía de Extranjería y Documentación hasta 2016, para que explique "la concesión de la residencia a un ciudadano venezolano que ha reconocido estar detrás del bulo que atribuyó a Pablo Iglesias la titularidad de una cuenta bancaria en un banco de Granadinas".

Los hechos investigados arrancan con la publicación en  mayo de 2016 de una información falsa por parte del pseudomedio dirigido por Eduardo Inda que aseguraba que Pablo Iglesias, entonces secretario general de Podemos, había recibido 272.000 euros del Gobierno de Venezuela en el paraíso fiscal de Granadinas. Pese a que el mismo día de la publicación de esa noticia el banco en el que supuestamente estaba domiciliada la cuenta de Iglesias desmintió la información, y aseguró que Iglesias jamás había tenido una cuenta en esa entidad financiera, el pseudomedio de Inda no rectificó la información.

El bulo se sustentaba en documentos que supuestamente procedían del "Servicio Cubano G2 y del Gobierno Bolivariano de Venezuela" y que según Inda eran "auténticos y veraces". Esos documentos fueron entregados por el ciudadano venezolano Carlos Alberto Arias a la Policía española y esta se los filtró a Eduardo Inda, según ha reconocido el propio Arias.

La información de eldiario.es asegura que ya antes de que fuera publicado el bulo, Francisco Martínez, el número dos de Interior,  ya había firmado el permiso de residencia de Carlos Alberto Arias "por razones excepcionales". Martínez apreció "razones de colaboración con las autoridades policiales" para conceder el permiso de residencia por un año al confidente venezolano.

La publicación de este bulo se produjo apenas cinco semanas antes de las elecciones de junio de 2016 y formaba parte de la guerra sucia lanzada desde el Ministerio del Interior entre 2015 y 2016, en los que en varias ocasiones se informó sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos y el enriquecimiento ilícito de sus principales dirigentes.

El objetivo principal de esa guerra sucia era crear falsas acusaciones y su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modo de operar, indica la querella, se concretó en ocho casos, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.

El juez Pedraz admitió el pasado mes de febrero parcialmente la querella que interpuso Podemos contra altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy por las investigaciones irregulares y el uso de las cloacas del Estado contra el partido morado. Pedraz dejó fuera de la misma al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al no ver indicios suficientes contra él. El juez sí investiga, en cambio, al antiguo número dos de Interior aquellos años en los que gobernaba el PP, Francisco Martínez, y al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, entre otros.