El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca imputa al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, a su gerente, Isabel Sánchez, y al propio partido –como persona jurídica– como supuestos autores de financiación ilegal tras haber organizado las primarias de 2017 que desembocaron en la elección como candidato del PP del actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Los investigados tendrán que declarar ante el juez el próximo 30 de diciembre.

El juez ve indicios de financiación ilegal en las donaciones anónimas que sirvieron para pagar cuotas atrasadas de afiliados del PP, de forma que pudieran participar en las primarias. Si un afiliado no estaba al corriente de pago no podía participar en ese proceso electoral. 

El auto judicial recuerda que fue Javier Iglesias,  en su condición de presidente del PP salmantino, el que ordenó la actualización de las cuotas de afiliados para que pudieran participar en el proceso, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2016 figuraban como "morosos" 4.913 de los mismos.

Desde el cierre del ejercicio 2016 al 17 de marzo de 2017, fecha en la que concluía el plazo para saldar esa deuda y poder participar efectivamente en las votaciones de las primarias, se amortizó una deuda de 61.937 euros, aunque los pagos se realizaron a través de diversos procedimientos.

En concreto, gran parte de esa cantidad, 41.490 euros fueron aportados por cargos electos, personal de confianza y afiliados del PP que "colaboraron voluntariamente en el pago de las cuotas de afiliados morosos". Según la denuncia anónima que puso en marcha el proceso, desde el PP se pedían entre 300 y 500 euros a cargos y asesores del partido para pagar cuotas atrasadas de afiliados que necesitaban regularizar estos pagos para participar en las primarias de Castilla y León. De esos 41.490 euros, 17.350 fueron realizados "en efectivo" junto a "declaraciones juradas". "Lo que queda sin justificar la suma de 24.140 euros que ha de calificarse como donación anónima ilegal", según consta en el auto.

La Ley de Financiación de los Partidos Políticos prevé que las formaciones políticas no podrán aceptar directa o indirectamente donaciones anónimas, además de otros casos que limita la norma.

Ante este auto, las partes pueden presentar en el plazo de tres días un recurso de reforma ante el mismo juzgado o un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Salamanca, para lo que tendrían un plazo superior, de cinco días.