La investigación por la supuesta paliza que recibió un interno en el centro penitenciario Madrid VII, en la localidad de Estremera, el 9 de septiembre de 2020, arranca de cero, después de que la semana pasada, al iniciarse el juicio contra los siete funcionarios implicados, la fiscal instase la transformación del proceso por delitos leves --antes se denominaban faltas-- en diligencias previas de investigación penal. Así, los siete trabajadores abandonaron el Juzgado de Instrucción número uno de Arganda del Rey sin ser juzgados.

La denuncia se produjo por parte de la dirección del centro penitenciario a instancias del interno, que se quejaba de haber recibido una paliza por parte de los funcionarios. Un examen médico dio cuenta de que el interno presentaba hematomas en los glúteos, en una pierna y en las plantas de los pies. La prisión inició una investigación interna contra siete funcionarios, a los que Instituciones Penitenciarias abrió un expediente, "que está a la espera de la resolución del juzgado", indican fuentes de Instituciones Penitenciarias a Público.

La decisión de la Fiscalía de solicitar la incoación de diligencias previas no significa que acabe acusando a los funcionarios de infligir malos tratos al interno, según cree la defensa de los funcionarios. "Solicitamos la documentación necesaria a Instituciones Penitenciarias para acreditar el historial del interno -- explica Antonio Suárez Valdés, abogado de los funcionarios de Prisiones-- . Constan 21 incidentes de este interno, entre agresiones a otros internos y a funcionarios. También constan posibles enfermedades psiquiátricas en las que este hombre ha necesitado sujeción mecánica, por ejemplo". Aún se desconocen los presuntos delitos por los que podrían ser acusados por parte de la Fiscalía estos funcionarios.

Este abogado cree que la fiscal, ante esta "ingente" documentación aportada al proceso, "consideró que debía solicitar nuevas diligencias de investigación", dice Suárez Valdés, que asegura que puede demostrar que sus clientes "cumplieron con su deber". El interno hasta este momento no cuenta con abogado defensor.

El detonante de este episodio fue el requerimiento por parte de un funcionario al interno sobre un televisor que había en su celda. Ante la imposibilidad de demostrar que era suyo, el funcionario lo retiró debido a la sospecha de que el aparato hubiera sido sustraído a otro recluso. Según la versión de los trabajadores, aproximadamente una hora después el interno se dirigió a la cabina de los funcionarios y comenzó a golpear los cristales en actitud agresiva. Entonces varios trabajadores lo trasladaron al cuarto de cacheo donde lo redujeron, ante la oposición del interno. 

Una vez esposado, el interno en cuestión fue trasladado a una celda de aislamiento, pero antes fue sometido a un reconocimiento médico, donde el facultativo detectó pequeños arañazos en las muñecas y en la frente. Al día siguiente, según la versión del centro penitenciario, el interno, al abandonar el aislamiento, presentaba una cojera y alegó haber recibió una paliza en el cuarto de cacheo en día anterior. Aunque el parte médico previo al ingreso en la celda de aislamiento no detectó las lesiones que después otro examen médico sí constató.

El Consejo de Europa investigó el caso

Se da la casualidad que días después del incidente, una delegación del Comité para la Prevención de la Tortura, organismo dependiente del Consejo de Europa, inició su octava gira por España, visitando varias comisarias y prisiones españolas para evaluar el estado de los internos y de las personas detenidas, y fue informada del suceso en su inspección en la prisión de Estremera. Miembros del comité pudieron entrevistarse con el interno, que volvió a ser examinado por un forense. Las conclusiones de este organismo internacional sobre este caso formarán parte del informe sobre su visita a España, que probablemente se publique después del verano, según ha podido saber este medio. 

La prisión de Estremera es una de las cinco cárceles españolas que más quejas recibe cada año por supuestos malos tratos a los internos por parte de los funcionarios. En una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ministerio del Interior aseguraba haber abierto en los últimos cinco años en esta prisión madrileña 41 procedimientos por malos tratos.